Moisés Sánchez Limón
¿Por qué senadores y diputados federales priistas asumen el costo político de haber avalado una propuesta panista que los metió en el embrollo de la Ley 3de3 que la semana próxima tendrán que enmendar, en acatamiento de la orden presidencial?
Sin duda el senador Emilio Gamboa Patrón blofea con aquello de que no se dio cuenta del momento en que, en la discusión en lo particular de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, un grupo de senadores del PAN incluyó, en el artículo 32 reservado para su discusión, incisos con la pésima idea de meter en el mismo saco a empresarios multimillonarios que hacen negocios multimillonarios con el gobierno, en sus tres niveles, con beneficiarios de programas sociales, es decir, mexicanos pobres y en extrema pobreza, para entregar y hacer pública su situación patrimonial.
Gamboa como César Camacho Quiroz, coordinador éste de los diputados federales del PRI, amén de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, no son políticos de cuño irresponsable que, en esa tesitura, atiendan asuntos de la naturaleza e influencia y peso político-social como el de la referida ley que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los dos corrieron con el costo político y personal, en esto de la fama publica cuando el primero dijo que no se dio cuenta de ese gol albiazul que llevó a los capitanes de empresa y socios en negocios con políticos de las grandes ligas, a solicitar audiencia con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y que éste les abriera el principal despacho de la residencia oficial de Los Pinos, para que el presidente Peña Nieto los recibiera y atendiera su solicitud de dar marcha atrás, mediante el veto presidencial (observaciones en estricto rigor legal), a aquel despropósito legislativo.
¿Se durmió Gamboa? ¿Fue débil la voz de Camacho cuando avistó aquel despropósito hace dos viernes? Por supuesto que no. No son bisoños políticos de las ligas menores y, a reserva de que alguien con conocimiento de causa lo desmienta, ambos no asumen una postura de suyo delicada en materia legislativa sin consultar al Presidente de la República, es decir, su jefe y el jefe nato del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguna objeción?
Y es que, mire usted, ayer en Guadalajara, Jalisco, Camacho Quiroz asumió una especie de acto de contrición cuando, en la conferencia de prensa ofrecida luego de la firma del convenio de colaboración entre el Congreso del estado de Jalisco y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y aludió a la disciplina priista.
“Me da mucho gusto venir a Jalisco –dijo– donde hay una actividad política intensa, donde el pluralismo llegó para quedarse y donde las y los representantes populares de origen priista, tenemos claro el papel que debemos jugar en la toma de decisiones que es crecientemente difícil conseguirla, pero cuando se obtiene, no sólo nos provoca satisfacción partidaria, personal, grupal, sino encontramos que está más que justificada la tarea de representación ante los ojos, ante el escrutinio de todos los jaliscienses.
Y, cuando le preguntaron acerca del Sistema Nacional Anticorrupción y el Periodo Extraordinario de Sesiones, que en realidad será un solo día, el miércoles de la semana próxima, se refirió a la decisión presidencial respecto de aquel despropósito senatorial que avaló la prisa de los diputados tricolores.
Explicó que el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución, formuló observaciones que se conoce como derecho de veto, en materia del Artículo 32 incisos B y C, y artículos adyacentes, en total diez que tienen que ver con la obligación central consignada en dicho artículo y los incisos B y C.
Lo interesante del caso y que evidencia un singular plan con maña que abrió un innecesario flanco problemático al presidente Peña Nieto, porque al final es de su competencia solucionarlo, es que Camacho explicó que “no es posible, jurídicamente hablando, ampliar la discusión a otros apartados de ley alguna. De modo que el Senado el martes (5) se reunirá para conocer las observaciones y pronunciarse”.
Los diputados, en esa ruta, votarán al día siguiente a favor de la minuta que envíe el Senado, sin discusión y en un solo sentido, que ayer adelantó Camacho Quiroz. A saber:
“(…) sólo hay dos vías, dos posibilidades: si se quiere remontar el veto y dejar que la ley se quede como está, se necesita una mayoría calificada de dos terceras partes, es decir, como si fuera modificación constitucional. La otra opción es allanarse a las observaciones, es decir, estar de acuerdo con ellas.
“Les puedo adelantar que la posición de la bancada de la que formo parte en ambas cámaras será el allanamiento. Nosotros creemos que es ajustada a derecho, que es lógica, que es razonable la postura del presidente de la República, incluso quiero recordarles que la mañana del viernes, último día del periodo extraordinario, nuestra bancada adelantó cambios a estas disposiciones jurídicas, después de advertir que el texto como venía de Cámara de Senadores era, por su ambigüedad, difícil de aplicar”.
¿Plan con maña y con qué objetivo? Estaba preparado este escenario de los disensos, solo lea usted lo que, el día de la votación pensaba Camacho y ayer confió:
“(…) parecía comprender a sujetos obligados, que no debían, como los beneficiarios de los programas sociales o quienes reciben becas, es decir, por el cúmulo inmenso de los obligados de acuerdo a esa redacción haría inoperante la ejecución de esas disposiciones. He hecho pública la comunicación que mantuve, la noche anterior a ese día, y la mañana de ese día, con el Consejo Coordinador Empresarial. O sea, nunca perdimos comunicación con ellos y, siempre, admitimos que había posibilidades de mejorar la redacción”.
¿Y? Bueno, en esta especie de acto de contrición, el coordinador de los diputados federales del PRI refirió que “el presidente propone no cambiar la redacción, sino eliminar los incisos B y C, aunque nosotros creemos que es posible, es correcto, es procedente, que los empresarios que prestan servicios al Estado, que son contratistas de obra pública, que son concesionarios del Estado, tendrán que aumentar la información con la que cuenta el Estado para checar, el aumento de su patrimonio y que todos los procesos que generan recursos son legales” Pues sí, pero la orden presidencial es la orden presidencial y la disciplina priista es la disciplina.
Un reportero, no obstante, insistió:
— A raíz de la discusión de 3de3 y temas como matrimonios igualitarios algunos manejan versiones de que no todos los diputados del PRI le están respondiendo ya a lo que propone el presidente, que hay algunos grupos en resistencia o en rebelión, ¿existen esos grupos al interior de la fracción del PRI?
–Un asunto de disciplina, ¿no? …
–Por eso, claro que sí –acotó Camacho–. Y gracias a la disciplina es que este partido se mantiene como se ha mantenido, nada más que hay que cuidar no malentender la disciplina. La disciplina es, al final, un valor compartido, nadie le impone nada a otros, nos ponemos de acuerdo, por eso somos tan afectos a dedicarle el tiempo que haya necesidad que hablemos, platiquemos, demos nuestros puntos de vista y cuando logramos un acuerdo en el grupo, ahí es donde todo mundo, libremente, decide respaldar la decisión de la mayoría.
¿Problema elaborado con solución? ¿Qué hora es?, pregunta el Presidente. “La que usted diga, señor Presidente”. Conste.
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