Pide “moches” Rubén Moreira a transportistas para campaña de Carolina Viggiano

Los diputados federales del PRI, Rubén Moreira y Lorena Piñón Rivera, siguen presionando ante la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara Baja para la aprobación de la iniciativa de reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, para prohibir la circulación de tráilers de doble remolque.

No obstante, esta iniciativa es un intento de Rubén Moreira para presionar y extorsionar al sector de transporte, pues presuntamente les prometió desechar la propuesta a cambio de “moches” para la campaña de su esposa y candidata a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, abanderada de la alianza “Va por Hidalgo”.

De acuerdo con el calendario del INE, las campañas de las elecciones del 5 de junio, iniciarán a partir del 3 de abril y finalizarán el 1 de junio, por lo que, si los transportistas no ceden, Moreira amenazó con forzar la aprobación de la propuesta que pretende reformar el Artículo 61 y adicionar el 51 bis a dicha ley, que impide la circulación en carreteras y caminos de la República a unidades de transporte de carga con doble articulación, remolques o semirremolques.

Es importante recordar que esta no es la única ocasión en la que el diputado priísta es vinculado con sobornos, ya que en 2017 un estudio de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas reveló que el cártel de Los Zetas entregó “moches” de hasta dos millones de pesos tanto a él como a su hermano Humberto Moreira, así como a otros funcionarios.

Asimismo, el gobierno federal exhibió en septiembre de 2021 una serie de presuntos pagos realizados por Altos Hornos de México (AHMSA) de más de 58 millones de pesos en viáticos y viajes a políticos y exgobernadores, así como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, entre ellos Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano.

Por si fuera poco, también fue vinculado en el caso de Odebrecht en 2019, cuando se reveló que el Gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y las administraciones de Alfredo del Mazo, en el Estado de México, y de Moreira Valdez, en Coahuila, pagaron 180 millones de pesos a otra empresa fantasma, presunta intermediaria del “Departamento de Sobornos” de la empresa brasileña.