CIUDAD DE MÉXICO.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó reservar los contratos y recibos de pago obtenidos por la compra de las vacunas contra Covid-19 por cinco años, hasta 2025, al considerar que divulgar los datos afectaría la seguridad nacional.
El pleno del máximo tribunal consideró que el hecho de que haya una cláusula de confidencialidad en los contratos realizados con los laboratorios Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino, prohíbe hacer pública la información, y abriría la puerta a que se dejen de recibir vacunas contra Covid-19 en el futuro.
⇒ Este fallo de la Corte revierte dos resoluciones previas del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) respecto a este asunto.
“En el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país”, apuntó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, encargado de elaborar el proyecto de sentencia.
— Suprema Corte (@SCJN) May 16, 2022
Durante su exposición, la ministra Yasmín Esquivel consideró que está justificado legalmente que la Secretaría de Salud se niegue a divulgar los términos confidenciales, pues podría dañar la relación que tiene el Gobierno mexicano con las farmacéuticas, lo que podría poner en riesgo futuros acuerdos.
“Infringir las cláusulas de confidencialidad relativas a las condiciones esenciales de contratación como son precios, costos, detalles, (…) no implica solamente el riesgo de enfrentar demandas por incumplimiento de la relación contractual, sino adicionalmente representa el riesgo de dejar a la población sin el suministro de vacunas”, detalló la ministra Esquivel.
Por su parte, el ministro Javier Laynez estuvo de acuerdo en que se reserve la información, aunque consideró que se tiene que tomar en cuenta el contexto en el que se realizaron los contratos. “Fuera de un contexto de pandemia global, en primer lugar sería muy difícil de considerarlo como una cuestión de seguridad nacional, y en segundo lugar sería totalmente inconstitucional”, afirmó.
Esta postura fue apoyada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien enfatizó que la emergencia sanitaria ha desestabilizado a los Estados, por lo que no se pueden incluir cláusulas de confidencialidad en todos los contratos que se celebren. Mientras que el ministro Luis María Aguilar apoyó que “el periodo de reserva debe ser de cinco años y no de dos”.
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AM.MX/dsc
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