Luis Farías Mackey
Cayó en 24 de diciembre de 2019 la publicación de un texto mío titulado “Educación punitiva”.
Inicié inoculándome: “Cuidemos que lo políticamente correcto y la virulencia en redes no terminen por clausurar la deliberación pública. Sin deliberación no hay democracia; sin conversación pública no hay política”.
La vacuna respondía —como escribí, — a que hacía “unas semanas una alta funcionaria destacaba en conversación privada las bondades del acceso universal a la universidades. Sostenía que nada podía ser de mayor justicia que asegurar a todo joven entrar a la universidad, y que, una vez dentro, podría continuar sus estudios o bien dejarlos, pero al franquearle el acceso se les hacia justicia a todos por igual. De otra suerte, decía, se condenaba a la mayoría a carecer de esa oportunidad”.
En el texto desplegué mis opiniones sobre el acceso universal a la universidad.
Resucito el tema porque la funcionaria de aquel entonces, es hoy la secretaria de Educación Pública.
Empiezo por denunciar el conflicto de interés que sobre sus espaldas carga al ser haber sido líder la la sección 9 de la CNTE y, ahora, secretaria de Estado encargada de la educación en México. A la hora de un conflicto con el magisterio, que en México es permanente y sus chantajes sin fin, qué papel va a asumir la hoy secretaria: en favor de la educación o en pos de su gremio.
Cualquiera puede ser mejor que Moctezuma y Delfina. El riesgo, sin embargo, de Leticia Ramírez —por como se ve su horizonte— es no ser peor.
Regreso a mi planteamiento de finales de 2019, si para la hoy secretaria, la educación superior debe estar abierta como nivel de inicio, qué hacemos con nuestros niñas y niños que, hoy, por cierto, están condenados a pasar grados académicos a fuer de eso que llaman “continuidad” educativa, no educación.
¿Será que llegando, ignorantes de todo conocimiento, a la educación superior, prive por igual la continuidad y nos cure, juzgue, administre y gobierne la ignorancia de la continuidad sin destino?
