Lilia Arellano
“El poder sin límites, es un frenesí que arruina su propia autoridad”: Fénelon
● Paquete económico 2023: prioridad, conservar el poder
● Aumentan los recursos para programas electoreros de la 4T
● Arma AMLO festín zacatecano con agradecimientos y pullas
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2022.- Si bien las promesas de campaña, las presentadas una y otra vez a lo largo de 18 años no se han visto cumplidas a cabalidad y solamente aquellas con garantía de contribuir al lucimiento personal se han hecho presentes como la de eliminar las pensiones a los presidentes, en donde se ha mostrado una tenacidad férrea similar a la manifestada para conseguir la primera magistratura es en la construcción de las obras con las cuales considera el tabasqueño tiene garantizado su paso por la historia, aunque su muy personal medición sea un error. Son otros los renglones en donde se ubicará su papel en la conducción de un gobierno sellado por la destrucción de su estructura y por el manejo electorero de los recursos públicos.
Ya no pudo ocultarse el elevado endeudamiento, pese al discurso pronunciado sobre los ahorros y las negativas sobre la contratación de deuda. El gobierno de AMLO presentó al Congreso una propuesta de 8.2 billones de pesos de gasto para 2023, de los cuales 1.1 provendrán de la contratación de deuda, una cifra histórica. El aumento en términos reales del endeudamiento es de 31.8 por ciento, en comparación con el monto aprobado para este año. De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos, de ese monto, un billón 170 mmp es de techo de endeudamiento interno y 5 mil 500 millones de dólares (113 mil 300 millones de pesos) de techo de endeudamiento externo. La deuda pública representará el 49.4% del PIB.
Para el pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior prevén destinar al cierre del 2022, un aproximado de 882,976 mdp. Sin embargo, el próximo año, se requerirá un billón 79 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda del sector público, un incremento real de 29.9% comparado con el Presupuesto de 2022. El aumento de ese gasto es derivado del ciclo alcista de tasas de interés el cual prevén continúe en los siguientes meses. El costo financiero incluye el pago de intereses, comisiones y gastos de deuda pública del Gobierno Federal, Pemex, la CFE, así como programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Para compensar ese incremento, Hacienda señala harán falta recursos, traduciéndose en la necesidad de recurrir a déficit presupuestario. Esperan tener un déficit primario de 0.2 por ciento del PIB, después de un superávit estimado de 0.1 por ciento para el cierre de 2022 con cifras actualizadas.
El presidente solicitó se incremente la bolsa destinada a los programas sociales -generadores de apoyo electoral-, y pasen de 455 mil 852 millones de pesos etiquetados este año a 597 mil 395 millones en 2023. Esas cifras implican un aumento de 26 por ciento, el cual se concentra en los programas Pensión para Adultos Mayores, pasando de 238 a 335 mil 499 millones de pesos; Fertilizantes, de 5 mil 200 a 16 mil 684 millones y Mejoramiento Urbano, cuyos recursos se dispararían de 4 mil 180 a 6 mil 647 millones.
Este panorama indica no habrá cambios de comportamiento el resto de este sexenio. Ramírez de la O, titular de Hacienda, hace eco de los deseos sin sustento real del presidente y, por ejemplo, prevé un cierre inflacionario 2023 en 3.2%, aunque demostrado está, el índice inflacionario está desbocado y no hay indicadores en donde se marque será próximo año cuando se podrá controlar y bajar hasta ese nivel ideal del Banco de México. Esperan se ubique la tasa de interés de referencia del Banxico en 8.5%, aunque algunos analistas internacionales advierten la posibilidad de alcanzar este mismo año el 10%. El tipo de cambio esperado es de 20.6 pesos por dólar.
La 4T también prevé aumentar el monto para proyectos de infraestructura emblemáticos como el Tren Maya y priorizar recursos para proyectos de construcción y conservación de obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En total, Hacienda propuso un presupuesto de 236 mil 130 millones de pesos para este año en obras. De ese monto, más de la mitad, 143 mil 73 millones se destinarían al Tren Maya, lo cual incrementa en 118% este proyecto etiquetado en 62 mil 942 millones.
De acuerdo con el paquete de referencia, se prevé recaudar 4.6 billones de pesos (bdp) en impuestos (56% del total de los ingresos), de un total de 8.3 bdp requeridos por el sector público. La SHCP espera recaudar 2.5 bdp en ISR y 1.4 bdp más de IVA. Para este año no se propuso una miscelánea fiscal. Pero, se hará un ajuste a la carga impositiva con base en la inflación, es decir, sólo incluye propuestas de cambios en la Ley Federal de Derechos y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El documento hacendario proyecta 1.87 millones de barriles de crudo diarios en producción petrolera en promedio para 2023, con un precio estimado en 68.7 dólares por barril para el próximo año; así como ingresos por 826,492 millones de pesos (mdp) generados por Pemex y transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo por 487,742 mdp. Sin embargo, tanto los datos sobre mayores crecimientos de producción y por ende de aportaciones, están sobreestimados.
El próximo año, el gobierno estima un gasto de 8.3 bdp, de los cuales 6.6 bdp se destinarán para pensiones y jubilaciones, al costo financiero de la deuda y transferencias a los estados por participaciones y aportaciones. En el renglón de aportaciones para entidades, se proyecta destinar 1.2 bdp. En desarrollo social contemplan un gasto de 33.9 billones de pesos, con un aumento de 4% en salud, y 12.7% en protección social. De los programas prioritarios del gobierno federal, en 2023 los cinco principales son: pensiones para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro y precios de garantía.
Todos dirigidos a la rentabilidad electoral.
DE LOS PASILLOS
López Obrador no oculta su triunfalismo. En Zacatecas demostró puede llegar a entrometerse en las relaciones familiares al hacerse pública la aceptación de David Monreal, gobernador de esa entidad, a la llegada de la Guardia Nacional militarizada, posición totalmente contraria a la manifestada por su hermano Ricardo Monreal, líder morenista en el Senado y quien en una actitud de absoluta congruencia se abstuvo de votar en la sesión en donde los integrantes de esa Cámara volvieron a dar muestras de su alejamiento de la realidad, de su corta visión de futuro y de esa entrega puesta al servicio de un solo hombre y no de los mexicanos. De nueva cuenta salió a relucir el mandato calderonista y las críticas hacia la Policía Federal, olvidando el tabasqueño la invitación girada desde el templete mañanero para la incorporación de estos elementos a la Guardia Nacional. ¿Cuándo estuvo encabezando una farsa, cuando los invitó o ahora con la brutal crítica? Al llevar a cabo esta militarización ¿le está dando la razón a Felipe Calderón quien fue el de la decisión de sacar al Ejército a las calles, a dar los primeros pasos para su incorporación en las tareas de seguridad? ¿También optará AMLO por portar en alguna ocasión el uniforme militar?…
Las críticas sobre las acciones del titular de Sedena en las cuales resalta su posición partidista e inclusive su declaración sobre la lealtad hacia el régimen y no la de siempre manifestada hacia el pueblo, lo obligaron a declarar, al conocer se integra de manera totalmente contraria a lo asegurado sobre el mando civil, a la dirección de la Guardia Nacional: el Ejército es una institución “que está al margen de los partidos”. De pasada Luis Cresencio Sandoval, explicó sobre la reunión con Alejandro Moreno y un puñado de escogidos priístas: “fue para informarles sobre la composición de la Guardia Nacional y el origen del proyecto”. ¿A estas alturas?…
Así las cosas tendremos nuevos guardianes, paradójicamente no entrenados para brindar la seguridad pública requerida, aunque nada parece impedir comience a formarse un cuerpo de juzgadores surgidos de las mismas filas. Al tiempo… Tras un intenso acoso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dobló a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener la prisión preventiva oficiosa, pero y por fortuna, el gusto será temporal. Si los ministros hubiesen votado y, como se veía venir, dictaminarían la vigencia de tal ordenamiento, ya no se tendría una segunda oportunidad porque esas determinaciones son inapelables. Ahora, surgirá de nuevo la ocasión de presentar el proyecto con el cual se defina el futuro de más de 90 mil internos sin recibir veredicto, purgando algunos de ellos sentencias sin haberse comprobado su culpabilidad. La figura de presunción de inocencia sigue siendo un mito en nuestro país y para los juzgadores es inexistente.
