Recientes balances e informes de seguridad, realizados por diversas organizaciones, coinciden en señalar que el mayor reto de la actual administración es la seguridad y detener la ola de violencia que durante la mitad de este 2022 se ha recrudecido de forma alarmante.
En esas dos demandas se centran los reflectores de las fuerzas políticas opositoras y lo más importante: de la ciudadanía que comienza a salir a las calles para exigir un alto al clima de inseguridad y pide vivir con paz.
Por citar algunos de los datos que generan preocupación, destacan los difundidos recientemente por el Monitor de Seguridad de Coparmex (#DataCoparmex), el documento expone también comparativos con sexenios pasados, que nos permiten medir la profundidad de esta problemática.
Así, el informe refleja que, comparando los primeros 37 meses de los últimos cuatro sexenios, la administración actual ha sido la que ha tenido la mayor cantidad de carpetas de investigación por extorsión, y comparado con el sexenio anterior, el más reciente como referencia, se ha tenido un aumento de 27 por ciento por el mismo delito.
En este sexenio se han registrado 26 mil 79 carpetas de investigación, mientras que, durante las administraciones de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, fueron 20 mil 576 y 14 mil 535, respectivamente.
El informe también destaca cuáles son los principales delitos que afectaron a las empresas socias de Coparmex en el último año, donde el robo de mercancía, dinero o equipo que se encontraba en tránsito son los delitos más comunes en 24 por ciento.
La problemática golpea al sector empresarial y crea un efecto en cadena que nos daña a todos, pega en el bolsillo de la ciudadanía y pone en peligro fuentes de empleo, causando también desplazamientos forzados de familias enteras, desabasto y encarecimiento de alimentos, y recientemente la violencia también alcanzó la educación suspendiendo clases en cientos de escuelas por enfrentamientos armados contra la delincuencia organizada.
¿Usted se ha preguntado cuánto gastan las empresas por la inseguridad y cuánto pagamos cada ciudadano por esta problemática?
El informe de Coparmex lo detalla: a nivel nacional, en 2020 se utilizaron más de 92.4 mil millones de pesos en medidas de protección contra la delincuencia (0.5% del PIB).
Y por persona, las entidades con mayor promedio de gasto por persona debido al delito de extorsión son: Baja California ($4,338 pesos), Chihuahua ($3,344 pesos) y Colima ($3,341 pesos).
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también señala en su informe, que en 2021 hubo 94 mil 07 víctimas de extorsión. Sin embargo, la cifra puede ser mayor, pues solamente 1 de cada 99 víctimas presenta una denuncia por este delito que atenta contra el patrimonio de las personas.
Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo, son las entidades donde se presentó el mayor porcentaje de delitos de extorsión a las empresas, mientras que los sectores de minería, restaurantes, hoteles, energía eléctrica, agua, gas, esparcimiento cultural y deportivo, son los que más han padecido por extorsión.
Este sexenio empezó su ruta final de cara a los procesos electorales del próximo año y 2024, y los tres años de esta administración permiten hacer evaluaciones más contundentes y preguntarnos ¿aún podrán garantizar un cambio real en cuanto a seguridad y combate a la violencia? ¿Tendrán tiempo?
Por ello, las manifestaciones ciudadanas convocadas en diferentes ciudades y CDMX para el 25 de septiembre, para exigir paz, y la protesta tras la aprobación para militarizar el país durante los primeros días de este mes, tienen vital importancia ya que es una muestra más de hastío de la sociedad de vivir con miedo .
La ciudadanía va fortaleciendo su músculo y el tiempo se agota para las autoridades. Ojalá estos dos factores promuevan una apuesta por la unidad con el único fin de combatir la violencia, la extorsión y empezar a abrir puentes para que este país no pierda más fuentes de empleo, ni la esperanza de un mejor rumbo. Veremos.
