REPORTAJE ESPECIAL
* Tras el sismo de hace cinco años alto riesgo de desplome
* 66 familias piden al gobierno que les restituya su vivienda
* Vecinos piden demoler. Autoridades quieren rehabilitar
Reiteradas órdenes de jueces administrativos de Ciudad de México han sido desacatadas por el gobierno de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual ameritaría su inhabilitación en el cargo de Jefa de Gobierno.
Se trata del caso denominado Aguascalientes 12 que es la ubicación de uno de los muchos edificios severamente dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Desde esa fecha el inmueble no ha recibido ni una sola reparación, no obstante que las propias dependencias del gobierno capitalino han dictaminado que sus más de nueve niveles corren el riesgo de desplomarse en cualquier momento, afectando a peatones, vehículos y edificios aledaños.
“Alto riesgo de colapso” puede leerse en multitud de documentos surgidos de la Comisión para la Reconstrucción de CDMX, lo mismo que del Instituto de Seguridad de las Construcciones (ISC). Muchas más veces en los oficios judiciales que ordenan la demolición de 70 departamentos en un perímetro de 1500 metros cuadrados, con 8mil 790 metros construidos.
A la fecha son 66 las familias –cuatro departamentos siguen habitados, no obstante los muchos riesgos que corren– que moraban el edificio de Aguascalientes 12, en la colonia Roma Sur, que no sólo han perdido su patrimonio inmobiliario, sino que también han tenido que desembolsar en rentas de otros departamentos o, en algunos casos, se han vitos obligados a solicitar refugio ya muy prolongado con familiares y amigos.
Todo ello, pese a que las autoridades capitalinas publicitan, en voz de la titular para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, que cual consecuencia de aquel trágico mediodía de hace cinco años resultaron dañados 7 mil 774 inmuebles con un saldo de 20 mil damnificados.
Y que sólo en estudios y proyectos –la mayoría rechazados por los damnificados– han erogado miles de millones de pesos de los contribuyentes al erario capitalino.
Habla María de los Ángeles Moreno, representante de las 66 familias que urgen a las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum a demoler la edificación y a levantar una nueva que sí sea segura para ellos:
“… es evidente que a los gobernantes de la ciudad no les interesa resolver la grave situación que implica un edificio de casi 9 mil metros cuadrados dee construcción, aun cuando hay un severo daño constatado en columnas del sótano, y por los excesivos desplazamientos horizontales.
“A la fecha –prosigue la representante vecinal– no se ha realizado acción alguna encaminada a restituir los graves daños que presentan los elementos estructurales de la edificación, agrietamientos en columnas de los niveles superiores, desconchamiento de concreto entre la loza y los núcleos de escaleras, boquetes en muros diafragma, además de numerosas afectaciones a muros divisorios en todos los niveles. Estos daños manifiestan claramente que la estructura es muy flexible, por lo que es muy vulnerable ante cargas accidentales como los sismos que constantemente se sufren en la zona.”
Ya son cinco largos años en los que las familias damnificadas han recorrido todo un viacrucis en oficinas burocráticas y en juzgados administrativos.
Una cronología somera da cuenta de que, tras el sismo, el 22 de noviembre del mismo 2017 el Instituto de la Seguridad de las Construcciones catalogó al inmueble como “alto riesgo”, por lo que debería ser desalojado dadas sus condiciones de inhabitabilidad.
En esa fecha se pide un proyecto de “rigidización (sic) y reforzamiento estructural”.
Se realiza un proyecto de reforzamiento estructural, por un Corresponsable en Seguridad estructural, el cual es rechazado por el ISC, debido a las inconsistencias que presenta dicho proyecto.
Ante esta situación el propio instituto envía al edificio a un grupo de ingenieros, arquitectos y a un DRO, a realizar una inspección del inmueble, acompañado por estudios de mecánica de suelos y geotecnia, mismo que emite un dictamen con fecha 22 de diciembre de 2018, como “alto riesgo de colapso”.
Se integra, entonces, al Comité de Emergencias de la CDMX, por un excesivo desplazamiento lateral de 25 centímetros de la estructura, más del límite permitido que es de 15 cm.
Y se menciona nuevamente que el inmueble no debe ser ocupado, ya que por entonces, en el mismo, continúan habitando 6 familias. Lo que además también pone en riesgo su vida, la de peatones, y compromete la seguridad y estabilidad de las edificaciones colindantes a dicho inmueble.
Posterior a este dictamen los seis condóminos que habitan aún el inmueble, se amparan ante la resolución del ISC, argumentando que el edificio puede ser rehabilitado y no demolido, por lo que en el juzgado décimo tercero solicita nuevamente al ISC, vuelva a realizar otra inspección y una prueba pericial que respalde los dictámenes anteriores.
Y ello da como resultado una tercera evaluación y nuevamente un dictamen, con fecha 3 de julio de 2020, de que el edificio se encuentra en “alto riesgo de colapso”, ahora con daños más severos en su estructura. Aun así, continúa ocupado por las 6 familias renuentes.
Ante la falta de solidaridad de esos vecinos, las entonces 64 familias que están por la demolición de Aguascalientes 12 nuevamente se ven obligados a acudir a los juzgados.
Los dictámenes presentados por los juzgadores primero y décimo tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México deciden revocar las suspensiones emitidas anteriormente a los inconformes.
Ante tales situaciones y al ver que no hay respuesta de las autoridades del Gobierno de la CDMX, en específico, de la Comisión para la Reconstrucción, cuyo titular en ese entonces era César Cravioto Romero –ahora senador de la República y cabeza de la corriente que en esa Cámara apoya las ambiciones presidenciales de Claudia Sheinbaum– los 64 condóminos a favor de la demolición y reconstrucción, deciden interponer un amparo, con fecha 21 de abril del 2021, en contra de las autoridades, a efecto de que ante el inminente peligro y evitar una tragedia se dé respuesta inmediata y se proceda al desalojo de las ahora ya solo cuatro familias que lo habitan, que demuelan y construyan uno nuevo, con las características y normas de seguridad de acuerdo al reglamento de construcciones de la CDMX.
Dicho amparo es el 824/2021-1, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
El 16 de agosto de 2021, dicho Juzgado emite como respuesta la suspensión definitiva al amparo promovido, indicando a las dependencias correspondientes, se proceda al desalojo, demolición y reconstrucción.
Y no. Las autoridades siguen en abierto desacato a las autoridades judiciales.
Ante esta situación la Alcaldía Cuauhtémoc, a fin de que constatar el estado en que se encuentra el inmueble para estar en condiciones de cumplimentar la medida cautelar decretada en autos, nuevamente solicita al ISC realizar una vista técnica al edificio de Aguascalientes 12, misma que se realiza con fecha 21 de enero de 2022, reportando como resultado de la misma que: en virtud de que desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 que provocó los severos daños estructurales, no se han realizado ninguna acción encaminada a restituir los graves daños y por el estado de vulnerabilidad en que lo coloca, pone en riesgo la vida de sus ocupantes, vecinos y peatones, así como la seguridad y estabilidad de las edificaciones colindantes, por lo que se reitera que el inmueble en comento se considera en “alto riesgo de colapso”.
En consecuencia, se lleva a cabo una reunión con el Dr. Renato Berrón, con la Mtra. Jabnely Maldonado, y con la Dra. Silvia Raquel García Benítez, investigadora Titular en Estructuras y Geotecnia de la UNAM. Asisten los vecinos del condominio, así como diversas personas involucradas en un proyecto de estudios a realizarse en el edificio de Aguascalientes 12, materia de litis, para decidir si el edificio es reconstruido o rehabilitado, situación a la que evidentemente se oponen los condóminos y solicitan sea aprobado en el juzgado para su realización.
Después de múltiples acuerdos y respuestas de recursos de queja y apelaciones, el 28 de junio de 2022 el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la audiencia de incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión falla en el sentido de que la omisión de las autoridades responsables y, en específico de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, de dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en la resolución interlocutoria de 13 de septiembre de 2021, y requiere al Instituto para la Seguridad de las Construcciones y a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, a efecto de que en un término de 24 horas, acrediten las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a la suspensión concedida en autos.
Nada pasa.
El reiterado desacato continúa.
Lo único es, hasta ahora, que la comisión para la Reconstrucción y el ISC convocan a otra reunión, con todas las autoridades del Gobierno de la CDMX el día 2 de agosto de 2022 para presentar un proyecto de rehabilitación, como respuesta al incumplimiento a la Suspensión, mismo que sigue incumpliendo.
Ya han respondido que, en definitiva, no demolerán el edificio, por costo beneficio, ya que a raíz de la pandemia el costo del acero se incrementó considerablemente, aun anteponiendo en riesgo la seguridad de los vecinos y desacatando nuevamente la decisión del Juez Octavo de Distrito.
Habla nuevamente la representante vecinal María de los Ángeles Moreno:
“Hay desacato al juez, pero también al párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que, “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
Y que es la misma ley la que “establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…”
Pero también, continúa Moreno, se pasan por alto el artículo en el numeral 1 del apartado E, Derecho a la Vivienda, del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que señala: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades”
Dice también que ella y los demás condóminos cuentan con todos los documentos que acreditan sus palabas, así como los demás oficios emitidos por el Juzgado Octavo hacia las autoridades, además de que las dependencias en comento, evaden la facultad y disposición de realizar las instrucciones del juez, anteponiendo el costo beneficio, sobre la seguridad de una construcción segura para sus habitantes, sin ponderar que en cualquier momento el edificio puede colapsar y ocasionar otra grave tragedia.
