Redacción MX Político.- Un tribunal regional dictaminó el viernes que la decisión de Tanzania de acordonar la tierra para proteger la vida silvestre era legal, lo que asestó un golpe a los pastores masai que habían protestado por la medida, dijeron dos abogados de la comunidad.
La comunidad nómada de Loliondo, en el distrito norteño de Ngorongoro, acusó al gobierno de intentar obligarlos a abandonar su tierra ancestral para organizar safaris y expediciones de caza.
Pero el gobierno ha rechazado las acusaciones y afirma que quiere “proteger” 1.500 kilómetros cuadrados (580 millas cuadradas) del área de la actividad humana.
Después de varios aplazamientos, el Tribunal de Justicia de África Oriental con sede en Arusha confirmó la decisión del gobierno, dijo a la AFP un abogado de los maasai.
“Desafortunadamente, el tribunal falló en nuestra contra”, dijo Esther Mnaro.
“Han dictado una sentencia muy impugnada”, dijo a la AFP otro abogado, Yonas Masiaya.
Los maasai habían pedido al tribunal que “detuviera los desalojos, el arresto, la detención o la persecución” de sus miembros y exigieron mil millones de chelines tanzanos (430.000 dólares) como daños.
El banco de tres jueces dijo que no se debía compensación, dijo Mnaro.
Ellos “decidieron que no hubo pérdida de propiedad y ninguna de estas personas resultó herida durante los desalojos, pero nuestra evidencia y nuestros testigos habían dicho cosas totalmente diferentes”.
Mnaro dijo que la comunidad decidiría si apelar.
No hubo una reacción inmediata al fallo del gobierno, que previamente había argumentado que el tribunal de Arusha no tenía jurisdicción para conocer el asunto.
Las tensiones se han disparado en los últimos meses con violentos enfrentamientos que estallaron en junio en Loliondo entre la policía y los manifestantes maasai.
Más de dos docenas de manifestantes maasai fueron acusados de asesinato por la muerte de un policía en los enfrentamientos.
Crecimiento de la población
Tanzania ha permitido históricamente que comunidades indígenas como los Maasai vivan dentro de algunos parques nacionales, incluida el área de conservación de Ngorongoro, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Pero las autoridades dicen que su creciente población está invadiendo el hábitat de la vida silvestre y comenzaron a sacar a los pastores de Ngorongoro en junio, calificándolo de reubicación voluntaria.
La reubicación ha generado preocupación, y un equipo de expertos en derechos independientes designados por la ONU advirtió en junio que “podría poner en peligro la supervivencia física y cultural de los maasai”.
Desde 1959, el número de humanos que viven en Ngorongoro se ha disparado de 8.000 a más de 100.000.
La población de ganado ha crecido aún más rápidamente, de alrededor de 260 000 en 2017 a más de un millón en la actualidad.
A medida que el cambio climático conduce a sequías prolongadas y bajos rendimientos de los cultivos, la presión sobre los pastores ha aumentado, obligándolos a entrar en conflicto con la vida silvestre por el acceso a alimentos y agua.
En 2009, miles de familias maasai fueron trasladadas fuera de Loliondo para permitir que una empresa de safaris emiratí, Ortelo Business Corporation, organizara expediciones de caza allí.
El gobierno canceló ese trato en 2017, luego de acusaciones de corrupción.
El Tribunal de Justicia de África Oriental entró en vigor en 2001 para garantizar el cumplimiento de las leyes que establecen el bloque de siete naciones de la Comunidad de África Oriental, compuesto por Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, la República Democrática del Congo y Uganda.
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