Afectan políticas prohibicionistas a usuarios de vapeadores y salud pública

A lo largo de la historia se ha demostrado que las políticas prohibicionistas han fracasado y pese a esto, en México, el Gobierno federal impulsa leyes que prohíben la comercialización y distribución de los cigarros electrónicos y vapeadores, lo que rezaga al país en políticas de reducción de daños y quita a los consumidores alternativas más seguras.
 
En el caso de los vapeadores, cigarros electrónicos o calentadores de tabaco, en lo que va del año, el Gobierno federal, la Secretaría de Salud y la Cofepris han lanzado alertas sanitarias y decretos presidenciales para prohibir su comercialización y distribución porque presuntamente son peligrosos para la salud de los consumidores.
 
No obstante, a casi cinco meses de aprobarse el decreto contra las alternativas sin humo, organizaciones han reportado un aumento considerable del mercado negro, sobre todo en redes sociales, así como el contrabando, lo que realmente pone en riesgo la salud de 1.5 millones de usuarios ya que encuentran productos sin control sanitario y están al alcance de los menores de edad.
 
Además, el veto de estos dispositivos le quita a los fumadores adultos la opción de cambiar a productos que, de acuerdo a estudios de agencias de salud como la FDA y el Public Health England, reducen 95 por ciento la exposición a las seis mil sustancias tóxicas que se encuentran en el humo del cigarro.
 
En ese sentido, durante una conversación en el marco de Caminos de la Libertad organizada por el columnista Sergio Sarmiento, el abogado y presidente de México y el Mundo Vapeando AC., Juan José Cirión Lee, aseguró que la mayoría de las personas que recurren a los dispositivos sin humo buscan evitar fumar o reducir el consumo de tabaco.
 
Por lo que, consideró, que la prohibición contenida en la fracción VI del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) afecta los derechos de los usuarios de los cigarros electrónicos en cuatro áreas: derecho al libre desarrollo de la personalidad; derecho a la salud; derecho a la reducción de daños y derecho a la información.
 
Implementar una regulación estricta a los productos libres de humo obligaría a la industria a destinarlos únicamente a fumadores adultos, reportar ingredientes y emisiones de las sustancias de sus líquidos, usar etiquetado con advertencias sobre sus riesgos, entre otros.