A la abogacía independiente de la Nación no le cabe duda de la positiva contribución de nuestra Constitución y de sus Leyes Secundarias para mantener el fortalecimiento del —acceso al derecho a la justicia— en todos sus niveles. Pero cuando la Fiscalía General de la República por sí y/o a través de Alejandro Gertz Manero se muestra indolente en investigar el fenómeno de la narco-política, su misión constitucional varia de manera muy substancial. Da la impresión de que sólo cuando el Poder Ejecutivo representado por Andrés Manuel López Obrador, no se encuentra de por medio es posible evitar la omisión para practicar esa investigación y aplicar en todo su rigor el Código Penal Federal.
La interrogante se muestra necesaria ¿Tiene o no razón Alejandro Gertz Manero, para ser omiso y cómplice del fenómeno de la narco-política?
La respuesta desde luego es: No, ya que carece de respetabilidad y legalidad las razones personales que invoque en defensa de esa desidia, complicidad o corrupción. Como Fiscal General de la Federación no puede ni debe lesionar la dignidad y prosapia de la Justicia, aún exprese razones políticas o confiese su incapacidad manifiesta para indagar y descubrir la impronta del delito.
Todos los actos deleznables en contra de la justicia y la dignidad de México, tienen alguna comparación o cuando menos un ángulo de referencia histórica, en el presente caso lo es esa determinación de archivo emitida por quien en su momento fue el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República de nombre Alberto Elías Beltrán, quien fungió en ese cargo hasta el día treinta de noviembre del año dos mil dieciocho y cuyo sucesor ahora es Alejandro Gertz Manero.
Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, todos esos incorrectos actuares dan la impresión de que en lugar de aplicar con toda objetividad los parámetros y exigencias contenidos en la Carta Magna y en el Código Penal Federal, los funcionarios a cargo de la procuración de justicia federal se ven obligados a la utilización de criterios políticos favorables a la narco-política y/o al Presidente Constitucional que esté en turno, para con ello evitar esas investigaciones, siempre argumentando razones como lo son sus “causas de seguridad nacional”.
Ese recelo, desconfianza y sospecha fundada en causas de complicidad o ilegalidad siempre ha sido fomentada por todas aquellas omisiones, negaciones y evasiones para indagar al delincuente político más importante y protegido de la historia jurídica nacional.
Hoy nuevamente el Ateneo de Estudios Jurídico Penales lo reitera con su más elevada voz de protesta. Es muy grave que nuestros recintos de procuración de justicia no hayan podido librarse del desprestigio institucional que ha afectado al entorno de procuración e impartición de ella. Esa culpa recae en el Poder Ejecutivo que no ha sabido poner fin a ello, como también recae en los actos omisivos del Fiscal General de la República que se encuentra en turno.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
