Cuando, a los inicios de la llamada era del neoliberalismo, diversas togas independientes de la Nación formularon una denuncia de orden criminal en contra del fenómeno de la narco-política, nació la convicción de que existe dentro del ámbito de las leyes un conjunto de principios universales que no emanan de ninguna decencia de autoridad alguna, ni tienen su origen en la jurisprudencia o la costumbre, pese a lo cuál valen para todo el derecho penal, escrito o no escrito, real o posible, actual o futuro.
La verdad contenida en renglones anteriores, hoy hacen vigente la palabra de Aulo Gelio el gran abogado y escritor romano del siglo II quien en su “veteris sermonis imitatore, Vol. II”, redactó para la posteridad: “La verdad es la hija del tiempo”, esas palabras parecerán fútiles a quienes procuran justicia, o piensen como piensa el Presidente de la República de que no existe la narco-política en el medio de procuración, impartición y administración de justicia.
Por amplia que sea la esfera de actuaciones de los encargados de procurar e impartir justicia, es indiscutible que en el desempeño de sus funciones están obligados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a ceñirse a los principios rectores de la ley de índole axiológico, lo mismo que al cúmulo de exigencias de la sociedad civil, la cuál efectúa reclamaciones de orden practico, impuestas, en gran medida, por la imperiosa necesidad de combatir la corrupción que permea dentro de nuestras instituciones republicanas, así se llamen agencias del ministerio público, fiscalías, procuradurías, juzgados, Poder Judicial Federal, Consejo de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o Tribunales Superiores de Justicia del Fuero Común.
Es lamentable que lo anterior no lo reconozca todo el mundo, ni el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ni nadie y, que aquellos que sí pretendieron y pretenden cumplir con su misión altísima de hacer ejecutar la ley, aspirando a realizar los anhelos e ideales de su tiempo, sean avergonzados y censurados para impedírselo, violentado todas las legalidades existentes para evitar el saneamiento de nuestras instituciones y por sobretodo que se sepa la verdad de las togas que mancharon la dignidad de ellas, las que fueron sagradas instituciones y que antes y ahora permiten y permitieron que el poder del narcotráfico se infiltrara y continuara su proterva función en esos sacros recintos profanados por togas pertenecientes a cárteles, llámense como se llamen, incluso inmobiliarios.
Ejemplo para impedir esa depuración del medio, son múltiples y muy variadas, presentes y pasadas, recientes y antiguas, frescas y no.
Han sido varios los Presidentes Constitucionales de la República Mexicana, incluyendo en ellos a Andrés Manuel López Obrador, que no se dan cuenta, ni se quisieron percatar de ello.
¿Hasta cuando se va a permitir que togas decentes sean vencidas por vestimentas indecentes?.
¿Hasta cuando se va a tolerar que indignos se defequen en la Justicia impidiendo que nuevos aromas florales perfumen el ambiente de la casa profesional de la abogacía mexicana?.
Es un castigo para la Abogacía Independiente de la Nación, vivir bajo el hedor. Cotidie multatur qui semper timet.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
