Al reflexionar sobre el aniversario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hay un tópico, que según el entender de la Abogacía Independiente de la República parece fundamental y, del que es necesario hablar. Hacemos puntual referencia al decir que esa Suprema Ley debe de ser absoluta y totalmente aceptable para los gobernados –cómo lo es– y, debe ser, -además– obligatorio su cumplimiento por parte de la autoridad. Contradicen esa obligatoriedad ciertos Poderes de la Unión, cuya justificación, explicación o hacer es de difícil comprensión para los versados en leyes, así como para el pueblo.
Los hombres –y mujeres– de leyes jamás nos debemos de acostumbrar a ello, nunca debemos de denotar insensibilidad a los actos de autoridad que no acaten el cumplir con los mandatos de esa inmortal Carta de Carranza. La norma constitucional, en principio, tiene valor y razón y eso lo percibe el sentido común, sin embargo ciertos Siervos de la Nación que se dicen demócratas, eso no lo comprenden y las más de las veces no cumplen con esa obligatoriedad.
Los grandes juristas mexicanos del pasado siglo efectuaron diversas definiciones de nuestra Carta Magna, acordes al pensamiento de su época y los cuales deben de ser vigentes en ésta Cuarta Transformación de la Nación.
Don Eduardo Ruiz, político mexicano de fuerte ideología liberal, combatiente contra la intervencion francesa, destacó y nos iluminó definiendo la Constitución como “el cuerpo de reglas o máximas, de acuerdo con las cuáles se ejercen los poderes de la soberanía”.
Esas leyes o máximas, según el saber actual de muchos togados afiliados a la Academia de Derecho Penal de Colegio Nacional de Abogados Foro de México, es el sistema de normas que conservan el orden y la estabilidad política. Ese orden no debe ser trastocado por motivos irracionales, ocurrencias o por rebeldía en su cumplimiento por parte de ningún poder, aún sea éste el Poder Ejecutivo Federal, representado por la persona de Andrés Manuel López Obrador.
Resulta absurdo que nuestras autoridades y gobernantes ignoren que la Ley Fundamental contiene un reconocimiento a la independencia en el pensar de los mexicanos. La Carta Magna no nos obliga a pensar igual que el Poder Ejecutivo.
La Constitución del 17 presiona y compromete a las autoridades electas por voto popular –y a las no electas también– a respetar cualquier forma de pensar. Ese documento histórico sé fundó y se funda en principios liberales y su objetivo primordial lo es asegurar el triunfo y progreso de México sublimado por la Justicia.
Así, pues, la Abogacía Independiente de la República, una vez más y para no variar, le exige a las autoridades, políticos y gobernantes, con especial mención al Poder Ejecutivo Federal que se cumpla y respete ese sagrado libro de leyes.
Es cuánto
Lic Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C
