Lilia Arellano
“Ningún régimen autoritario dura eternamente”: Barack Obama
● ¿Habrá reversa al autoritarismo y militarización?
● Fuerzas Armadas acumulan más poder y dinero
● Sobre Ortega, silencio cómplice de las dictaduras
Ciudad de México, 20 de febrero de 2023.- Para el próximo gobierno federal resultará muy complicado revertir el régimen autoritario y militar impulsado e impuesto por la autodenominada Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador. No importa quien gane la “Silla del Águila”, una “corcholata” del actual mandatario o una figura de oposición, no será nada sencillo acabar con los “servicios” de las Fuerzas Armadas en labores civiles, incluida la seguridad pública, desarrollada por los uniformados; también será complicado alcanzar los consensos necesarios en el Congreso para reducirles las extraordinarias fuentes de ingresos acumuladas a lo largo de esta administración federal.
Este fin de semana, durante el 110 aniversario del Ejército, el presidente López Obrador refutó que el incremento de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad implique autoritarismo o militarización del país. Esta declaración es una más de las 100 mil mentiras vertidas todos los días desde Palacio Nacional a lo largo de su gestión las cuales han sido contabilizadas por medios de comunicación y firmas de consultoría especializada. Según él, las reformas en donde se permite la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, han logrado se sienta la sociedad más segura y en paz, dejando de reconocer habla de la “paz” encontrada en los sepulcros ante el incremento de crímenes y, los hallazgos de fosas clandestinas lo demuestran .
La militarización,viene comprobándose en cada reporte policial, no contribuye a recuperar tranquilidad.
López Obrador ganó la Presidencia de la República con las promesas de acabar con el abuso de poder y la ilegalidad y lograr un México más justo y democrático; de terminar con la corrupción y la violencia y regresar a los militares a los cuarteles. Mintió, pues no hay avances en esos temas prometidos. AMLO ha procurado la centralización del poder, el debilitamiento de los contrapesos constitucionales y ha menoscabado el pluralismo, polarizando al país entre simpatizantes del mandatario y adversarios.
Ataca constantemente a instituciones cuya función primordial es la fiscalización del gobierno y los funcionarios en turno. Ha denostado a órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, fundamentales para avance de la democracia y, ni qué decir a la poseedora de una gran piedra cuyo peso en ignorancia e incapacidad la tienen inmovilizada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por si fuera poco las creadas durante este régimen han sido todo un fracaso, empezando por el Insabi, seguido por la distribuidora de medicamentos, los bancos Bienestar, las universidades patito, etcétera.
El inquilino de Palacio Nacional gobierna sin controles ni transparencia. Sometió al Poder Legislativo y ha intentado lo mismo con el Poder Judicial. También es frecuente arremeta contra organizaciones de la sociedad civil. Ataca a los medios de comunicación calificando a los críticos como “tendenciosos” o “defensores de grupos corruptos”, y utiliza información confidencial para exhibir a sus críticos, violando leyes de protección de datos y ordenando persecuciones fiscales a sus opositores. Menoscaba la libertad de expresión, la libertad académica y deslegitimiza movimientos críticos como el feminismo. El enorme poder acumulado se utiliza para intimidar a la ciudadanía. Ataca públicamente a científicos y académicos y los acusa de delincuencia organizada, mientras consiente a cárteles de la droga. Lo que faltaba ya lo incluyó: el clero católico.
Impulsó el macuspano sus obras insignia sin los permisos necesarios como en el caso del Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero tal vez la principal característica del gobierno de López Obrador es la militarización del país. La cifra de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegadas ha crecido 45 por ciento durante este gobierno. También han aumentado sus atribuciones y presupuesto. Hay más de 188 mil militares en México realizando tares de seguridad pública. Soldados y marinos realizan detenciones, incautan bienes, preservan el lugar de hechos delictivos e inspeccionan la entrada y salida de personas. Los militares controlan la seguridad de carreteras y aeropuertos en 12 de los 32 estados del país. Las Fuerzas Armadas controlan el comercio marítimo y las comunicaciones, aduanas, transportación por agua y dirigen la aviación civil.
Para el próximo gobierno federal no será fácil revertir el enorme poder acumulado por las Fuerzas Armadas, sobre todo el económico. En este gobierno la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 516 mil 273 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual representa un incremento de 52 por ciento comparado con el mismo periodo de tiempo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, el Ejército tiene otras fuentes de ingreso: el Fideicomiso Militar de Administración y Pago de Equipo en donde, al cierre de 2022, tenía un saldo de 42 mil 334 millones de pesos; tienen una bolsa discrecional de 113 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero, de acuerdo con documentos de la Sedena; cuentan además con otros 117 mil 154 millones adicionales para modernizar aduanas en ocho estados.
Los militares han sido usados en este sexenio como constructores, además de sus servicios en operativos contra el narcotráfico y la vigilancia del Metro. Construyeron los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum y Campeche; sectores del Tren Maya, 249 cuarteles de la Guardia Nacional, 2 mil bancos del Bienestar, dos canales de riego en Nayarit y un acueducto en Campeche. También edificaron seis hoteles en la ruta del Tren Maya, un hospital en Cuajimalpa y otras obras de instalaciones castrenses. Cumplen funciones de vigilancia de 21 aduanas, 4 mil ductos de Pemex y complejos de la CFE y aeropuertos del interior del país, tendrán también el manejo de la aerolínea Mexicana de Aviación, luego de que la Federación pagó 816 millones de pesos por la marca y la administración aeroportuaria en las nuevas terminales.
La Presidencia de López Obrador protege a militares acusados de narcotráfico o de delitos de lesa humanidad. Es el caso del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena, amigo personal y ex mando superior del actual secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Después del arresto del general Cienfuegos acusado de haber colaborado con el crimen organizado mientras fue titular de la Sedena, AMLO negoció con el gobierno de Donald Trump para lograr fuera repatriado a México, en donde no sólo no fue juzgado sino lo exoneraron sin investigación alguna por parte de la FGR. La impunidad con la cual los cubrieron en el caso Ayotzinapa habla por sí sola.
En el país hay un Ejército y unas Fuerzas Armadas con cada vez más poder de facto, práctico y económico, y un gobierno civil cada vez más degradado y vulnerable. Pero los militares no parecen conformarse con lo anterior, sino quieren cogobernar, no sólo servir de apoyo al régimen en turno. De acuerdo con información de la propia Sedena, obtenida por el grupo de hackers “Guacamaya”, el Ejército ha impulsado y cabildeado en secreto reformas para tener más poder, ha desobedecido órdenes públicamente giradas por el presidente, y ha hecho gestiones directas para impedir sean los militares investigados y sancionados por el poder civil.
A pesar de todas las advertencias de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y la democracia, el pasado 4 de octubre, la mayoría morenista y aliados en el Senado de la República concretaron el cambio a la Constitución, para legitimar que el Ejército Mexicano tenga el monopolio de la seguridad nacional, la seguridad pública nacional e injerencia en el sistema de justicia. El arrepentimiento de una mayoría ciudadana no se ha tardado en llegar y los uniformados van por más a no dudar.
DE LOS PASILLOS
El senado de la República es responsable de la supervisión, autorizaciones y otras tareas relacionadas con las Relaciones Exteriores, lo cual hace inexplicable su silencio porque, de nueva cuenta aparece México en la opinión internacional y no de la mejor manera. Se recrimina no se fije la posición del gobierno federal en torno a la decisión de Daniel Ortega, el autócrata quien se siente el dueño de Nicaragua y ha llegado al extremo de retirarles la nacionalidad a 122 ciudadanos cuyo pensamiento no es el suyo. Este dictador los expulsó y engaño al señalarles contaban con los documentos necesarios, suficientes, para hacerle frente al destierro. Chile, Colombia y Ecuador, se han pronunciado con severas críticas por el actuar de este dictador. El mandatario chileno fue claro: no se trata de izquierda o de derecha, son violaciones a los derechos humanos. Deja el tabasqueño, una vez más, muestras suficientemente claras de hacia donde marca su inclinación. Al mandatario cubano, cuyo ascenso al cargo fue producto del dedazo del hermano y heredero de Fidel Castro, quien además tiene a cientos de jóvenes en la prisión por haber osado criticar a su gobierno, pelear por la reactivación de sus derechos, en donde en esas cárceles se cometen todo tipo de atropellos, abusos, crímenes, en donde se tiene a los ciudadanos atrapados y siguen con la cantaleta del bloqueo como argumento buscando el apoyo económico de otros países, la lástima, y aprovechando la ignorancia gubernamental, entregan la máxima presea mexicana a un extranjero. AMLO desafió señalamientos y críticas de partidos de oposición y de miembros de su Movimiento y presumió la entrada de Nicolás Maduro a recintos de gobierno. Como ha sucedido en Venezuela, en donde también padecen los programas televisivos y radiales de este otro modelo de dictadorzuelo, se viene derrumbando todo el entramaje sobre el cual descansaba el gobierno, con muchas fallas, es cierto, pero avanzando sin llegar a la producción anual de millones de miserables. La corrupción como en ese país, se ha uniformado y con ello se canceló en México la esperanza de contar con una Institución cuya creación tenía el objetivo defender al pueblo de México, no solamente de los extranjeros sino de quienes pretendieran traicionar a la Patria. Así, lo esperado es se quede a la formación de este trío: Ortega, Díaz -Canel y Maduro, no se sume un apellido de origen español, tanto de parte de madre como de padre. El silencio mexicano ¿es apoyo, impunidad, cinismo, pretensión de llegar al gobierno feudal? Este posicionamiento debe tener alguna explicación y, en el presente, es exigible no solamente por parte de los mexicanos, sino de la comunidad hispana.
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