Al parecer la Secretaría de Economía (SE) sigue en su postura de no realizar una consulta indígena en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, en lo que podría ser una clara violación a los derechos de los pueblos originarios de elegir su futuro al apoyar un proyecto minero en la región.
El 24 de febrero, la SE, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, notificó al Juzgado Segundo de Distrito en Puebla que no es factible que la Minera Gorrión recupere las dos concesiones que fueron declaradas insubsistentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo el Máximo tribunal ordenó que se garantizará una consulta, libre e informada, a la que tienen derecho las comunidades indígenas de la región para determinar si se reconstituyen los títulos mineros.
La dependencia del Gobierno federal, cuyo lema es “primero los pobres”, estaría incumpliendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.
Además se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual es la base de muchas acciones que permiten a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros.
Esto queda de manifiesto con las declaraciones del alcalde de Ixtacamaxtitlán, Sipriano Vázquez Carmona, quien al igual que sus gobernados ve a la minería como una posibilidad para mejorar la vida de sus poco más de 25 mil habitantes , los cuales viven en rezago y alto nivel de marginación.
El edil solicitó a las autoridades estatales un estudio técnico para evaluar el proyecto de la empresa minera y de esta manera tomar una decisión que convenga a los intereses de sus habitantes.
De cancelarse el proyecto de la minera, se perdería una inversión de mil 174 millones de pesos para beneficio del municipio compuesto por 12 comunidades, afectando su desarrollo económico y social.
Ejidatarios de Santa María Zotoltepec, hicieron un llamado a que se lleve a cabo la consulta, pues de lo contrario se configura la imposición de una visión de desarrollo desde la más alta esfera de poder del Gobierno federal.
Las bola está en cancha de las autoridades, ¿estarán a la altura del reto que tienen enfrente de ponerse del lado de los que menos tienen?