Lilia Arellano
“No puede haber dictador sin su ejército”. Pancho Villa
● Autoritarismo
● Fallaron planes A y B, ¿sigue la puerta trasera?
● Se acumulan controversias constitucionales
Ciudad de México, 27 de marzo de 2023.- Para consolidar e imponer al actual régimen se intentó aprobar la reforma constitucional electoral la cual falló ante el cierre de filas de la oposición en el Congreso. Luego impulsaron reformas a leyes secundarias, surgiendo así el “Plan B”, para “destazar” al Instituto Nacional Electoral, controlar el proceso federal del 2024 y mantener la presidencia de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad en su contra y frenó por el momento las reformas. Ahora, va por controlar al INE con nuevos consejeros fieles al lopezobradorismo. Es el “Plan C” en marcha.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, advirtió que varias de las propuestas del Comité Técnico de Evaluación para nombrar a los nuevos consejeros del INE están “ligadas al gobierno y a Morena”, exhortando a los diputados a elegir perfiles neutrales y así lograr frenar este último plan conceptuado como la entrada por la puerta trasera para lograr los objetivos de apoderarse tanto del gobierno federal como de la mayoría de los estatales y por supuesto las curules.
“En Acción Nacional no permitiremos que se quiera destruir, ni por dentro ni por fuera, al Instituto Nacional Electoral, por lo que hacemos un enérgico llamado a las y los diputados para que, de las 20 propuestas realizadas por el Comité Técnico de Evaluación elijan por mayoría calificada a los 4 más capaces, con un historial intachable, que garanticen profesionalismo, independencia, neutralidad y credibilidad en las elecciones”. Al aplicar la SCJN una suspensión indefinida, se aprestan morenistas integrantes de la 4T a imponer consejeros “a modo”, extendiendo su ambición a quedarse con la presidencia del INE, con lo cual lograrían realizar los cambios anhelados y obtener resultados favorables en los comicios del 2024.
Son muchos, demasiados, analistas y expertos cuestionando lo “sospechoso” de las altas calificaciones obtenidas por ciudadanos ligados fuertemente a Morena, sobre todo considerando no tienen ninguna experiencia ni conocimiento de la materia electoral. Era de esperarse una reacción congruente de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación pero ¿cómo pedirle a una maestra de yoga los conocimientos sobre la materia? Este grupo debió declarar la no idoneidad, sin embargo rápidamente se dieron a la tarea de emitir la lista de 20 finalistas conformando así las quintetas para elegir a los 4 integrantes del Consejo General del INE, incluido el nuevo presidente del órgano electoral.
El ministro Javier Laynez Potise admitió la controversia constitucional del INE en contra del Plan B y concedió la suspensión en contra de todos los artículos de las leyes secundarias en materia electoral, deteniendo el “destazamiento” del INE: las leyes suspendidas obligaban al Instituto a causarse daños irreparables, poniendo en riesgo, en palabras del ministro Laynez, “los derechos político electorales de la ciudadanía”. Bajos las leyes suspendidas, el INE debía despedir a 6 mil funcionarios, entre ellos el 84% de los 2 mil 571 miembros de su corazón operativo, el Servicio Profesional Electoral Nacional.
También debía suprimir sus 300 juntas ejecutivas distritales, y reducir en 40% sus 32 Juntas Ejecutivas Locales (una por cada estado). Debía desaparecer tres funcionarios claves en cada distrito electoral. Primero, a los vocales distritales de Capacitación Electoral, encargados de “capacitar a los capacitadores”, es decir, a los miles de asesores de tierra quienes a su vez capacitan al millón y pico de ciudadanos encargados de atender las casillas el día de la elección. Segundo, a los vocales distritales de Organización Electoral, es decir, a los encargados de escoger los sitios donde se instalarán las más de 160 mil casillas necesarias, y las proveen de lo necesario: urnas, listas de electores, boletas foliadas, actas de resultados. Tercero, a los vocales distritales del Registro de Electores, responsables de actualizar el padrón electoral y manejar los módulos de entrega de la credencial de elector.
De acuerdo con los especialistas, sin las juntas y los funcionarios distritales mencionados, es imposible garantizar una jornada electoral como las rutinarias en México: efectivas, tranquilas, con resultados el mismo día, lo cual podría llevar a ocasionar conflictos electorales con unos comicios turbios y turbulentos, en varias regiones del país, previéndose serían sofocados con mano dura por parte de las Fuerzas Armadas al servicio del régimen.
Como es costumbre cuando se sufren reveses, desde el templete mañanero se acusó a los ministros de la SCJN de ser parte de la “mafia del poder” y partidarios de la oligarquía. El fin de semana, durante su gira de supervisión del Tren Maya por Quintana Roo, el inquilino de Palacio Nacional aseguró en forma sarcástica: “los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE están en contra de la reforma electoral porque quieren seguir ganando sueldos elevados, pues su único dios es el dinero y ese es el fondo del asunto.
“Es la misma mafia, son iguales que Ciro (Murayama), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben que es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”.
Por el contrario, los presidentes nacionales del PAN, PRI Y PRD, celebraron por separado el otorgamiento de la suspensión contra el segundo paquete de reformas. “La SCJN admitió la controversia constitucional del INE contra el “Plan B” de Morena, porque viola la ley y atenta contra la autonomía de nuestro órgano electoral. Que quede claro, no al abuso del poder de López Obrador y no a la destrucción de la democracia”.
A su vez, el ministro en retiro José Ramón Cossio llamó a la ciudadanía a estar atentos al proceso en materia electoral, y pidió defender a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, de las agresiones de algunas personas. En un video mensaje en el marco del segundo consejo del Frente Nacional, detalló: “Creo que es muy importante que como ciudadanos nos mantengamos alerta y que convoquemos a quienes podamos; que trabajemos para la posibilidad de una mejor realización de nuestra democracia”. Cada ciudadano, agregó, sabe por quién votar y de qué manera emitir su derecho ciudadano, sin embargo, precisó, todos deben participar para mantener viva la democracia del país.
DE LOS PASILLOS
Ahora fueron las comisionadas y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quienes interpusieron, este lunes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la controversia constitucional demandando la falta de nombramientos para cubrir las vacantes del Pleno. La falta de nombramientos de las posiciones vacantes en el órgano de dirección de este Instituto vulnera de manera directa el diseño institucional establecido por la Constitución para la integración del Pleno de este órgano autónomo, “con lo cual se transgrede el principio de colegialidad que lo caracteriza”. Recordaron que sin los comisionados que se requieren, se inhabilitaría al Pleno para sesionar válidamente…
Mientras el escándalo político crece, la corrupción avanza bajo la sombra de la impunidad. No solamente es Segalmex, sino los asuntos pendientes como el de Lozoya, el de las compras infladas en el Metro desde los tiempos del “carnal” Marcelo y su secuaz el Mario Delgado, la desaparición de dinero en el Insabi, en Notimex, en Comunicaciones y Transportes y la oficialización del cobro de piso, del impuesto por las mafias causando terror y en la 4T suficientemente visto en el Instituto para robarle al pueblo lo robado, de contándole a los empleados el 30 por ciento de su salario argumentando recaudación “para la causa”, tal y como lo hiciera la delincuente electoral convertida en candidata a gobernadora del Estado de México Delfina Gómez, aunque ésta siguiendo un estilo católico, solo pedía el 10 por ciento. Con ese tipo de acciones y los personajes contratados ¿les podemos tener la confianza para el conteo de votos, para llevar a cabo procesos electorales limpios?
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