La violencia política en México es una problemática que se ha incrementado en este sexenio, pues los ataques vienen directo del titular del Ejecutivo en contra de sus detractores, quienes son ridiculizados, amedrentados y hasta amenazados por no seguir su línea política.
En abril del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, llamaron “traidores a la patria” a los diputados que se negaron a aprobar la reforma energética.
Estas declaraciones tuvieron consecuencias jurídicas, que lamentablemente no procedieron y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que desechar el caso, justificando que las “calumnias” se realizaron después de la función política, no antes y durante, por lo cual no entorpecieron el actuar de los servidores públicos.
Y como sucede comúnmente cuando un crimen no es castigado, se vuelve a repetir, el presidente y su partido se saben intocables y se aprovechan de la total impunidad que gobierna el país y que ellos mismos provocaron, para desatenderse de la violencia que generan, que para ellos es un inocente “chascarrillo”, pero para sus miles de fanáticos representan un reto en busca de complacer y obtener la aprobación de su líder.
Desde ese entonces se ha normalizado la violencia y el acoso público contra toda persona que no esté de acuerdo con las ocurrencias del presidente y sus allegados, lo que nos hace preguntarnos ¿dónde quedó la democracia que tanto pregonaban?
Dos de los pilares de la democracia, son la libertad y la dignidad, características que son cada vez más escasas en la política mexicana, por que los líderes del país en lugar de influenciar a la sociedad hacia el anhelado orden y progreso, parece que están empeñados en retroceder, incitando al odio, sobre todo contra las mujeres.
El más reciente caso sucedió el 19 de Marzo pasado con la quema simbólica de la ministra Norma Piña en una manifestación convocada por López Obrador, la cual se sabe públicamente no es del agrado del presidente, pues no trabaja en favor de los intereses particulares del mismo que rondan en prolongar su poder y el del partido.
El evidenciar su descontento y oposición a la ministra solo contribuye a su descalificación, generando una desconfianza sistemática a una de las instituciones principales encargada de impartir justicia y abre espacio al cuestionamiento de su capacidad para ejercer un cargo público que se ganó por elección y mérito.
Ahora habrá que preguntar ¿qué sintió la ministra cuando vió quemada su efigie?
Según datos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) de 2020 a 2021, el 63.3% de los perpetuadores de la violencia política fueron hombres, pero queda comprobado que también lo pueden ser los medios de comunicación, partidos políticos, servidores públicos y mujeres.
Si el escenario actual es conflictivo y coercitivo, ¿qué nos espera para las elecciones 2024? ¿debemos prevenirnos ante una avalancha de violencia política e institucional?, solo porque Morena se niega a reconocer sus errores e intentará bajo todos los medios, incluso los ilegales, continuar en el poder.
