Por Gabriel García-Márquez / Columna Sentido Común
Como consecuencia del incendio que causó la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, fueron detenidos tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM). Uno de ellos fue Eduardo Apodaca, quien se desempeñaba como jefe de Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, el segundo fue Juan Carlos Meza que era subdirector del Grupo Beta de Protección a Migrantes y la tercera es Cecilia Rivera, quien era funcionaria de migración.
También hay orden de aprehensión contra el contralmirante retirado Salvador González Guerrero, que fungía como delegado del INM en el estado de Chihuahua, aunque aparentemente este sujeto nada más tendrá que presentarse a declarar.
Además, ya se habían girado anteriormente órdenes de detención en contra de otros seis implicados, de los cuales ya se han detenido a cinco.
Por otra parte, están citando a declarar a Francisco Garduño, comisionado del INM y a Antonio Molina, jefe de Control y Verificación Migratoria, quienes tendrán que comparecer el 20 y 21 de abril próximos.
Como siempre sucede, cuando se trata de buscar culpables, se tira la red y a ver quién cae, de modo que Francisco Garduño y Antonio Molina se encuentran en riesgo de ser procesados, aun cuando por sentido común, aun cuando en efecto la obligación del comisionado es “vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”, pues para eso se delegan funciones, pues ni modo que el titular que despacha en las oficinas del INM en la Ciudad de México, esté al pendiente de lo que sucede en todas las instalaciones de la dependencia a su cargo en distintos puntos del territorio nacional.
Resulta contradictorio que cuando hace dos años colapsó la Línea 12 del Metro de la CDMX, en que hubo 26 muertos y 100 heridos, tuvo que pasar un año para que llamaran a declarar a la directora Florencia Serranía, quien nunca fue declarada responsable del trágico accidente y siguió despachando como si nada hubiera sucedido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha elogiado el trabajo y honestidad de Francisco Garduño, pero aún lo tienen en la mira como presunto responsable del fallecimiento de los migrantes.
En efecto es imperante que se haga justicia, pero deben fincarse responsabilidades a los directamente implicados en los hechos, sea personal del INM o personal subcontratado para garantizar la seguridad en la estación migratoria donde sucedió el terrible incendio. Es importante que se haga justicia, pero no deben pagar justos por pecadores. En todo caso quien debe hacerse responsable es el delegado de migración del estado de Chihuahua y quien haya decidido no abrir las rejas.
