Palabra de Antígona
Sara Lovera
La Secretaría de Marina tomó el viernes pasado el control de Ferrocarril del Sureste (Ferrosur), en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en Cosoleacaque. Se trató de una acción sorpresiva e inusitada, propia de un asalto militar. El pretexto fue un decreto publicado ese día en el Diario Oficial de la Federación, donde se informa la expropiación inmediata de tres vías férreas de la empresa, en favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Un asalto militar en fin de semana para ejercer un “derecho” desde el gobierno; una acción preocupante, más allá de las justificaciones y la discusión de si se trató o no de una expropiación. Fue un mensaje para la población mexicana sobre cómo día a día la vida militar suple la vida civil.
Desde la perspectiva de las mujeres, la militarización fortalece y potencia el incremento de la violencia de género. Y el asalto sorpresivo y concreto atenta contra los derechos de quienes ahí laboran; hoy, en la incertidumbre. Efecto que llega a sus hogares.
Sucede en Veracruz, una entidad de altos índices de feminicidios y crímenes de odio, donde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tiene la Recomendación 51VG/2022 por violaciones graves contra una mujer, torturada y abusada sexualmente, luego de su detención y traslado a esa entidad.
Lo de la madrugada del viernes fue un ejercicio de poder y de fuerza de una administración fallida, sostenida en el poder militar-patriarcal, ante el fracaso del diálogo y la pluralidad. Sin duda, una acción visible y contundente del incremento del poder y la presencia de las fuerzas armadas en todo el país.
Hoy, los militares patrullan las calles y hacen labores de seguridad pública; gestionan el flujo migratorio y vigilan, armados hasta los dientes, las playas; gestionan megaproyectos, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, y aparecen frecuentemente al lado del presidente en las conferencias mañaneras.
Además, se van diluyendo, peligrosamente, contrapesos políticos, y se justifica la presencia del Ejército, apelando a la confianza de la ciudadanía en los militares.
De ahí que la organización feminista Intersecta se pregunta ¿cómo podemos entender este proceso? ¿Cuáles son sus ventajas —si es que existen— y sus riesgos? ¿Qué sabemos sobre la militarización y los efectos que ha tenido hasta hoy? ¿Qué nos dice sobre el modelo de seguridad y de política que tenemos?
¿De qué maneras la militarización se entrecruza con distintos sistemas de opresión, como la xenofobia y el machismo, y los refuerza? ¿Cómo pensar todo esto desde las mujeres y desde una perspectiva feminista? Son cuestionamientos, a propósito de un seminario que se inicia este 31 de mayo, para pensar de manera colectiva cómo encontrar respuestas.
Ya tenemos ya muchas experiencias sobre las consecuencias de la presencia militar en los cuerpos y las vidas de las mujeres y en el control de pueblos y comunidades. No hay que olvidar 1994, cuando se asentaron en Chiapas, tras la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las violaciones a tres indígenas tzeltales en Altamirano, ni 2006, cuando ocurrió la violación colectiva a mujeres en Monclova, Coahuila. O cómo se las identifica por Amnistía Internacional por sus acciones policiacas. También hay que tener presente lo que nos dejó la estela de abusos en la región trique, en Oaxaca, o sus huellas en Guerrero, durante años.
Estos hechos, sus consecuencias y los testimonios que conocemos tendrían que quitarnos el sueño, preocuparnos profundamente, de cara a la tentación de normalizar un estado patriarcal/militar/autoritario, donde crece este poder, sin respuesta de la ciudadanía. Veremos…
*Periodista, directora el portal informativo https://www.semmexico.mx
