La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, bajo ninguna circunstancia y por ningún aspecto, va a aceptar el pensamiento radical de Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual pretende privar al Poder Judicial Federal y a la justicia del control de la constitucionalidad de las leyes, para trasladarla al Poder Ejecutivo Federal, porque ello solo podría resultar favorable a un régimen donde impera la ausencia total y absoluta de las estructuras gubernamentales; contrario ello, al espíritu de nuestra Constitución Política.
Si el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador, en un remoto caso se cumpliera, quedaría permanentemente quebrantado el equilibrio existente y tan difícil de conservar entre los Poderes de la Unión. Si el Poder Ejecutivo Federal llegara a conocer con sus planes de la “a” a la “z”, de cuestiones constitucionales, sin contar con nuestro sagrado juicio de garantías y amparo, surgiría el abuso que pretende y el latente peligro de un choque de poderes, en virtud de que el Primer Magistrado de la Nación se sentiría con la capacidad de derogar las leyes en funciones de ignorancia y arbitrariedad, para convertirse con ello en Presidente de un Reich.
¿Se entiende la gravedad de ese absurdo pensar?
México lo que requiere, por tanto, es fortalecer a nuestro Poder Judicial Federal, librándolo del fenómeno de corrupción que lo permea y, que siga dando continuidad a sus férreas defensas constitucionales, de modo tal que nuestros jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean inmunes contra toda injerencia indeseable del Poder Ejecutivo Federal.
Jamás en nuestro México el presidente de la Nación debe de gozar de supremacía sobre los actos que sólo resultan ser competencia de la justicia. El conocimiento del principio de constitucionalidad solo es incumbencia de nuestros jueces, magistrados y ministros, por requerir ello un conocimiento previo de leyes, un largo estudio y gran experiencia, de las que carece Andrés Manuel López Obrador.
De las líneas a vuela pluma expuestas, se puede concluir sin equívoco alguno, que la consecuencia y el riesgo de que la justicia se contamine de política, es el equivalente de iure de que el Poder Ejecutivo Federal nulifique las leyes que rigen y mantienen nuestro Estado de Derecho.
Localizada la esencia de la errónea conducta deseada en el pensar de Andrés Manuel López Obrador, sólo resta que la abogacía independiente de la República afirme: así no es Andrés.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
