Redacción Mx Político.- A tres años de la implementación de la reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres en México, la sanción de esta problemática sigue enfrentando obstáculos significativos.
Desde la interpretación de los comportamientos hasta el temor de las víctimas a represalias, diversas complejidades dificultan el proceso.
El 4 de agosto, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador había cometido violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial opositora. Este caso destapó las dificultades que las autoridades electorales confrontan al intentar comprender y juzgar estas conductas.
Recientemente, Ricardo Salinas Pliego rechazó la orden del INE de detener la violencia de género ejercida contra la senadora de Morena, Citlalli Hernández. Aunque no es un funcionario público, Salinas Pliego volvió a insultar a Hernández, planteando nuevas interrogantes sobre la efectividad de las sanciones.
Encuestas realizadas a ex-candidatas revelan que el temor a represalias en sus partidos y la desconfianza en las autoridades encargadas de procesar los casos son las principales razones que inhiben las denuncias. La abogada y experta en violencia de género, Patricia Olamendi, advierte sobre la baja cantidad de denuncias y sanciones hasta la fecha, subrayando que solo 289 individuos han sido sancionados en más de dos años, una cifra ínfima en relación a la multitud de candidatas en ese período.
La reforma en materia de violencia política de género entró en vigor el 14 de abril de 2020, introduciendo cambios en seis leyes generales y dos leyes orgánicas. Esta reforma identificó la política como una nueva modalidad de violencia contra las mujeres, describió sus manifestaciones y estableció sanciones para los infractores.
A pesar de este avance, la interpretación precisa y la aplicación coherente de la normativa siguen siendo desafíos, y el debate en torno a lo que constituye violencia política en razón de género continúa, explorando los límites entre esta conducta y la libertad de expresión.
El objetivo central de esta nueva normativa es garantizar la participación plena de las mujeres en los procesos políticos sin el obstáculo de la violencia.
Aunque se han dado pasos en esa dirección, queda evidente que aún hay un largo camino por recorrer para erradicar esta problemática arraigada en la esfera política de México.
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