“Una dictadura es un estado en el que todos temen a uno y uno a todos”: Alberto Moravia.
• Todos somos “soplones”
• Publican reglamento de Ley Anti-lavado
• Autoridades traspasan responsabilidades
• “Sospechosas” actividades empresariales
• Avanza reingeniería gubernamental en QR
• Dejan el peor negocio a Pemex: Cárdenas
Agosto 16, 2013.- A través del simple mecanismo de una ley y un reglamento publicado apenas este viernes en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades federales convirtieron a ciudadanos comunes y corrientes en fiscales investigadores y los obligan a realizar acciones policíacas y de inteligencia financiera que deberían corresponder exclusivamente a las autoridades competentes. Un fenómeno social que podríamos definir como delirio social de persecución es lo que podría detonar en muy corto tiempo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo reglamento fue publicado ayer y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, y que convierte de facto a las personas físicas y morales en “soplones” de la autoridad, pero cuyas acciones ahora obligatorias para los ciudadanos deberían ser responsabilidad y competencia exclusiva de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria.
El reprobable terrorismo fiscal que tradicionalmente aplican las autoridades hacendarias ha sido subido a un nivel superior con esa legislación, pues el decreto precisa la reglas que están dirigidas a recabar por parte de los ciudadanos comunes y corrientes, elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.
El reglamento de la denominada “Ley Anti-lavado”, hace énfasis en las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos por parte de quienes realicen –personas físicas o morales- por su ocupación o profesión las “actividades vulnerables”, en las que se encuadran prácticamente toda actividad comercial y empresarial en el artículo 17 de la ley, pero que cuenta con lagunas tan grandes como la compra-venta de autos importados –legal o ilegalmente-, así como las restricciones al manejo de dinero en efectivo en dichas operaciones, las cuales entrarán en vigor a los 60 días a la entrada en vigor del reglamento de referencia.
Para empezar, quienes realicen las “actividades vulnerables” deberán estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente a fin de realizar las acciones relativas al alta ante el SAT para la presentación de los avisos. Precisa que con el fin de que las personas que realicen las “actividades vulnerables” estén en posibilidades de remitir los avisos correspondientes, deberán enviar, a partir del 1 de octubre de este año, la información referida en el artículo 12, a través de los medios electrónicos y mediante el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF.
Es de resaltar que dichos avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionadas con las “actividades vulnerables” que hayan sido realizadas a partir del 1 de septiembre de 2013, fecha de entrada en vigor del reglamento. De acuerdo con dicha legislación se considera como “actividades vulnerables” la venta de boletos, fichas o cualquier otro comprobante similar, a algún acto u operación por medio del cual se reciban recursos que permitan la realización de actividades vinculadas con la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.
También son considerados en dicha categoría, los instrumentos de almacenamiento de valor monetario, los vales o cupones impresos o electrónicos, que puedan ser utilizados o canjeados para la adquisición de bienes o servicios, cuando su emisión o comercialización sea por una cantidad igual o superior al equivalente de 645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal por operación, con lo que serán objeto de aviso. Asimismo, serán objeto de la misma acción, los monederos electrónicos, certificados o cupones, en los que al titular le sean abonados recursos provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivados de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la compra de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor o para la disposición de dinero en efectivo, cuando su emisión sea por una cantidad igual o superior al equivalente de 645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal por operación.
Esta ley también considera “actividades vulnerables” la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como la de cheques de viajero, la prestación de operaciones de mutuo , de garantía, de crédito o prestado realizada por personas distintas a las entidades financieras, como las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes). De igual forma, las actividades de desarrollo de inmuebles, de joyería, distribuidores de automóviles, comerciantes de vehículos aéreos o marítimos, empresas que den servicios de blindaje y que trasladen valores o dinero. También las asociaciones o fundaciones, inmobiliarias, notarias, corredores, fedatarios públicos, agentes aduanales y joyeros.
El reglamento de la “Ley Anti-lavado” establece que al momento de recibir monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos para llevar a cabo un acto u operación y ésta se cancela o requiere una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con la que se realizó la operación.
Todos los actores anteriormente mencionados tendrán la obligación de identificar a sus clientes que realicen operaciones sospechosas, reportar éstas actividades con el cliente plenamente identificado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y conservar los datos de casa clientes o usuario durante 10 años.
Esta ley y su respectivo reglamento, que responden a medidas implementadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), provocan que millones de mexicanos vean alteradas sus actividades y multiplicadas diversas áreas con las consecuentes pérdidas económicas, independientemente de que en el caso de las pequeñas y medianas empresa se tendrán que hacer diversas adecuaciones que pueden llegar a tener un costo mínimo de 50 mil pesos, capital importante para este sector.
Esas normas imponen la obligación de conocer a los clientes, pero en el país hacen falta las bases de datos. En estos momentos, no es posible verificar ni siquiera el Buró de Crédito o confirmar si una persona tiene registro en el IFE, menos si está sujeto a investigación o si es sospechoso. No hay bases de información en donde sostener esos reportes. Además, es totalmente desconocida la eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR, a la que se le impone el reporte de bases de datos, pero no tiene la capacidad humana ni tecnológica para poder brindarnos ese análisis.
Así, la Ley Anti-lavado y su reglamento, nos dejan más dudas y más temor.
REACOMODOS LOCALES
Las adecuaciones federales obligan a las autoridades estatales a implementar medidas que controlarán también las operaciones municipales, todo ello a través de los poderes legislativos de cada localidad. A sabiendas de que en el futuro próximo estarán debidamente autorizadas las reglamentaciones sobre las formas y requisitos que deberán reunirse para que las Entidades puedan acceder a créditos y establecidas las normas de aplicación tanto de empréstitos como de gasto público, en algunos puntos ya se dieron a a la tarea de presentar sus propias reingenierías gubernamentales.
Un caso lo tenemos en Quintana Roo en donde centraron la atención en la decisión del gobernador Roberto Borge de bajar en un 25 por ciento su salario. Tal medida fue aplaudida sin el menor reparo, pero no aparece este punto como el verdaderamente medular en la práctica aunque sí hay que reconocer su efecto mediático y el causado entre la clase trabajadora que percibe salarios infinitamente menores que los de los funcionarios. Este fue si acaso un primer punto de los que se habrán de aprobar en las próximas sesiones del Congreso local.
Tendrá lugar la fusión de la Secretaría de Cultura con la de Educación de tal manera que volverán a sus inicios con adaptaciones en su organigrama que permiten ahorros sustanciales. Igual es el caso de la de Planeación que se adhiere a la de Hacienda, como en el pasado reciente. Según los legisladores, esta determinación de ninguna manera generará desempleo masivo ya que siguen las mismas necesidades en el desempeño de funciones y en los resultados que de cada área espera la ciudadanía. La reducción del gasto viene de otras partidas: rentas, luz, teléfono, menos funcionarios de primer nivel, se deja de gastar en una nómina especial para titulares, subsecretarios, jefes de área y el despliegue de personal que cada uno de ellos tiene y que incluye a los asesores.
Pero hay mucho más. Está la tabulación de salarios y la homologación de los mismos, registros en los cuales también aparecerán renglones como compensaciones y otras prestaciones que en la actualidad tanto los secretarios como los presidentes municipales y los titulares de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, otorgaban discrecionalmente, sin medida, aplicando el “de acuerdo al sapo es la pedrada”. Porque en este control aparecen no sólo los Ejecutivos tanto estatales como municipales y todo su cuerpo edilicio o aparato gubernamental, sino magistrados, jueces, diputados, etcétera.
Al cuestionamiento que surge sobre las revisiones de las cuentas públicas y la ausencia de responsabilidad sobre todas aquellas que son aprobadas y de las cuales surgen posteriormente pruebas de malas aplicaciones, que ni se aclaran, ni aparecen culpables y mucho menos se reintegran los fondos a las arcas públicas, se verá en el futuro que el renglón más voluminoso, el que comprende las nóminas y que prácticamente ocupa más del 50 y hasta el 60 por ciento de los presupuestos, podrá ser revisado concienzudamente por cualquier legislador sin que deba tener especialidad profesional en estas tareas.
Bastará con esa revisión basada en la comparación y en el cumplimiento de los tabuladores respectivos para advertir si hubo alteraciones o violaciones a lo que ya será una ley. No se trató solamente de la reducción de un salario sino de los de muchos que nominalmente tenían mayores percepciones que las del gobernador en turno. De esta manera ha dado comienzo toda una reingeniería que también parece haberse adelantado a los cambios que se tendrán en materia tributaria ya que se aprobó un incremento de un punto al impuesto sobre nómina.
Al respecto y mientras que lo primero ha sido aplaudido fuertemente e igualmente publicitado el respaldo por la iniciativa privada en todos los sectores, el pagar más impuestos ha mostrado el rostro del rechazo y las amenazas que, como siempre, inician con los despidos masivos en momentos de gran crisis como los que se atraviesan en el presente. Este Impuesto, hasta donde se sabe, en Quintana Roo, debe ser aplicado a educación, esa es la etiqueta, es el rubro al que debe dirigirse todo lo recaudado. Y, de ser así, apenas es un Mejoral para el gran cáncer que ya se padece en ese renglón y que no es privativo de esta Entidad, sino de todo el país.
Todo apunta a que en el futuro habremos de fijarnos más en la aplicación de los Impuestos, revisar que se aplique puntualmente cada partida presupuestal al destino que se le marcó, porque no habrá marcha atrás en el incremento de éstos y no sólo a nivel local sino los federales ante lo cual no tenemos los ciudadanos otra salida que liquidarlos puntualmente, aún y cuando estemos convencidos de que sus efectos son recaudatorios y no generarán los beneficios tan anunciados. Por lo que en su correcta aplicación encontraremos el inicio del camino que se sigue en otros países en donde en verdad los ciudadanos tienen muestras palpables de la aplicación de sus aportaciones.
Esta etapa en la que se verán también las deudas municipales dará oportunidad de que sean frenados todos esos abusos que a través de pagos sin ningún efecto favorable realizan los alcaldes. Ejemplos muy claros los tenemos en Tulum y en Solidaridad, en donde como copia de lo que ha hundido a Cancún inflaron las nóminas y los ingresos provenientes de varias partidas se ocuparon en mantener estructuras políticas de quienes han ambicionado poderes mayores. En particular y según ha sido revelado por los propios titulares de esas presidencias municipales, los rubros de mayor peso eran los dedicados a enviados, protegidos, empleados, estructura del actual subsecretario de turismo Carlos Joaquín.
No deja de sorprender esa revelación ya que la mala práctica se mantiene en la actualidad aún y cuando el ex alcalde de Solidaridad cuenta con presupuesto en su dependencia para pagar el salario de sus propios colaboradores. Aunque esto puede explicar en parte, solo en una pequeña parte porque la otra es incomprensible, el hecho de que los reportes que emite la Secretaría de Hacienda coloquen a don Carlos y su oficina como la que registra un mayor subejercicio cuando, sabido y comprobado está, la actividad turística es prioritaria tanto en las Entidades en donde su desarrollo es potencial como para aquellas que ya la ven como una alternativa generadora masiva de empleos.
Con los controles de estas nóminas se da un paso que sin duda evitará que se sigan hundiendo las finanzas municipales. Es la aparición de la ejecución política del poder Ejecutivo local y de una labor que los legisladores debieron haber desempeñado desde hace mucho tiempo, aunque todavía falta que ellos también resulten responsables de las malas revisiones y sean los que apliquen penalidades y exijan la devolución de los dineros desviados a cuentas personales o mal aplicados como es el caso de Solidaridad y Tulum en los que las sumas millonarias provenientes de participaciones federales, estatales, las otorgadas a través de varios tipos de créditos, a las que se deben agregar las recaudadas y los beneficios que éstas pudieron aportar en obra pública y servicios no se encuentran por ningún lado, salvo, claro está, en el cobro permanente de decenas, centenas de “operadores políticos”, recomendados, familiares, cuates, aviadores y obviamente en el contenido de varios ceros más a las cuentas personales no sólo de los alcaldes sino de sus funcionarios y regidores.
Ya se verán los resultados y no pasará mucho tiempo para ello. El punto agregado al Impuesto debe ser visto en la reparación de escuelas y en la dotación de equipo de manera inmediata, antes de que terminen las remodelaciones de los nuevos titulares de esa área. Ojala que el empeño de Roberto Borge no sea derrumbado por su propio equipo.
DE LOS PASILLOS
El tema de la reforma energética sigue ocupando un lugar central en las preocupaciones de los ciudadanos conscientes de la importancia que tendrá cualquier modificación a los artículos constitucionales en la materia que garantizan que la riqueza petrolera sea del pueblo mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto sigue ocupado en “convencer” a la población de las “bondades” de su propuesta, sin mucho éxito por cierto. Al recibir en la residencia oficial de Los Pinos al club de futbol “América”, lo que sin duda le resta muchos seguidores, sostuvo que con las reformas que impulsa busca romper las inercias y cambiar lo que no funciona en el país.
Del otro lado del escenario, Cuauhtémoc Cárdenas acusa que la reforma energética de Peña Nieto busca dejarle la peor parte del negocio a Pemex, mientras que los particulares se llevarán la mejor parte de la renta petrolera. En una entrevista radiofónica, el líder de izquierda dijo que “si el particular va a intervenir en la conducción de líquidos por ductos, que es un área exclusiva de Pemex, si el particular va invertir en los centros de almacenamiento, si va a intervenir en la refinación y va a intervenir también en la explotación, entonces va a compartir el manejo de los yacimientos”. Cárdenas llamó a cambiar el régimen fiscal de Pemex y a concederle autonomía presupuestal. El próximo lunes, Cárdenas Solórzano presentará en el Monumento a la Revolución la propuesta de reforma energética del PRD.
La organización Amnistía Internacional (AI) señaló que la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no presentar cargos contra agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon y mataron a dos jóvenes mexicanos en incidentes separados en 2011, aumenta la impunidad y pone en entredicho el uso de la fuerza de los agentes de seguridad en ese país. AI reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos a que modifiquen sus políticas de uso de la fuerza para minimizar posibles daños y lesiones y se eviten más casos de muertes.
El Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb, cesó al jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, aunque no se dieron a conocer los motivos de tal decisión. Esa área de la PF es responsable de contener y combatir los índices de inseguridad en todo el país, y se encarga de los operativos contra el crimen organizado en zonas como Michoacán, Guerrero, Tijuana y Cuernavaca. Al frente de esa división fue designado Antonio Garza García, quien es especialista en temas de seguridad.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
