Por Mouris Salloum George
El aumento de personas fallecidas por sobredosis de drogas ilegales y con receta, está llevando a ciertos países a niveles estadísticos alarmantes. La presión desde Estados Unidos, con 100 mil muertos solo en 2022, únicamente por el muy letal fentanilo, está moviendo conciencias.
Eso quedó patente en la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe sobre Drogas, que tuvo lugar en Cali, Colombia, -clausurada el 9 de agosto reciente- con la asistencia del mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de su homólogo Gustavo Petro, como anfitrión; además -por la parte mexicana- la canciller Alicia Bárcena.
Ahí el presidente AMLO fue directo contra el fentanilo, que envenena a los estadounidenses: “Aunque no sea un problema nuestro o que no nos afecta de manera directa, tenemos la obligación moral, por humanismo, de participar”.
Hizo un llamado a los países de la región a responder al tráfico de drogas con un nuevo criterio que fortalezca los valores: “No solo aplicar medidas coercitivas”.
Al reconocer el fracaso de la estrategia contra el flagelo, impulsada desde Washington hace 50 años, coincidieron en buscar un nuevo consenso regional, un cambio de paradigma mundial. El enfoque actual arroja un millón de muertos y un trillón de dólares en gasto militar, latinoamericano y caribeño, sin los frutos pretendidos.
La canciller de México precisó que el objetivo de la importante reunión fue construir una reflexión común para llegar a la Cumbre Internacional de Drogas en 2025, con una visión unificada.
El documento final resumió puntos en los que acordaron abordar con enfoque integral el problema mundial de las drogas, “reconociendo las causas estructurales: la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades”, precisó Bárcena.
La Conferencia dio paso a reclamos en los que exigieron más acciones antidrogas a los países consumidores, desde la perspectiva de que la demanda alienta la oferta.
Los congregados plantearon la necesidad de avanzar conjuntamente, en revalorizar el uso ancestral de ciertas plantas; y pidieron privilegiar la perspectiva de salud pública, prevención y descriminalización de los productores tradicionales.
Sea como fuere, el camino hacia el control y reducción sustancial del problema es largo, pero debe acometerse. No debe olvidarse que el impacto social y económico de las drogas se refleja en el potente efecto corruptor y degradante del tráfico y consumo de los estupefacientes, así como en el fuerte aumento de los costos de la atención a la salud. Todo eso sin minimizar los crecientes presupuestos invertidos en vigilancia policial y militar para detección y erradicación de cultivos y decomisos.
Si bien, México no alcanza todavía los niveles de consumo alarmantes, lo cierto es que se registran aumentos sostenidos.
Lo más grave en el país son los más de 165 mil muertos que –hasta el 12 de septiembre del presente sexenio- han dejado los enfrentamientos entre las mafias que se disputan las rutas y los mercados.
Todos los enfoques y estrategias deben complementarse contra este mal de nuestro tiempo. El enemigo es muy grande, por eso las soluciones deben ser audaces y mayores.
Fin
