José Alberto Sánchez Nava
1.-En el ámbito político mexicano, la propuesta del Senador Alejandro Rojas Díaz Durán del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, para otorgar a los expresidentes mediante una reforma Constitucional, la investidura de senador sin participación en votaciones ni quórum tras concluir su mandato, ha generado un perspicaz debate en la opinión pública. Este planteamiento, inspirado en las senadurías vitalicias de países como Paraguay e Italia, plantea la interrogante sobre si es adecuado otorgar un cargo de estas características a quienes al término de su gestión gobernaron la nación.
2.-El propósito de esta inviable iniciativa es, según lo argumentado por el citado Senador Rojas, es aprovechar la experiencia y sabiduría acumulada durante su ejercicio como presidente de la República. Sin embargo, la peculiaridad de este planteamiento radica en que los expresidentes solo tendrían voz y opinión, sin participación activa en las votaciones o en la formación del quórum. Asimismo, no recibirían un salario, aunque tendrían acceso a ciertos recursos para ejercer su función senatorial. Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de dicha iniciativa, el dardo fue lanzado por el Senador Rojas para que el senado tome una determinación sobre la reforma al artículo 56 Constitucional a fin de constituir esa senaduría honorifica que tiene como efecto el fuero constitucional.
3.-En apariencia, esta propuesta podría ser vista como una forma de otorgar un fuero especial a los expresidentes, protegiéndolos de posibles juicios relacionados con actos cometidos durante su mandato. La crítica más contundente sostiene que este cargo, en esencia ociosa y carente de poder de decisión, se configuraría como una artimaña para evitar procesos judiciales por presuntos delitos cometidos durante su administración. Y con ello quebrantar el artículo 87 de la Constitución que establece los términos de protesta del cargo de Presidente de la República, en el sentido que de no cumplir con la Carta Magna y las leyes que de ella emanen “Que la Nación me lo demande” solo que ahora con “fuero” de Senador aunque éste sea honorario.
4.-Esta preocupación no es infundada, ya que la Constitución de México establece que ningún ciudadano puede ser sometido a juicio sin previa acusación de las autoridades competentes. Si la propuesta busca blindar a los expresidentes de la acción de la justicia, se estaría contraviniendo el principio de igualdad ante la ley y se pondría en peligro la base misma de nuestro Estado de Derecho.
5.-La idea de una senaduría honoraria para el presidente, que le otorgaría fuero constitucional, plantea una paradoja intrigante. Por un lado, se busca proteger al presidente de posibles acciones legales que puedan surgir tras su mandato, permitiéndole expresar su opinión en el Senado sin participar activamente en las votaciones ni en la toma de decisiones legislativas. Sin embargo, por otro lado, sus colaboradores y ex colaboradores quedarían desprovistos de este fuero, dejándolos vulnerables a investigaciones y posibles procesos penales.
6.-Esta situación plantea un dilema ético y político. Si los colaboradores del presidente se ven privados del fuero constitucional y quedan expuestos a la responsabilidad penal por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, podrían convertirse en los chivos expiatorios de decisiones que, en última instancia, fueron tomadas por el presidente o bajo su mando. Esta realidad plantea cuestionamientos profundos sobre la equidad en la aplicación de la ley y la justicia en nuestro país.
7.-En ese sentido, la fiebre de candidaturas entre funcionarios públicos que enfrentan graves señalamientos por delitos en el ejercicio de sus funciones, es un fenómeno que parece estar ganando terreno en diversas esferas gubernamentales, lo que plantea serias interrogantes sobre la integridad de nuestro sistema democrático y la percepción de impunidad que lo rodea. En el ámbito de la salud, uno de los sectores más sensibles especialmente en tiempos de pandemia, hemos sido testigos de casos donde altos funcionarios se mantienen en sus cargos mientras enfrentan indagatorias por presuntos actos irregulares o corruptos. La persistencia en estos puestos no solo levanta suspicacias sino que también plantea dudas sobre la efectividad de los mecanismos de control y rendición de cuentas en nuestra sociedad.
8.-El anhelo de funcionarios públicos para obtener fuero constitucional se presenta como un posible incentivo detrás de esta tendencia. Este mecanismo legal, diseñado para proteger a los representantes del pueblo, en ocasiones se ha visto desvirtuado y utilizado como un escudo para evadir la justicia y perpetuar la impunidad. El fuero constitucional, concebido para garantizar que los integrantes del poder ejecutivo ya sean como funcionarios con o sin investidura política en un cargo de elección popular no sean perseguidos políticamente, se ha transformado en un objetivo ambicionado por algunos funcionarios, en especial aquellos que enfrentan acusaciones por corrupción, incompetencia, culpabilidad o malversación de fondos públicos. Esta situación provoca un cuestionamiento profundo sobre la verdadera vocación de servicio de quienes buscan acceder a una posición que, en teoría, debe estar guiada por el bienestar y la justicia para todos.
9.-La fiebre de candidaturas entre funcionarios públicos bajo investigación por presuntos delitos graves pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer nuestras instituciones y promover una cultura política de transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos reconstruir la confianza en nuestro sistema democrático y avanzar hacia un futuro donde la integridad y la ética en el ejercicio del poder sean la norma y no la excepción.
10.- En este escenario, la sociedad tiene un papel crucial que desempeñar. Es fundamental que los ciudadanos estén informados y ejerzan su derecho al voto de manera consciente y crítica. La transparencia y la responsabilidad son valores que deben exigirse a todos los aspirantes a cargos públicos, especialmente a aquellos que buscan un cargo, después de haber atentado en contra de áreas tan vitales como la salud en medio de una crisis sanitaria global.
