En una sentencia contundente a favor del derecho a la privacidad, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica declaró inconstitucionales secciones de la principal ley de vigilancia de las comunicaciones del país en febrero de 2021.
El tribunal dio al Parlamento tres años para aprobar una nueva ley que solucione los puntos de inconstitucionalidad. La fecha límite de febrero de 2024 para estas enmiendas se acerca rápidamente.
La Ley de Regulación de Interceptación de Comunicaciones y Suministro de Información Relacionada con las Comunicaciones (Rica), destinada en parte a proteger la privacidad, combatir el crimen y promover la seguridad nacional, requiere que todas las tarjetas SIM de teléfonos celulares en el país estén registradas y prohíbe la interceptación de comunicaciones de las personas. sin su consentimiento, excepto bajo ciertas condiciones.
Pero Rica tenía algunas debilidades que han sido aprovechadas por elementos deshonestos de inteligencia. El caso judicial fue presentado por el Centro de Periodismo de Investigación amaBhungane, después de que el Estado abusara de Rica para espiar al socio director del centro, Sam Sole, en un intento de revelar su fuentes de información.
El Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto de ley de enmienda para cumplir con el plazo del tribunal.
Después de haber investigado durante años cuestiones relacionadas con la vigilancia de las comunicaciones y su supervisión, mi opinión es que el proyecto de enmienda es defectuoso: no proporciona suficientes salvaguardias contra la violación de la privacidad.
El problema con Rica
En el caso de Rica, los organismos de inteligencia y de aplicación de la ley deben solicitar instrucciones (u órdenes) de interceptación a un juez especial retirado para realizar vigilancia con el fin de resolver delitos graves y proteger la seguridad nacional. El juez es designado por el Ministro de Justicia.
El tribunal consideró que Rica era inconstitucional por los siguientes cinco motivos:
No es necesario decirle a la gente que ha estado bajo vigilancia.
Los procesos de nombramiento y renovación del juez de Rica carecen de independencia.
El juez sólo tiene que escuchar a una parte: aquellos que solicitan órdenes de interceptación.
Rica no garantiza que los datos interceptados se gestionen de forma segura.
Rica no reconoce que los abogados y periodistas tienen el deber profesional de mantener la confidencialidad de sus fuentes y comunicaciones.
Mientras se redactaba de nuevo la ley, el tribunal prescribió dos medidas provisionales. La primera era que, dentro de los 90 días siguientes a la caducidad de una orden de interceptación (orden), los organismos estatales que solicitaran vigilancia debían informar al sujeto de la vigilancia que habían sido espiados. es que el solicitante también debe informar al juez si el sujeto de vigilancia es abogado o periodista.
Notificación posterior a la vigilancia
A las modificaciones propuestas, el Ministerio de Justicia ha respondido en gran medida reproduciendo la primera medida provisional del tribunal, pero ha añadido otra cláusula que establece que si notificar a alguien que ha sido vigilado podría tener un impacto negativo en la seguridad nacional, entonces el juez puede Retener la notificación y por el plazo que determine el juez.
Esta cláusula es demasiado amplia y no establece un plazo máximo para la notificación. Introduce especulaciones en la toma de decisiones. Esto se debe a que el impacto simplemente debe ser posible. No es necesario demostrar una amenaza a la seguridad nacional, sino simplemente un posible impacto negativo. .
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