Redacción MX Político.- El senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal, ha anunciado que en los próximos días se desencadenará un conflicto «histórico y memorable» entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial de México.
La controversia gira en torno a la extinción de fideicomisos y la posibilidad de un recorte en el Presupuesto de 2024. Ante esta situación, Monreal sugiere que la ciudadanía debe intervenir a través de una consulta popular para determinar quién tiene la razón: los legisladores o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mediante un video publicado en redes sociales, Monreal destacó la importancia de que ningún funcionario, legislador o miembro del Poder Judicial esté por encima del escrutinio popular.
«Si el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación genera controversia con el Poder Judicial, debería resolverse en última instancia a través de un plebiscito, un referéndum o una consulta ciudadana. Debe ser el pueblo quien decida a quién asiste la razón, si a los legisladores o a los ministros.
De la misma manera en que ningún presidente ni legislador están exentos del escrutinio popular, ningún Poder Judicial u órgano autónomo debe estarlo», afirmó.
Monreal subrayó que esta propuesta no es populismo judicial, sino un esfuerzo por ciudadanizar la justicia cotidiana, algo que considera crucial en la actualidad.
Recordó que la mayoría en la Cámara de Diputados apoya la eliminación de varios fideicomisos bajo la responsabilidad del Poder Judicial, cuyo monto asciende a 15 mil millones de pesos. Además, se plantea la posibilidad de reducir el presupuesto operativo de áreas no sustantivas de dicho poder.
Por otro lado, el Poder Judicial argumenta que el Legislativo se está extralimitando en sus competencias al recortar el presupuesto de un poder autónomo.
Sin embargo, Monreal enfatizó que la Constitución proporciona recursos legales para canalizar este desencuentro: la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.
El senador con licencia señaló que es probable que el 33% de los legisladores federales de oposición se reúnan y activen la acción de inconstitucionalidad para defender lo que consideran un ataque directo al Poder Judicial Federal. Sin embargo, esto plantea un problema constitucional, ya que los mismos ministros que se consideran afectados serían quienes resuelvan la situación inconstitucional.
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