Ricardo Del Muro
Tila no es la franja de Gaza pero está sitiada por un grupo del crimen organizado; incomunicada – porque cortaron las líneas telefónicas -, hay escasez de alimentos y existe un conflicto entre dos grupos criminales que hasta el momento ha dejado ocho personas muertas.
Lo que está ocurriendo en este municipio chiapaneco, que colinda con Tabasco, se conoció a raíz de una manifestación que se realizó el martes frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla, donde un grupo de jóvenes originarios de esa población manifestaron públicamente su preocupación por sus familiares que están atrapados en esa cabecera municipal.
El presidente del comisariado ejidal de Tila, Eduardo Gutiérrez Martínez, pidió la “urgente” intervención de las autoridades federales y estatales por la tensión que se vive en este momento en ese municipio, donde ocho pobladores han sido asesinados por presuntos integrantes de grupos del
El presidente del comisariado ejidal de Tila, Eduardo Gutiérrez Martínez, pidió la “urgente” intervención de las autoridades federales y estatales por la tensión que se vive en este momento en el norte de la entidad, donde al menos cinco pobladores han sido asesinados en los días recientes por presuntos integrantes de grupos del crimen organizado.
En su columna Tarot Político en febrero del año pasado, el director de Ultimátum, Amet Samayoa Arce, expresó su preocupación por el tenso ambiente que se estaba viviendo en Tila, por lo recomendó que la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, atendiera los conflictos intercomunitarios en ese municipio o “¿estará esperando a que sus delegados le malinformen?”, preguntó el periodista.
Hace unas semanas, el 9 de octubre, en ese municipio fueron secuestrados tres encuestadores de Morena (Patricia Martínez Flores, Nahum Robledo Gálvez y Omar López Gómez), porque según dijo el comisariado ejidal autónomo, Lorenzo Jiménez Ramírez, “estas personas fueron sorprendidas dentro del ejido realizando encuestas políticas, lo que está prohibido y, por lo tanto, los trasladaron a la casa ejidal”.
Tras varias horas de negocación, la delegación de Gobierno de la región, a través de Francisco Sánchez Arévalo, intervino y logró la liberación de los encuestadores, por lo que afortundamente, esta “retención” no tuvo el fatal desenlace del ocurrido el 30 de septiembre en Juárez, donde fueron secuestrados y asesinados dos encuestadores de Morena, mientras que el tercero está desaparecido.
Está documentada la historia de Tila como centro de operación del grupo paramilitar Paz y Justicia, fundado por el ex alcalde y ex diputado priista Samuel Sánchez Sánchez que está preso desde hace 15 años en el penal de El Amate, pero en los últimos años los paramilitares mantuvieron un bajo perfil al ser protegidos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en este municipio encabeza Limberg Gregorio Méndez, quien ha mantenido el control de la presidencia municipal desde 2008, es decir, cinco administraciones.
Pero en este municipio también se ha organizado un grupo de ejidatarios que están adheridos al Consejo Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 11 de septiembre de 2021, hubo una enfrentamiento intercomunitario en Tila que dejó un saldo de cinco muertos y 20 lesionados cuando un grupo de indígenas choles, autondeniminados “ejidatarios autónomos” llegaron desde diversas comunidades y a balazos tomaron el control de la cabecera municipal, alegando que ésta estaba en poder de miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, ligados a la presidencia municipal.
Por décadas se mantenido una disputa en torno a la cabecera municipal de Tila. El caso se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente le dio la razón al ejido: en septiembre de 2018 declara que el poblado le pertence al ejido y ordenó la ejecución del amparo.
El Ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el Fundo Legal. Enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980”, pero el Ayuntamiento no quiso acatar la resolución.
Ahora, en la antesala del proceso electoral de 2024, ha resurgido la violencia en Tila, de acuerdo a una carta firmada por el Movimiento de Barrios y Colonias, ese municipio por su ubicación geográfica, colindante con Tabasco, es usado para el paso de narcóticos y tráfico de migrantes, por lo que es una zona que disputan grupos del crimen organizado. RDM
A través de un comunicado informó que “desde el 13 de octubre, grupos delictivos con fachada de grupos autónomos se disputan el territorio y ejecutaron a cuatro jóvenes en el poblado de Tila, sumiendo en el terror y el miedo a los ejidatarios y pobladores, por lo que le seguimos solicitando que cumplan con sus obligaciones constitucionales y garanticen la vida, seguridad de la población e ingrese la policía estatal y la Guardia Nacional, para que se aplique la ley para los responsables y cesen de proteger a grupos delincuenciales”.
El presidente del comisariado ejidal de Tila, Eduardo Gutiérrez Martínez, pidió la “urgente” intervención de las autoridades federales y estatales por la tensión que se vive en este momento en el norte de la entidad, donde al menos cinco pobladores han sido asesinados en los días recientes por presuntos integrantes de grupos del crimen organizado.
El presidente del comisariado ejidal de Tila, Eduardo Gutiérrez Martínez, pidió la “urgente” intervención de las autoridades federales y estatales por la tensión que se vive en este momento en el norte de la entidad, donde al menos cinco pobladores han sido asesinados en los días recientes por presuntos integrantes de grupos del crimen organizado.
A través de un comunicado informó que “desde el 13 de octubre, grupos delictivos con fachada de grupos autónomos se disputan el territorio y ejecutaron a cuatro jóvenes en el poblado de Tila, sumiendo en el terror y el miedo a los ejidatarios y pobladores, por lo que le seguimos solicitando que cumplan con sus obligaciones constitucionales y garanticen la vida, seguridad de la población e ingrese la policía estatal y la Guardia Nacional, para que se aplique la ley para los responsables y cesen de proteger a grupos delincuenciales”.
