Cicuta
Jaime Flores Martínez
Viernes 27 de octubre del 2023.- Aunque nadie se atrevería a asegurarlo, queda la impresión que es el Ejército Mexicano el directamente responsable de la “desaparición” de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero el 26 de septiembre del 2014.
Y es que esa “impresión” que alude Cicuta, se hace evidente luego que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “cayó” exactamente en lo que criticó.
Los padres de los jóvenes que fueron “levantados” esa trágica noche, confiaban en que López Obrador en su calidad de presidente aclarara un asunto harto doloroso no solamente para ellos.
AMLO les prometió resolver el caso Ayotzinapa, especialmente luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto concluyó con la mentada “verdad histórica”, que no era otra cosa que el cierre de la investigación.
No solo los padres de los jóvenes y el entonces aspirante López Obrador, sino toda la sociedad calificó como una burla esa “verdad histórica”.
López Obrador ya cumplió 5 años como presidente y no fue capaz de resolver un tema que definitivamente es muy delicado.
El grueso de la sociedad no logra entender “por qué” el poder presidencial no puede desenredar esa maraña.
La respuesta puede ser que el presidente no puede hacer público que miembros del ejército son directamente los responsables del Caso Ayotzinapa.
Y no se trata de culpar a la milicia mexicana de la desaparición de los 43, sino observar por qué el presidente protege a los responsables.
La lógica indica que desde el principio de su gobierno el Ejército es la institución consentida de AMLO.
Las fuerzas armadas controlan ahora mismo puntos neurálgicos del Estado.
El Ejército y la Marina son responsables de las aduanas, los aeropuertos, las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador y la seguridad pública (que hasta este día no ha llegado).
Si el presidente los ha llenado de poder y de elogios entonces no podría culparlos del Caso Ayotzinapa —y eso— aunque tuviera todas las pruebas sobre su escritorio.
El subsecretario de gobernación Alejandro Encinas cometió una gravísima indiscreción el día que aceptó que Omar García Harfuch sí estuvo presente en las reuniones donde se fabricó “la Verdad Histórica”, lo que aumentó la sospecha de los padres de los jóvenes desaparecidos.
Aunque García Harfuch no es parte del Ejército, esos padres de familia entendieron que el gobierno escondía cosas que le convenían o al menos no les decían la verdad.
En los últimos días de septiembre, al conocer “los resultados” del gobierno de AMLO, los padres de los normalistas comprendieron que el presidente incumplió con su promesa y aumentaron sus sospechas sobre la responsabilidad del Ejército.
Cierto que el presidente dijo a principios de este mes que “él mismo” encabezaría las pesquisas, aunque está consciente que los padres de esos jóvenes (seguramente muertos) están convencidos que “les mintió”, es decir, que fue incapaz de resolver el caso por no responsabilizar al Ejército.
Taxistas
Mucha preocupación generó el bloqueo y la confrontación con la policía de los taxistas de la línea Rojo y Negro de Tijuana.
El malestar de los usuarios está justificado, aunque algunos medios se dedicaron a satanizar a los choferes porque amenazaron con incendiar una gasolinera.
Cierto que la reacción de estos choferes fue violenta, aunque también debemos ponernos en sus zapatos.
El gobierno ya no les renovará sus permisos lo que significa que ya no podrán operar.
Camiones articulados de la línea Verde y Crema tomarán su lugar y el beneficio directo será para el dueño de esa empresa y quizá para algún (o algunos) funcionarios corruptos.
El asunto es que más de mil 200 choferes se quedarán sin trabajo y sus familias sin el sustento.
Cicuta no tiene ningún interés en exculparlos de sus acciones, aunque debe señalar qué no agredieron a particulares.
Además, es irresponsable que se especule sobre “una gran tragedia con cientos de muertos pudo ocurrir si los taxistas hubiesen incendiado la gasolinera”.
El escribiente será claro al señalar que, detrás de este conflicto existen intereses económicos y políticos.
Y no se vale.
Olga
Muchísimos cuatroteros fruncieron el ceño al saber que la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero (hoy senadora) votó en contra de la extinción de los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Para muchos de ellos Olga Sánchez traicionó al presidente.
Será el sereno, pero muchos ciudadanos le aplaudieron.
Informe
Muy sobrada de confianza se observa a la diputada federal fe MORENA Julieta Ramírez Padilla, quien supone que tiene en la bolsa la candidatura al Senado.
Hace apenas unos días una empresa encuestadora mexicalense ubicó a Julieta Ramírez y al alcalde de Ensenada Armando Ayala como la fórmula al Senado que más apoyan los ciudadanos.
Esas dos (personas) andan como pavorreales al suponer que ya están en la alfombra roja rumbo al Senado, aunque alguien debe decirles que las cosas no saldrán como esperan.
A partir de mañana sábado verán distinto el futuro, al menos el de “esas dos” personas.
Por lo pronto la diputada Ramírez dará hoy en Mexicali su segundo informe de labores. Luego a festejar con Nezahualcóyotl y después a desenredar madejas.
Positivo
Qué bueno que los legisladores bajacalifornianos visualizan simplificar los procedimientos para la aplicación de juicio políticos a aquellos servidores públicos que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El lunes pasado el diputado Román Cota Muñoz presentó una iniciativa la cual busca aclarar los procedimientos, plazos y responsabilidades de los involucrados.
En otras palabras, es urgente acabar con los abusos y extinguir la impunidad de servidores públicos que llegan al puesto a servirse, no a servir.
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