José Alberto Sánchez nava
1.-En el contexto político actual de México, la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial se ha vuelto un tema candente debido a la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Esta propuesta ha suscitado debates acalorados sobre cuestiones constitucionales y el papel del Poder Judicial en la gestión de estos fondos.
2.-La propuesta del presidente, que aparentemente carece de fundamentos y motivaciones explícitas en términos de la Constitución, plantea preguntas importantes sobre la división de poderes y la aplicación de la ley en México. En primer lugar, es crucial recordar que la Constitución General de México es la máxima ley del país y establece claramente que ningún acto legislativo puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, según lo estipulado en el artículo 14. Esto plantea una preocupación legítima sobre la legalidad de la propuesta presidencial, ya que los fideicomisos fueron suspendidos indebidamente por la Cámara de Diputados y ratificados por la Cámara de Senadores, lo que podría implicar una violación de derechos fundamentales.
3.-La respuesta a esta propuesta por parte de la Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es digna de análisis. En su oficio al presidente, la Ministra Piña expresa la disposición del Poder Judicial para trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo en favor de la población damnificada. Esta disposición refleja el compromiso del Poder Judicial en garantizar los derechos de todos los ciudadanos, incluso en un contexto donde los fideicomisos enfrentan reestructuraciones.
4.-La ministra también hace hincapié en el proyecto de reingeniería que el Poder Judicial ha estado desarrollando, con el objetivo de garantizar los derechos y mejorar el uso eficiente de los recursos públicos. Este enfoque sugiere un intento de armonizar la necesidad de ayudar a las personas afectadas por el huracán Otis con la responsabilidad de administrar adecuadamente los recursos públicos.
5.-Es fundamental destacar el tono y las palabras cuidadosamente elegidas de la Ministra Piña en su respuesta al presidente. Ella muestra respeto y disposición al diálogo, al tiempo que enfatiza la importancia de cumplir con la Constitución y de garantizar que ninguna medida tenga efectos retroactivos en perjuicio de ninguna persona.
6.-En resumen, la propuesta del presidente en relación con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación ha generado un debate sustancial sobre cuestiones constitucionales en México. La respuesta de la Ministra Norma Piña es un recordatorio de la importancia de respetar la Constitución y trabajar juntos para lograr soluciones que beneficien a la población sin sacrificar los derechos y garantías legales. El diálogo y el respeto a la ley son fundamentales en cualquier democracia, y esta situación pone de manifiesto la necesidad de equilibrar la ayuda humanitaria con la preservación de la legalidad constitucional.
