En el contexto de las próximas elecciones en México, expertos advierten sobre la creciente influencia del crimen organizado y el narcotráfico en el ámbito político, destacando que estos grupos tienen presencia en hasta el 81% del territorio nacional. El investigador Miguel Ángel Lara Otaola, autor del informe “Desafíos del crimen y la violencia en las elecciones mexicanas”, auspiciado por universidades de renombre, expone que el crimen podría incidir en la elección presidencial de este año mediante el financiamiento a políticos, la selección de candidatos y la participación electoral.
Según Lara Otaola, México enfrenta un aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, siendo el cuarto país con más asesinatos a nivel mundial. En este contexto, el proceso electoral se convierte en una oportunidad para que el crimen organizado ejerza cierta influencia en los resultados y en las personas electas.
El informe destaca las «tres C» que caracterizan el papel del crimen organizado en las elecciones mexicanas. La primera «C» se refiere a la circulación de dinero, que puede destinarse a financiar campañas, inhibir la participación y ejercer influencia en autoridades y medios de comunicación. La segunda «C» aborda los colectivos, grupos que actúan bajo la influencia del crimen organizado, incluyendo la captura de políticos y autoridades que siguen las indicaciones de estos grupos. La tercera «C» es la cobertura, que señala la presencia extendida del crimen organizado en la economía formal e informal, con estimaciones que sitúan la cobertura de los cárteles entre el 50% y el 81% del territorio nacional.
En lo que va del año 2024, ya se han registrado cinco asesinatos de políticos en México, subrayando la gravedad de la situación. Estos crímenes no solo representan una amenaza a la integridad de los políticos, sino que también evidencian la complejidad y el riesgo que implica la participación en la vida política del país.
La fundación InSight Crime destaca que los cambios en el poder político suelen ir acompañados de violencia, ya que los grupos criminales y los funcionarios electos negocian nuevos acuerdos. La naturaleza actual del panorama criminal en México sugiere que estos procesos de reconfiguración pueden ser particularmente brutales en el año 2024, elevando el riesgo de violencia política con un alto grado de impunidad.
En este contexto, las elecciones del 2 de junio, donde se disputarán más de 20 mil cargos en todo el país, se presentan como un desafío adicional para el sistema político mexicano, que deberá enfrentar la creciente influencia del crimen organizado y garantizar la integridad del proceso electoral.
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