Héctor Calderón Hallal
¡No!… el grito que retumba en la conciencia es “¡Justicia para todos!”… “¡Queremos la ley!”… a secas. Igualmente suministrada para todos… sin prejuicios.
En uno de los casos de violencia e inseguridad pública más abominables de que se tenga memoria, que nos pone al filo de la barbarie, como lo es el caso de la niña Camila Gómez Ortega, de tan solo 8 años de edad y sus presuntos secuestradores y homicidas: Ana Rosa Díaz Aguilar y sus hijos Alfredo -N- y Alejandro –N-.
Camila recibió la tarde de este lunes en Taxco, Guerrero, un tristísimo adiós de parte de millares de asistentes y testigos presenciales gritando al unísono: “¡Justicia para Camila!”…
Pero, ¿qué hemos hecho los mexicanos en general para llegar a este grado de deterioro del sistema de justicia?
Hemos permitido que crezca el negocio del narcotráfico y hemos escogido un Gobierno que les ha dado todas las facilidades y quizá, hoy y en otros tiempos también, ha auspiciado incluso el negocio como propio.
Ese negocio que propicia el vicio, regenteado por las nuevas mafias opresoras de los pobres y los ignorantes marginados; que ha traído un nuevo trastorno social a la población humilde: “la gente ya no busca emplearse ni obtener ingresos lícitamente… sino que busca obtener dinero… rápido y sin esfuerzo”.
Hay una multicitada y ya célebre cinta mexicana –del género corriente- (un auténtico “churro”) llamada “El Infierno”, que retrata plásticamente lo que está pasando en todo el territorio nacional en el tema de la violencia y la inseguridad; largometraje en el que en uno de los primeros diálogos sostenidos por los actores Joaquín Cosío (“El Cochi Loco” y Damián Alcázar “El Sargento corrupto”), se asienta una de las frases con mayor profundidad filosófica, lograda probablemente de forma accidental, cuando uno al otro le espeta: “Y es que en este pinche pueblo, cualquier tacuache que tenga una pistolita se siente con derecho de pelear la plaza”…
Y así es… nada más cargado de realidad que lo dicho en esa película dirigida por Luis Estrada en 2010.
Llegamos a este nivel del absurdo…
Porque nuestros gobiernos en sus tres niveles… han renunciado a su obligación constitucional de proveer seguridad pública y protección para la paz y el orden públicos a partir de este gobierno encabezado por López Obrador…
Porque no tenemos corporaciones de fuerza pública con elementos capacitados ni equipados con instrumental ni armamento disuasivo preventivo de última generación, porque nuestros gobiernos en sus tres niveles y por disposición prejuiciosa de nuestro Presidente de la República, no le han invertido un solo peso a la capacitación policial, ni al reclutamiento de nuevos y más elementos, ni a la adquisición de vehículos preventivos antimotines de alta gama, con tecnología para disuadir con sonidos y luces (no solo con gases ni agua a presión) a los grandes contingentes que se amotinana por causas políticas –justas o no- pero con el objeto de resguardar la integridad de las personas y observar en todo momento, el respeto irrestricto a sus derechos humanos… como sucede en los principales países del mundo, como Japón, Alemania, China Popular, entre otros… Este Gobierno del morenista López Obrador le ha “apostado” más –según él- a combatir las causas que orignan la violencia, sólo que tampoco ha invertido un solo peso en materia de prevención del delito ni campañas de civismo ni control (o canje) de armas… ni nada que denote que desde la autoridad se desea desplegar acciones rápidas y urgentes para contener o inhibir el delito de alto impacto ni el de alta incidencia… Porque se piensa que dándole dinero a la gente, esta se inhibirá de cometer el delito (sobre todo al consumir alcohol y drogas buscando satisfacer sus vicios).
Porque este gobierno autoproclamado de la “Cuarta T”, dicho en voz propia del presidente pide que no les vengamos a él con que “La ley es la ley”… Porque no cree en la Ley, simplemente.
Porque este presidente, al no creer en la ley (o en la legalidad), confirma su origen radical, formado en el odio al Positivismo, al orden, al método, a la disciplina, al mérito individual de cada persona, al esfuerzo personal…. Este presidente es un “puño de complejos”, anticientífico, antisocial… es un Anarquista pues, que está rodeado de puros Anarquistas….
Ciertamente el caso de Camila provocó indignación, conmoción nacional, enorme rabia, sobre todo el jueves al mediodía en Taxco, cuando decenas de mujeres y hombres sacaron de su casa a Ana Rosa Díaz Aguilar y a sus hijos Alfredo y Alejandro Aguilar Estrada Aguilar, por considerarlos supuestos secuestradores y asesinos de la niña Camila, gracias a la existencia de unas tomas de vídeo casera circunstancial. Luego los golpearon con brutalidad, ante la inacción de policías y militares.
Todavía le responde, histriónica y hasta desvergonzadamente el Presidente Municipal de Taxco, el emecista Mario Figueroa Mundo, al periodista José Cárdenas la tarde de este lunes 01 de abril durante su noticiero radiofónico de Grupo Fórmula, que “la multitud enardecida no dejó actuar a la Policía para detener el también deplorable crimen de la supuesta secuestradora y asesina de la niña Camila, Ana Rosa Díaz,… que incluso él considera que la gente le ‘ganó el jalón’ a sus policías, quienes fueron rociados con gasolina y a punto estuvieron de ser quemados también…”.
Una respuesta por demás pueril; inconcebible en un país donde debe privar por mandato de ley, lo dispuesto en la Constitución General de la República, en su artículo 21 y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 2.
Pero también, los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que consagran el derecho de toda persona a ser “oída y vencida en juicio” y a la presunción de inocencia. El linchamiento y la cobardía de los jefes policiales y quizá de quien les dio la orden y la directriz para no actuar, para quedarse cruzados de brazos, sin garantizar este derecho humano de las víctimas en este caso, aun que hayan sido culpables y que se tenga la convicción de ellos por pruebas periciales o testimoniales, es un acto de mucha responsabilidad y agravado, que merece sanción y hasta enjuiciamiento político… tanto el alcalde de Taxco, como las autoridades estatales que brillaron por su ausencia y hasta la propia Gobernadora Evelyn Salgado (que sabemos que no es quién gobierna realmente) tienen implicación legal en esta enorme tragedia. Y el propio AMLO, quien les dá seguramente las directrices en lo político a todos sus subalternos y correligionarios: “Abrazos a los delincuentes… no balazos”.
Una injusticia o un acto de ilegalidad que se cometa en México, tiene resonancia en el mundo.
Como bien comenta María del Carmen Galindo Díaz, quien conoce el lenguaje de los Derechos Humanos: “existen las instancias del sistema Universal e Interamericano de los Derechos Humanos, cuyo servicio lo ofrecen –y por acuerdo o tratado suscrito por nuestro país- tanto la ONU como la OEA, a través del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales) y la CIDH (Convención Interamericana de los Derechos Humanos) respectivamente… y no de forma alternada ni subsidiaria….. O un mecanismo u otro, (con el órgano internacional que se defina)”.
Justa razón tiene Galindo Díaz.
Hay que buscar los métodos o las instancias internacionales para denunciar la violación flagrante a este derecho humano para que nuestro Gobierno nos defienda.
Ojalá que Xóchitl Gálvez, candidata presidencial opositora, retome este sentimiento de desprotección de los mexicanos.
No es posible… no lo cree personalmente el suscrito, que los mexicanos permanezcamos impávidos, paralizados de miedo ante esta ineficacia e incumplimiento gubernamentales.
Ante esto, pregunta el suscrito… ¿Seremos tan acalambrados o tan cobardes para no proceder ante una instancia internacional de los Derechos Humanos para denunciar la violación flagrante y sistemática de este Gobierno, al negar la salvaguarda y protección al esencial Derecho Humano a un juicio formal…. Y no a los azotes, las mutilaciones… o la muerte misma causada por la inacción del Gobierno?
No creo incluso, que lleguemos a votar con miedo… por otro gobierno de “continuismo” … de seis años más de inacción policial y de investigación o persecución del delito.
Autor: Héctor Calderón Hallal
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