José Alberto Sánchez Nava
1.-En el vertiginoso escenario político que caracteriza a México en los albores del siglo XXI, una sombría figura se cierne sobre el panorama jurídico: la Ley de Amnistía. Ordenada por el presidente con la pretensión de alcanzar un loable cometido de pacificación, esta iniciativa es, sin embargo en los términos propuestos, es un monumento a la ambición desmedida y a la erosión de los cimientos democráticos.
2.- La Ley de Amnistía, en su esencia, proyecta un riesgo colosal: institucionalizar la impunidad en un país que clama por justicia y transparencia. Su alcance se extiende a aquellos que han hecho uso indebido de los recursos públicos, una afrenta a la confianza depositada por el pueblo en sus representantes. Peor aún, ofrece una vía de escape a los tentáculos de la delincuencia organizada, permitiendo que aquellos que han sumido al país en el caos y la violencia puedan redimirse a través de un endeble procedimiento de amnistía.
3.- Sin embargo, el mayor peligro radica en la figura presidencial y su excesiva discrecionalidad. En un escenario donde el presidente se asemeja más a un monarca absoluto que a un líder democrático, ¿cómo podemos confiar en que su poder no será utilizado para fines oscuros? ¿Cómo podemos confiar en que aquellos liberados no representarán una amenaza para la sociedad? O simplemente lo que se busca es la impunidad de funcionarios y ex funcionario sujetos a investigación por desvío de recursos públicos, delincuencia organizada en la modalidad de uso de recursos de procedencia ilícita etc., La respuesta es simple: no podemos.
4.- El Senado, por su parte, ha aprobado una reforma que solo agrega combustible al fuego de la impunidad. La modificación a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo es una afrenta a la justicia misma. La disertación absurda del senador Ricardo Monreal solo sirve para resaltar la falta de seriedad con la que se abordan los asuntos fundamentales del país, pues éste arguye con la siguiente disertación ridícula: “Que concedan suspensión provisional para aquel quejoso que solicite de los actos reclamados. Si se presume de inconstitucional la norma, entonces que acudan al procedimiento que establece la Constitución para invalidarla, pero que no sea una facultad abusiva y discrecional la que emplee el juez de amparo”, es decir, Ricardo Monreal hace una Disertación ridícula sobre los efectos inmediatos de una ley inconstitucional. Cuya afectación hacia el interés público, un juez de distrito si debe suspender sus efectos auto-aplicativos en tanto no se resuelva el fondo del recurso o acción subsecuente.
5.-Sin embargo, quien se dice constitucionalista no toma en cuenta que precisamente con base a la propia Constitución, los ciudadanos mexicanos están protegidos contra los efectos que una ley inconstitucional pueda atentar en contra de los derechos sustanciales y humanos de los gobernados con su sola publicación. Y es que desde la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos han sido elevados a un rango supremo, garantizando el principio de progresividad frente a cualquier intento de retroceso. Es imperativo que nos mantengamos vigilantes ante las reformas dolosas, ante la firma de la ignorancia y el ejercicio criminal de la legislación. Una ley inconstitucional si es susceptible de que un juez de distrito conceda la suspensión provisional de los efectos de dicha ley, hasta en tanto no se resuelva el fondo de la Litis que controvierte si es constitucional o no.
6.- Es preocupante que el ejecutivo como impulsor de dichas iniciativas y reformas, pretenda cerrar las fauces sobre la sociedad mexicana al pretender impedir la suspensión de leyes inconstitucionales, con un oscuro trasfondo respecto de la Ley de Amnistía y las reformas a la Ley de Amparo en cuya combinación yace una peligrosa tendencia hacia la concentración de poder en manos de unos pocos. La figura presidencial, investida de un excesivo margen de discrecionalidad, se erige como juez y parte en un proceso que debería ser transparente y equitativo. Este desequilibrio de poderes no solo es un atentado contra los principios democráticos, sino que también abre la puerta a la arbitrariedad y el abuso en México.
7.-El impacto de estas medidas se sentirá de manera contundente en la sociedad mexicana. La impunidad, lejos de propiciar la reconciliación, solo alimentará el ciclo de violencia y corrupción que ha aquejado al país durante décadas. La confianza en las instituciones se verá socavada, y con ella, la esperanza de un futuro más justo y próspero para todos los mexicanos.
8.-Es urgente que la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos se mantengan alerta y activas en la defensa del Estado de derecho. El escrutinio público y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en cualquier democracia saludable. No podemos permitir que intereses particulares y agendas ocultas predominen sobre el bienestar colectivo.
9.-El papel de los medios de comunicación también adquiere una relevancia crucial en este contexto. Es responsabilidad de los periodistas y los medios independientes informar con veracidad y rigor sobre los acontecimientos que afectan a la nación. La denuncia de los abusos y la vigilancia constante sobre los poderes públicos son herramientas indispensables en la lucha por la justicia y la transparencia.
10.- En última instancia, la lucha contra la impunidad y el autoritarismo no es tarea exclusiva de unos pocos, sino un compromiso compartido por toda la sociedad mexicana. Es hora de que nos unamos en defensa de nuestros valores democráticos y en rechazo a cualquier intento de manipulación y opresión. El futuro de México depende de nuestra capacidad para resistir y superar los desafíos que se nos presentan.
