Por: Leopoldo Díaz Pérez
¡Quiero devolverle la dignidad a los soldados! Expresó la ingeniera Xóchitl ante un grupo de militares en el contexto de una reunión para intercambiar opiniones; aludiendo a los lastimosos hechos cada vez más frecuentes en los cuales las tropas durante operaciones son desarmadas, vilipendiadas, retenidas y blanco de más bajezas y agresiones.
Para revertir esta indignante situación a que se ven sujetas las Fuerzas Armadas de México, es necesario en principio restablecer el Código de Justicia Militar, pues fue reformado tendenciosamente hace tres décadas aproximadamente, para que todo militar que durante operaciones tuviese un altercado con la población civil quedase sujeto a procesos en tribunales civiles y consecuentemente después de penosos y alargados juicios perdiera su libertad por haber cumplido con su deber y quedando sentenciado a prisión, al lado de los delincuentes que combatió.
Originalmente el Código de Justicia Militar establecía que los militares quedaban sujetos al Fuero de Guerra, lo que no impedía que en casos específicos de presuntos delitos cometidos fuera de las operaciones militares o del servicio, quedaran sujetos a los tribunales civiles.
Esta situación inhibe la capacidad operativa de las tropas y mina la moral de los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FF AA MM).
Dicho de otra manera, de facto, en el territorio nacional se libra un conflicto de baja intensidad contra grupos armados que operan con tácticas de guerrilla y terrorismo, comprendidos en los cárteles de tráfico de drogas y esta “guerra” esta perdida pues, aunque el militar esté dispuesto incluso a perder la vida en el cumplimiento de su misión, sabe que tiene el riesgo de ser juzgado ante un tribunal civil y encerrado en una mazmorra como delincuente y junto con los criminales a los que combatió por servir a la Patria.
Ejércitos de otras latitudes no están expuestos a estos graves inconvenientes que nulifican la actuación de las unidades militares y sus mandos, además de enfrentar a las FF AA MM contra la sociedad, que es su sustento y fortaleza.
Esto es producto de que el Estado mexicano ha signado tratados internacionales lesivos al desarrollo de las operaciones militares y por ende al cumplimiento de sus misiones para con la Patria. Por tanto, es indispensable sean denunciados y queden sin efecto. En este contexto las consecuencias rayan en lo que la legislación militar clasifica como delitos contra la existencia del Ejército. Pues genera muertes de militares, perdida de armamento, vehículos, municiones, vacantes, desintegración de unidades, déficit de comandantes fundamentalmente en las pequeñas unidades, robo de vestuario, viudas y mutilados, Etc. Sin contar con la infiltración del enemigo en las filas leales. Y lo a veces no tangible, quebrantamiento de la Seguridad Nacional, base del desarrollo económico de la nación.
Durante la década de 1930 los Estados Unidos iniciaron la guerra contra las drogas y a partir de 1950 impusieron a la mayoría de los países del orbe, tratados a efecto de prohibir la producción, tráfico y consumo de drogas heroicas, bajo la amenaza de severas sanciones económicas, con lo que se formó un poderoso mercado negro que evolucionó a la fecha. El protagonista fue Harry Anslinger, jefe de la Oficina Federal de Estupefacientes quien desde la misma Organización de las Naciones Unidas presiono a todos los países para prohibir las drogas.
Fue durante la Guerra contra las Drogas de Nixon -con la asesoría de Henry Kissinger- que Luis Echeverría Álvarez acató sumisamente las consignas de declarar la guerra a las drogas y giró órdenes a las Fuerzas Armadas de México para que en funciones de policía y por lo tanto violando la Constitución Política, combatieran el cultivo y trasiego de drogas, tarea que competía a la Procuraduría General de la República y que cómodamente evadía, (ahora FGR). Una importante y trascendente labor diplomática de México con los Estados Unidos de América está de por medio.
Milton Friedman premio nobel de economía sostiene que la prohibición de las drogas genera más conflictos que la propia droga y ocasiona enormes pérdidas de presupuesto.
Mientras continue el mercado negro de drogas la situación social de violencia y crimen crecerá. Es necesario arrebatarles ese mercado negro a las mafias, legalizando las drogas. Ahora un niño que acude a un expendio no puede comprar una botella de licor; pero en algún parque, a la salida de la escuela o en cualquier rincón puede adquirir dosis de droga de la más dura. Es nuestra realidad.
Es historia, pero hasta pasada la II GM en México, se trataban a los dependientes de drogas en las instalaciones públicas de salud como enfermos y no como delincuentes. A las clínicas acudían los afectados sin importar su clase social a recibir atención médica y tratamientos de desintoxicación y no existían los grupos de crimen organizado en la magnitud y poderío de los actuales.
¿A caso creen que estamos protegiendo a nuestra niñez y juventud mientras interactúan con peligrosas bandas de criminales? Esto le preguntaría a una madre.
La guerra del opio-fentanilo cumple medio siglo de humillación para México y puede ser el fracaso del próximo gobierno de no aplicar soluciones de fondo. ¿Morderemos el polvo? @Leopoldiazperez
