El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Existe una vieja tradición en la política mexicana que perdura hasta los días de la 4T. Cuando los recurrentes excesos de poder o los normalizados actos de corrupción provocan el enojo popular y exigen castigo a los malos servidores públicos, la respuesta de los gobiernos no es sancionar a los burócratas abusadores, deshonestos o poco éticos, sino acabar con las instancias gubernamentales, como si esas entes fueran el origen de la maldad o la perversión; hay que recordar que las conductas delictivas son imputables exclusivamente a las personas físicas y no a las morales. Si un burócrata comete un ilícito o una falta administrativa en el ejercicio de sus funciones tiene que ser investigado y penalizado por las leyes y reglamentos que norman sus actuaciones; en el caso de conductas ilícitas se sancionan conforme al Código Penal.
Pero en el mundo de todo al revés, las autoridades prefieren abrogar los organismos creados por ellas mismas y no eliminar a los malos elementos de una institución. Así sucedió con el temido Servicio Secreto, instancia policiaca creada para combatir a la delincuencia, pero sus integrantes excedieron el marco de sus atribuciones y violentaron las garantías ciudadanas; cuando el reclamo social preocupó a las autoridades optaron, no por separar del cargo y fincar responsabilidades a los malos elementos del cuerpo policiaco -que a pesar de sus excesos pudo controlar el delito-, sino por desaparecerlo.
Lo mismo sucedió con la afamada Policía Federal de Caminos, responsable de mantener la seguridad en las carreteras, hoy desbordada por la criminalidad. Imposible negar que hubo deshonestos federales, pero lejos de neutralizarlos y sancionarlos prefirieron desaparecer a la legendaria corporación para sustituirla por ineficaces e impreparados elementos de la Guardia Nacional que, además de ser pésimos conductores, han dejado en estado de indefensión a automovilistas y choferes del transporte público. Se añora a los federales de caminos.
Ahora que el todavía inquilino de Palacio Nacional disfruta su venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y propone con falaz argumento la elección de los togados mediante el voto popular para acabar con los venales jueces, hace hincapié en que los impartidores de justicia están al servicio de los grupos conservadores o del crimen organizado, por lo que busca la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal -instancia sancionadora de los administradores de la justicia- ¿No sería más fácil denunciar a esos malos servidores públicos ante la Fiscalía y el propio Consejo para que sean removidos y encarcelardos de comprobarse su deshonesto desempeño?
Recientemente se vieron involucrados policías de la Fuerza Civil de Veracruz en la represión de una protesta ciudadana y el asesinato de dos de los participantes. Los videos evidenciaron los excesos en que incurrieron los efectivos de la fuerza pública del estado y existen múltiples testigos de los responsables; el impresentable gobernador, quien ha hecho de la justicia instrumento de venganza política y personal, decidió desaparecer el cuerpo creado por él mismo y no destituir y penalizar a los agresores. El mundo al revés.
Las conductas penales son imputables exclusivamente a personas y por ello se debe procesar a los responsables. La solución no es desaparecer a las instituciones. Cuando un alcalde o un legislador es culpable de algún ilícito, se le detiene y procesa para que no quede impune su violación al derecho, pero no se recurre a la desaparición de la presidencia municipal o la disolución del Congreso.
Pero nuestros políticos, incluidos los de la 4T, operan a la inversa, solapan a los delincuentes y justifican la impunidad mediante la desaparición de instituciones que, a pesar de sus defectos, funcionan en la contención de los problemas sociales. Si realmente se sancionaran a los servidores públicos corruptos, incluido el abuso de poder, ya no existiría la Presidencia, las gubernaturas o los Poderes. Ya no habría instituciones y regresaríamos a la ley de la selva. Son más los policías y los burócratas buenos que los prietitos en el arroz.
