José Alberto Sánchez Nava
1.-En los pasillos del poder mexicano, el tema recurrente ha sido el embate del obradorato contra el Poder Judicial. La narrativa oficial lo describe como una cruzada contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, en esta narrativa existen entes institucionales cruciales que han permanecido prácticamente intocados: las Fiscalías.
A nivel federal La Constitución establece que la Fiscalía es un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. El proceso de nombramiento de la persona titular de la fiscalía se considera un proceso de convocatoria abierta que involucra al Senado de la República y al Presidente. Este procedimiento le otorga independencia política a la Fiscalía del Poder Ejecutivo Federal.
Sin embargo, los índices de impunidad en México respecto de los delitos del orden federal muestran la impunidad que se refleja en el bajo índice de ejecución de órdenes de aprehensión derivadas de la integración de carpetas de investigación, las cuales reflejan un bajo índice de judicialización, acordes a los principios de presunción de inocencia y debido proceso que le asisten a los presuntos responsables de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que el Poder Judicial de la Federación pueda fundamentar sus sentencias condenatorias, de no ser así, se genera impunidad por falta de formalidades por parte de las fiscalías, la cual termina siendo endosada por los mismos responsables, al mismo Poder Judicial.
2.- A nivel local, la actuación de las fiscalías locales corren la misma suerte, una exacta referencia lo fue Ernestina Godoy Ex Fiscal General de la Ciudad de México, quien ha sido un ejemplo claro de este fenómeno de impunidad. Con un índice de sentencias condenatorias de apenas el 1%, cuya eficiencia de su gestión fue cuestionada repetidamente. Sin embargo, esta baja eficiencia no resultó en un escrutinio público severo desde el gobierno federal, lo que lleva a preguntarse por qué las Fiscalías no son objeto de la misma atención y crítica que el Poder Judicial.
La respuesta puede ser tan sencilla como inquietante. Las Fiscalías son las trincheras donde se libran las batallas de impunidad y protección política. Son el primer filtro, el que decide qué casos prosperan y cuáles se estancan. Controlar las Fiscalías significa controlar la justicia desde su raíz. De esta manera, cualquier investigación que pudiera poner en aprietos al círculo cercano del presidente o del partido gobernante puede ser diluida o frenada antes de llegar a los tribunales.
3.-Este control no es nuevo, pero en el contexto del obradorato ha adquirido una nueva dimensión. La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, ha sido señalada por su ineficacia en llevar a cabo investigaciones importantes hasta su conclusión en sentencias condenatorias. Los casos de corrupción de alto perfil, que involucran a figuras cercanas al presidente y su familia, rara vez terminan en una corte con una condena.
¿Por qué esta consideración y blandura hacia las Fiscalías? Porque es ahí donde se garantiza la impunidad de los aliados y se fabrica la persecución de los opositores. Las Fiscalías, manejadas con precisión política, se convierten en el escudo protector del régimen. Es más fácil apuntar los reflectores al Poder Judicial, denigrarlo y presentarlo como el obstáculo para la justicia, mientras que el verdadero control y manipulación ocurre en la sombra de las Fiscalías.
4.-La destrucción del Poder Judicial podría ser el golpe final a cualquier esperanza de justicia independiente en México. Un Poder Judicial debilitado y desacreditado es el complemento perfecto para unas Fiscalías controladas y obedientes. Esta dinámica perversa se sostiene sobre una premisa de corrupción y manipulación política: integrar mal las averiguaciones previas para asegurar que los socios del poder no enfrenten consecuencias judiciales.
La impunidad, entonces, no es un accidente ni una falla del sistema; es un diseño cuidadosamente ejecutado para proteger intereses y consolidar el poder. En un país donde la justicia debería ser el pilar de la democracia, el control de las Fiscalías y el ataque al Poder Judicial representan una amenaza directa a cualquier aspiración de justicia y equidad.
5.-La sociedad mexicana merece una reflexión profunda sobre este tema. Más allá de las declaraciones y las campañas mediáticas, la verdadera batalla por la justicia se libra en la arena silenciosa de las Fiscalías. Es ahí donde se decide si seremos un país de leyes y justicia, o uno de impunidad y corrupción.
Esta reflexión implica un llamado urgente a la acción y al análisis crítico por parte de la ciudadanía y de los actores políticos comprometidos con un México más justo. La impunidad no puede ser el legado de una administración que prometió combatirla. Si queremos avanzar hacia un país donde la justicia no sea selectiva, debemos mirar de cerca y con rigor el funcionamiento de nuestras instituciones encargadas de la procuración de justicia.
6.-El Rol de la Ciudadanía y los Medios de Comunicación
En este contexto, el papel de la ciudadanía y los medios de comunicación es crucial. La opinión pública tiene el poder de exigir transparencia y rendición de cuentas. Los medios, por su parte, deben ir más allá de los discursos oficiales y investigar a fondo los casos de corrupción y el desempeño de las Fiscalías. No basta con reportar cifras; es necesario un periodismo de investigación que desnude las redes de complicidad y corrupción.
7.-La Reforma Urgente y Necesaria
Una reforma profunda y efectiva de las Fiscalías es imperativa. Esto no significa solamente cambiar a las personas en los puestos clave, sino transformar las estructuras y los procesos que permiten la manipulación y la corrupción. Se requiere de un marco legal que garantice la independencia de las Fiscalías del Poder Ejecutivo y que asegure mecanismos de supervisión y rendición de cuentas transparentes.
8.-La Comunidad Internacional y los Organismos de Derechos Humanos
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos también tienen un rol importante. La presión y la vigilancia externa pueden ser herramientas poderosas para impulsar cambios internos. México debe estar dispuesto a someterse a evaluaciones internacionales sobre la eficiencia y la independencia de sus instituciones de justicia.
9.-Educación y Conciencia Social
A largo plazo, la educación y la conciencia social son fundamentales. Una ciudadanía informada y educada es menos susceptible a la manipulación y más capaz de exigir cambios reales. Las universidades, las organizaciones civiles y los líderes comunitarios deben fomentar un entendimiento profundo de cómo funcionan nuestras instituciones y cuál es su impacto en la vida cotidiana.
10.-El Futuro de la Justicia en México
El futuro de la justicia en México está en juego. La posibilidad de construir un sistema de justicia que realmente sirva al pueblo depende de nuestra capacidad para enfrentar y resolver los problemas estructurales que hoy nos aquejan. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma. Es hora de exigir un cambio real, de demandar instituciones fuertes, independientes y comprometidas con la verdad y la justicia.
El obradorato ha puesto en evidencia muchas de las debilidades y fallas de nuestro sistema de justicia. Ahora, la responsabilidad recae en todos nosotros para no solo criticar, sino también proponer y apoyar soluciones efectivas. La justicia debe ser un derecho, no un privilegio, y es nuestra labor colectiva asegurarnos de que así sea.
La lucha contra la impunidad y la corrupción no es una tarea sencilla ni rápida, pero es esencial para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Cada paso hacia una justicia más transparente y equitativa es un paso hacia un México mejor. No dejemos que el ruido de la política nos distraiga de lo esencial: construir un sistema de justicia que honre la verdad y sirva a todos por igual.
