José Alberto Sánchez Nava
1.-La relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado ha sido históricamente compleja, marcada por altibajos y, en ocasiones, por tensiones profundas. La cooperación bilateral, esencial para enfrentar a los poderosos cárteles que operan en ambos lados de la frontera, ha sido estructurada bajo un marco legal que busca proteger la soberanía de México mientras permite la colaboración efectiva con agencias extranjeras. Sin embargo, recientes acontecimientos han puesto en duda la efectividad y el respeto a estos acuerdos, revelando una fisura preocupante en la seguridad nacional.
2.-El 14 de enero de 2021, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que regulan la relación entre servidores públicos y agentes extranjeros. Este documento estableció un marco normativo claro para asegurar que cualquier operación en territorio mexicano realizada por agencias extranjeras, como la DEA o el FBI, se llevara a cabo con la plena autorización y supervisión de las autoridades locales. Estos lineamientos fueron recibidos con escepticismo por algunos sectores, pero eran un paso necesario para reafirmar la soberanía de México en su lucha contra el crimen.
3.-Sin embargo, la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López por parte de las autoridades estadounidenses ha desatado una tormenta política en México en medio de un sinfín de especulaciones. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha insistido repetidamente en que no tuvo participación alguna en el operativo, una declaración que, lejos de calmar las aguas, ha generado una serie de contradicciones y dudas sobre la verdadera naturaleza de la cooperación entre ambos países. Si el gobierno mexicano no intervino en la captura de estos capos, como ha afirmado, surge la pregunta inevitable: ¿qué papel jugaron los lineamientos de 2021 en este operativo? ¿Fueron ignorados deliberadamente por las agencias estadounidenses? Y si es así, ¿qué implica esto para la soberanía de México y para la integridad de los acuerdos bilaterales? No obstante las declaraciones inverosímiles del el embajador de Estados Unidos de Norteamérica Ken Salazar, en el sentido de que tampoco ese País tuvo nada que ver con la extracción ni detención de Zambada y Guzmán López.
4.-La situación se complica aún más al considerar el artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece claramente que si un gobierno extranjero, a través de sus agentes, incita o promueve la comisión de ilícitos en territorio mexicano, el Estado mexicano debe suspender la ejecución de los convenios de cooperación bilateral correspondientes. Este artículo, que busca proteger la soberanía y el estado de derecho en México, parece haber sido pasado por alto en medio de la crisis.
5.-La postura del gobierno mexicano, al insistir en que no tuvo nada que ver con el operativo, lo coloca en una posición contradictoria. Si realmente no intervino y la operación se llevó a cabo sin su conocimiento, México estaría en su derecho de suspender la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, tal como lo establece la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido ninguna acción en ese sentido, lo que genera más preguntas sobre la verdadera naturaleza de la relación bilateral en esta área crítica.
Este episodio no solo expone la fragilidad de la colaboración entre México y Estados Unidos, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de los acuerdos existentes. Si los lineamientos de 2021 no son respetados por ambas partes, y si la Ley de Seguridad Nacional es ignorada en favor de la conveniencia política, la soberanía de México está en riesgo.
6.-El gobierno de López Obrador ya en su corta recta final, se encuentra en una encrucijada. Debe decidir si mantendrá la narrativa de no intervención y, en consecuencia, tomará las medidas necesarias para defender la soberanía nacional, o si continuará en una postura de espera, esperando que la tormenta política pase sin mayores repercusiones. La decisión que tome no solo afectará la relación con Estados Unidos, sino que también definirá el futuro de la seguridad en México y la percepción de su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado.
7.- La colaboración entre México y Estados Unidos es vital para enfrentar a los cárteles, pero esta cooperación debe basarse en el respeto mutuo y en el cumplimiento estricto de las leyes y acuerdos establecidos. Cualquier desviación de estos principios no solo socava la efectividad de la lucha contra el crimen, sino que también pone en peligro la soberanía y la seguridad de la nación. En este momento crítico, México debe reafirmar su compromiso con la defensa de su territorio y con la transparencia en sus relaciones internacionales, asegurando que cualquier colaboración con potencias extranjeras se realice bajo sus propios términos y en pleno cumplimiento de su marco legal.
Además de la necesaria revisión de los acuerdos bilaterales, el gobierno mexicano debe enfrentar la presión interna y externa para demostrar su capacidad de gestionar su seguridad nacional de manera independiente y soberana. La narrativa de no intervención puede ser una táctica para evitar conflictos diplomáticos con Estados Unidos, pero también es una señal preocupante de debilidad que podría ser explotada por actores nacionales e internacionales.
8.-La situación es especialmente delicada en un contexto en el que la opinión pública mexicana está cada vez más consciente de las limitaciones del gobierno en su lucha contra el crimen organizado. La desconfianza hacia las instituciones, combinada con la percepción de que el gobierno está permitiendo una violación de la soberanía nacional, puede tener consecuencias graves en términos de legitimidad y gobernabilidad. La administración de López Obrador debe encontrar un equilibrio entre mantener una relación constructiva con Estados Unidos y al mismo tiempo reafirmar su autoridad en temas de seguridad y soberanía.
9.-Una posible estrategia para enfrentar esta crisis sería una revaluación abierta y transparente de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos. El gobierno podría convocar a un diálogo bilateral de alto nivel en el que se revisen los términos de la colaboración en materia de seguridad, con especial énfasis en el respeto a los lineamientos de 2021 y la Ley de Seguridad Nacional. Esto no solo demostraría la disposición de México para mantener una relación sólida con Estados Unidos, sino que también enviaría un mensaje claro de que la soberanía nacional no está en juego.
10.-Asimismo, es crucial que el gobierno mexicano establezca mecanismos de supervisión y control más rigurosos para garantizar que cualquier operación en territorio nacional que involucre a agentes extranjeros se realice bajo el marco legal establecido. Esto incluye no solo la coordinación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, sino también la participación activa de las fuerzas de seguridad mexicanas en cada etapa del proceso, desde la planificación hasta la ejecución de las operaciones.
En paralelo, la administración debe trabajar en fortalecer sus propias capacidades en materia de seguridad y justicia, para no depender en exceso de la asistencia extranjera. Esto implica una mayor inversión en tecnología, capacitación y recursos humanos para las fuerzas de seguridad y los órganos de justicia, así como una reforma integral del sistema judicial que permita un procesamiento más efectivo de los casos relacionados con el crimen organizado.
11.-La situación actual ofrece una oportunidad única para que México redefina su papel en la lucha contra el crimen organizado, no como un socio menor, sino como un actor clave que defiende sus intereses y su soberanía con firmeza. Al hacerlo, el país no solo fortalecerá su posición en la escena internacional, sino que también recuperará la confianza de sus ciudadanos en su capacidad para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestra era.
En conclusión, la crisis desatada por la captura de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López es un recordatorio de las tensiones inherentes en la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Si bien la cooperación es indispensable para enfrentar al crimen organizado, esta debe realizarse bajo términos que respeten la soberanía de México y se adhieran estrictamente a las leyes y acuerdos bilaterales vigentes. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de defender estos principios, no solo para preservar su dignidad como nación soberana, sino también para asegurar un futuro en el que la seguridad y la justicia prevalezcan en todo el territorio nacional.