El diputado Rodolfo Cardona Pérez (PT) presentó una iniciativa que modifica los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer un plazo máximo de 365 días naturales para finalizar una investigación cuando exista una denuncia por presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares.
Instituye que una vez que inicie formalmente la investigación, es decir, que se le haya notificado al denunciante, al área interna o a la autoridad gubernamental o externa que practicó la auditoría al inicio de la investigación, la autoridad investigadora tendrá como plazo máximo 365 días naturales para finalizar la investigación correspondiente.
Indica que se podrá informar al denunciante o al superior jerárquico, con 15 días hábiles previos al cumplimiento del plazo señalado anteriormente, la necesidad de realizar una investigación complementaria, que tendrá una duración máxima de 183 días naturales más, a partir del cumplimiento del primer plazo.
Agrega que una vez admitida la denuncia por la autoridad investigadora, ésta última tendrá la obligación de informar cada 90 días naturales al denunciante sobre el avance que guarda la investigación, informándole el carácter de confidencial y respetando los datos personales de las partes en dicho informe.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, menciona que la corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y a la inestabilidad, pone en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
En su fundamentación asegura que el personal que integra las contralorías ha externado comentarios en el sentido de que la Ley de Responsabilidades Administrativas, tanto la general como las estatales, no son claras en el apartado de las investigaciones por la comisión de presuntas faltas administrativas.
Puntualiza que el personal dentro de los mismos órganos internos de control desconoce completamente el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, lo que puede ser considerado como un reto a enfrentar tanto por el gobierno como por las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.
“La corrupción no sólo sigue al conflicto, sino que a menudo es una de sus causas fundamentales; alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al socavar el Estado de derecho, agravar la pobreza y facilitar el uso ilícito de recursos”, describe.
Enfatiza que la prevención de este delito, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales el Estado mexicano ha mostrado su compromiso con los mismos.
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