José Alberto Sánchez Nava
1.-En un momento crítico para la vida democrática de México, el Poder Ejecutivo ha propuesto cambios constitucionales que amenazan con desmantelar la independencia y autonomía del Poder Judicial. La idea de que ministros, magistrados, y jueces de distrito tengan que separarse de su cargo para someterse a elecciones populares es un ataque directo no solo a su carrera judicial, sino también a los principios fundamentales de impartición de justicia en el país.
2.-La independencia judicial es uno de los pilares sobre los cuales se construye una verdadera democracia. La justicia no puede ni debe estar sujeta a las presiones de la opinión pública ni a los vaivenes de la popularidad. Cuando se trata de juzgar, no es el aplauso popular lo que debe guiar a un juez, sino el conocimiento profundo del derecho, la imparcialidad y la firme convicción de aplicar la ley sin miedo ni favor. Las propuestas del Ejecutivo no solo ignoran estos principios, sino que los ponen en grave riesgo.
La tesis de jurisprudencia que se transcribe es clara al respecto:
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY.
Las garantías de autonomía e independencia judicial son instrumentales respecto del derecho humano de acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual deben ser “establecidas” y “garantizadas”, lo que se traduce en un doble mandato constitucional: el de establecer condiciones de independencia y autonomía, que exige una acción positiva y primigenia del legislador local para incluirlas en la ley; y el de garantizar esos contenidos, lo que significa para el legislador ordinario un principio general que presume la necesaria permanencia de los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no regresividad, para evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomía e independencia judicial existente en un momento determinado.
Lo anterior significa que los componentes que integran la independencia y autonomía judicial deben preverse, por mandato constitucional, en normas materialmente legislativas que, una vez establecidas, dejan de estar a la libre disposición del legislador, de modo que el estudio de su constitucionalidad debe tomar en cuenta necesariamente el contexto de la evolución constitucional de cada entidad federativa.*
3.-Esta tesis subraya un principio fundamental: la independencia judicial no es negociable. No puede estar a merced de decisiones políticas que busquen subordinar a los jueces a criterios de popularidad. La autonomía y la independencia judicial son garantías indispensables para el acceso a la justicia, y cualquier intento de debilitar estas garantías no solo es inconstitucional, sino también un atentado contra el estado de derecho.
En consecuencia se advierte, que cualquier intento de reducir la independencia judicial, bajo el pretexto de una reforma, sería un acto de regresividad inconstitucional. Los jueces deben poder ejercer su función sin la presión de factores externos, como la popularidad política, que podrían comprometer su imparcialidad. Desafortunadamente, la propuesta del Poder Ejecutivo ignora estas premisas fundamentales, poniendo en riesgo no solo la integridad del sistema judicial, sino también la confianza pública en la justicia.
4.-Proponer que los jueces sean electos por voto popular es, en esencia, subordinar la justicia a los intereses políticos del momento. En un país donde la polarización y la desinformación pueden fácilmente influir en la opinión pública, permitir que la popularidad decida quién imparte justicia es abrir la puerta a la manipulación y la corrupción del sistema judicial. Los jueces deben ser seleccionados por su preparación, su experiencia y su compromiso con la ley, no por su capacidad de hacer campaña o de ganar votos.
La historia nos ha enseñado que cuando el Poder Judicial pierde su independencia, el estado de derecho se desmorona. En países donde los jueces han sido sometidos a la voluntad del poder político, la justicia se ha convertido en una herramienta de opresión, y la democracia ha sido erosionada hasta desaparecer. México no puede permitirse seguir este camino.
5.-El desmantelamiento del Poder Judicial que se propone no solo amenaza con destruir la confianza en el sistema de justicia, sino que también sienta un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia. Si permitimos que la independencia judicial sea socavada, estaremos abriendo la puerta a un régimen donde la ley se aplique de acuerdo con los intereses del poder y no en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Es imperativo que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, y las instituciones académicas alcen la voz en defensa de la independencia judicial. La justicia no puede ser un juego político. Es la base de una sociedad libre y justa, y debemos protegerla con todas nuestras fuerzas. La autonomía e independencia del Poder Judicial no son solo principios abstractos; son las garantías que aseguran que todos, sin importar su poder o influencia, sean iguales ante la ley.
6.-Si dejamos que estos cambios avancen, estaremos sacrificando uno de los más valiosos pilares de nuestra democracia. Es hora de reflexionar profundamente sobre lo que está en juego y actuar antes de que sea demasiado tarde. La justicia, como la libertad, es algo que se debe defender constantemente, porque una vez perdida, es difícil, si no imposible, recuperarla.
7.-Un Llamado a la Reflexión
México se enfrenta a una encrucijada. ¿Queremos un sistema de justicia que siga siendo un baluarte de imparcialidad y legalidad, o uno que se pliegue a los caprichos de la política? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la nación. El Poder Judicial no es un trofeo que se gana en las urnas; es un pilar de nuestra democracia que debe ser defendido con firmeza.
El desmantelamiento de la autonomía judicial en México no solo sería un retroceso en términos de justicia, sino también un golpe mortal a la esencia misma de nuestra democracia. Es imperativo que la ciudadanía, los legisladores y todos los actores políticos tomen conciencia de la gravedad de esta amenaza y actúen para proteger la independencia judicial. Solo así podremos asegurar que la justicia siga siendo el refugio de los derechos y libertades de todos los mexicanos.
* Registro digital: 2001845, Instancia: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis:P./J. 29/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tipo: Tesis de Jurisprudencia
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY.
