El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una nueva orden de aprehensión tras no presentarse a declarar ante la fiscalía el jueves. Morales, quien es investigado por supuestos delitos de estupro, trata y tráfico de personas en relación con una menor de edad, no asistió a la cita programada en Tarija, lo que llevó al Ministerio Público a preparar la orden de captura.
Morales, de 64 años, ha calificado este proceso como una “persecución política” orquestada por el gobierno del presidente Luis Arce, quien fue su ex aliado y ahora es su rival político. La tensión entre ambos ha aumentado en el contexto de las elecciones generales de 2025, a medida que el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), se enfrenta a una profunda división.
El abogado de Morales, Jorge Pérez, defendió su inasistencia argumentando que “el expresidente vive a más de 980 kilómetros de distancia” y señaló que su cliente no debería estar en “una cuestión de desventaja”. Su colega, Nelson Cox, también resaltó que “no había garantías” para la declaración.
La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que esperó media hora a Morales y a otros dos acusados, quienes tampoco se presentaron. “La orden de detención que se va a emitir será para que Morales se presente a dar declaración informativa”, añadió Gutiérrez. Según ella, se han respetado todos los derechos durante este proceso.
Marco Antonio Baldivieso, ex magistrado del Tribunal Constitucional, advirtió que Morales, al ser un ciudadano enfrentando denuncias, debe justificar su inasistencia. De no hacerlo, podría enfrentarse a una orden de aprehensión.
Mientras tanto, imágenes de la radio Kausachum Coca mostraron a Morales en un evento público en Villa Tunari, donde recibió el apoyo de sus partidarios. Estos amenazaron con bloquear rutas importantes si se ejecuta la orden de aprehensión. Vicente Choque, un dirigente de su partido, declaró: “Estamos resguardando a nuestro comandante, Evo Morales, su domicilio y en todo el Trópico”.
El caso ha cobrado relevancia debido a las acusaciones de injerencia política en el sistema judicial. La denuncia se relaciona con un incidente de 2016, cuando Morales habría tenido una hija con una menor de 15 años, y se alega que los padres de la adolescente consentieron la relación a cambio de beneficios.
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