Por: José Murat
Absortos en el debate nacional, los actores políticos de México y los medios nacionales de opinión han prestado escasa atención a la grave embestida, una más, que está sufriendo el primer Presidente de Colombia emergido de la lucha social, incluida la armada en su temprana juventud, y al margen del establishment bipartidista y la oligarquía criolla que han gobernado a ese país hermano por décadas y aún generaciones.
Petro, hay que tenerlo presente para aquilatar el significado de su gobierno y la actual tentativa de aniquilarlo, representa el cambio y la ruptura frente a las fuerzas que tradicionalmente dominaron y gobernaron a su país, siempre al amparo de un temor a lo que identificaban como comunismo, resabios de la Guerra Fría.
Luego de una pública participación durante 12 años en la lucha política no convencional, obtuvo una amnistía después de que el M-19, la principal organización guerrilla de Colombia, y un referente en la lucha armada en América Latina, firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 1990, proceso en el que México tuvo una destaca participación como mediador y propiciador de una nueva etapa de civilidad y diálogo en ese país latinoamericano.
Por su propia biografía de luchador social, fue detenido y torturado por militares, y estuvo preso durante año y medio. Además, el hoy presidente en funciones fue amenazado de muerte en varias ocasiones, un riesgo a su vida que lo forzó incluso a un exilio de tres años en Europa. Con esos antecedentes, fue el candidato más custodiado en la contienda.
Ahora es el presidente más asediado en la historia de Colombia. En efecto, tal como ocurriera con el presidente izquierdista de Guatemala, Bernardo Arévalo, a quien la fiscalía insistía, con escuálidos argumentos “jurídicos” en frenar su toma de posesión a inicios de este año, ahora en Colombia un órgano administrativo de menor cuantía pretende invalidar y descalificar el triunfo de Gustavo Petro, por un presunto rebase de gastos de campaña, una impugnación ya sustanciada y superada ante otras instancias de mayor peso jurisdiccional.
Es una estrategia montada por los sectores dominantes de la derecha de ambos países, enquistados en posiciones de poder financiero, mediático y paraestatal.
En el vecino país del sur la tentativa no prosperó por la solidaridad internacional, y en Colombia tampoco tiene amplias perspectivas de fructificar, pero deja muy claro que todavía hay tentativas de golpes de Estado, pero ahora por vías diferentes, menos cruentas pero igualmente letales, cuando se les desestima y no hay monitoreo de las fuerzas internacionales de avanzada.
En el caso de Gustavo Petro, que ya recibió un mensaje de solidaridad del gobierno mexicano y su jefa de Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum, una sala del Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación y formuló cargos en su contra, por presuntamente violar los topes de financiamiento permitidos por la ley, durante su campaña electoral.
Se trata, en primer lugar, de una violación de la constitución política de Colombia, pues el CNE es un órgano técnico, administrativo, que no puede iniciar un proceso y mucho menos fincar cargos a un presidente de la República, una facultad privativa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la única dotada de atribuciones para realizar cualquier investigación y eventualmente sancionar a un mandatario.
Sin embargo, como han dado cuenta algunos analistas locales y sobre todo de aquel país, se trata de un órgano administrativo formado por políticos con intereses particulares muy identificados, que fungen como magistrados. La ponencia en contra de Petro, específicamente, fue formulada por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ambos vinculados con el uribismo, la corriente liderada por el expresidente de ultraderecha Álvaro Uribe, todavía con muchas posiciones en el aparato de Estado.
El magistrado Prada, quien acusa al mandatario colombiano en funciones de haber rebasado el tope de gastos de campaña, está siendo investigado por el mismo caso de manipulación de testigos en el que está acusado el propio expresidente Uribe, principal opositor del petrismo.
La acusación en curso por parte de los magistrados uribistas se da pese a que la propia auditoría externa contratada por el CNE para revisar dicha campaña, certificó apenas el pasado 19 de septiembre la normalidad de todas las cuentas presentadas por Colombia Humana, la fuerza que impulsó a Petro, respecto a los gastos electorales.
No sobra recordar que cuando se desempeñaba como Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro también enfrentó a otra entidad administrativa utilizada como partido político, la Procuraduría General de la Nación, y la CIDH dictaminó en ese entonces que una entidad administrativa no puede destituir a un ciudadano elegido popularmente.
La investigación del CNE se desahoga justo cuando se discuten seis reformas clave para el futuro del país, en el congreso colombiano: Agraria; Laboral; Política, que además busca reformar al CNE; de la Salud; Autonomía territorial; y al Sistema de Justicia, reformas que buscan desmontar instituciones creadas al calor del neoliberalismo dominante por décadas.
Frenar cualquier tentativa de golpe de Estado, duro o blando, en contra del mandato popular es imperativo, y requiere de la solidaridad internacional, en América Latina y en cualquier lugar del mundo.
