Ricardo Del Muro / Austral
La sentencia de 38 años de prisión que un juez federal de Nueva York impuso a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, ha significado un golpe demoledor para los panistas, que actualmente representan la principal oposición al gobierno de Claudia Sheinbaum y en opinión de los analistas, es la “punta del iceberg” de una serie de acusaciones y procesos pendientes que podrían involucrar a varios políticos mexicanos y llegar hasta el expresidente Felipe Calderón.
Desde hace tiempo, los mexicanos sospechan que funcionarios de los más altos niveles de poder han estado aliados con los mismos narcotraficantes que durante décadas han infligido dolor y penurias a su país. Y el proceso judicial de García Luna en Nueva York fue una especie de espectáculo catártico para muchas personas en México, señaló Alan Feuer, periodista del New York Times.
El juez Brian M. Cogan, quien supervisó el juicio por corrupción de García Luna, que duró alrededor de un mes, reprendió a García Luna desde el estrado, diciendo que había llevado una doble vida y que su carrera como máximo representante de la ley en México era “una cortina de humo” que le permitió hacer daño a innumerables de sus compatriotas.
El juez Cogan, indicó el periodista, pareció estar consciente del problema de la corrupción en México y añadió que quería dar un ejemplo con el caso de García Luna. “El delito aquí es tan abrumador”, dijo, “que sugiere una necesidad real de enviar un mensaje a otros funcionarios públicos”.
La noticia de su sentencia reavivó las preguntas sobre qué conocimiento tenía el expresidente Felipe Calderón de las actividades ilícitas del máximo responsable de seguridad de su gobierno, incluso por parte de miembros de su propio partido conservador.
“Felipe Calderón debe dar una explicación al pueblo de México2, dijo Marko Cortés, presidente del PAN, en una conferencia de prensa el miércoles antes de que se anunciara la sentencia. “No queremos que se presenten más García Lunas en nuestro país”, afirmó.
La respuesta no se hizo esperar. En un hilo de redes sociales, Calderón dijo que nunca tuvo o recibió “evidencia verificable” que involucrara a García Luna en acuerdos ilegales con grupos del crimen organizado pero que respetaba la sentencia. También defendió la estrategia de su gobierno de lanzar un agresivo ataque a los cárteles de la droga, una medida que sumió a México en uno de sus más sangrientos episodios, del que el país aún lucha por salir.
“Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres para defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado”, dijo Calderón. “La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona sino de todo un equipo de gobierno”.
En la nota sobre el juicio publicada en el NYT, se indica que los testigos incluyeron a Sergio Villarreal Barragán, un ex agente de la policía en México que cambió de bando en la guerra contra el narco y era conocido como el Grande. Villarreal Barragán declaró que a principios de la década de 2000 García Luna se presentó en un almacén del estado de Chiapas, en el sur de México, para reclamar su parte en un negocio de drogas: más de 14 millones de dólares en efectivo.
Otro testigo de la fiscalía fue Jesús Zambada García, hermano del líder del Cártel de Sinaloa recientemente detenido, Ismael Zambada; éste declaró que él personalmente había metido millones de dólares en dos maletas deportivas que se entregaron a García Luna en el restaurante Champs Élysées de la Ciudad de México poco después de que García Luna se convirtiera en secretario de Seguridad Pública del país.
Para Guadalupe Correa – Cabrera, profesora de Política y Gobierno, así como para el periodistas Jesús Lemus – ambos especialistas en temas del narcotráfico -, todavía quedan muchas preguntas por responder:
Lemus consideró que es un gran paso el que se dio en la corte de Nueva York, pero el fallo de culpabilidad de exsecretario de Seguridad Pública es solo la punta del iceberg.
“La gran pregunta: ¿Van a ir por el socio mayor del Chapo Guzmán, de los Beltrán Leyva y del narcotraficante Generado García Luna? Es decir, por Felipe Calderón. Esa es la gran duda que queda y esa pregunta la debe responder el gobierno federal”.
A su vez, Correa – Cabrera planteó que tras el fin del juicio contra García Luna quedan muchas preguntas, como la participación de las agencias y políticos de Estados Unidos que utilizan el tema del narcotráfico como una especie de control, como una forma de juzgar a los países del sur global, cuando ellos están consumiendo drogas y están facilitando su distribución.
“Lo interesante es que los testimonios solamente mencionaron a personajes mexicanos. No se mencionó nada con relación a la participación de las agencias o de los agentes estadounidenses. Y no se puede pensar en un negocio billonario como el de las drogas y la capacidad de distribución de las redes del narcotráfico dentro de Estados Unidos, sin una complicidad transnacional”. RDM
