José Alberto Sánchez Nava
“Cuando el poder ignora la ley, la justicia se tambalea y la democracia pierde su esencia.”
1.-La Desobediencia del Ejecutivo ante la Suspensión Judicial
Recientemente, el Poder Ejecutivo, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, ha anunciado que no acatará la suspensión de los actos que se le reclaman como autoridad responsable en un juicio de amparo, decisión emitida por una jueza de distrito. Este anuncio se hizo tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la aprobación constitucional de la reforma judicial en México, que ha sido impugnada por posibles trasgresiones a los derechos humanos de los quejosos y al interés público.
La suspensión de actos por parte del Poder Judicial es un mecanismo esencial para proteger a los ciudadanos ante el posible abuso de poder. En este caso, al negarse a obedecer esta orden, el Ejecutivo no solo incumple una disposición judicial, sino que además ignora el marco constitucional y legal que obliga a las autoridades a fundamentar y motivar todos sus actos, y a lo cual se le conoce como el principio de legalidad.
2.-Principio de Legalidad: La Base del Estado de Derecho
El principio de legalidad es el fundamento que rige la acción de las autoridades públicas. Establece que ninguna autoridad, incluyendo el Poder Ejecutivo, puede actuar fuera de los límites establecidos por la Constitución y las leyes que de ella emanan. Cada servidor público, al asumir su cargo, protesta cumplir con la Carta Magna y las leyes que regulan su actuar. Sin embargo, cuando el Ejecutivo desacata una suspensión judicial, viola este principio, atentando no solo contra la ley, sino contra el sistema de justicia y el orden constitucional que juró respetar.
Este principio de legalidad obliga a las autoridades a justificar legalmente todas sus decisiones y acciones. Por ello, cuando una autoridad, como el Ejecutivo federal, ignora una orden judicial, envía el mensaje de que las reglas solo son aplicables cuando le son convenientes, socavando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en las instituciones del país.
4.-La Ley de Amparo: Un Escudo contra el Abuso de Poder
La Ley de Amparo, una de las principales herramientas jurídicas en México para la protección de los derechos humanos, establece sanciones claras para las autoridades que incumplen una suspensión judicial. El artículo 209 de esta ley detalla que, si una autoridad no cumple con la suspensión o lo hace de manera defectuosa o con mala fe, el órgano judicial puede requerirle que cumpla en un plazo de 24 horas. Si la autoridad no obedece, se expone a ser denunciada ante el Ministerio Público de la Federación.
El artículo 262, fracción III, de la misma ley establece que una autoridad que no obedece un auto de suspensión puede enfrentar penas de tres a nueve años de prisión, multas, y la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Estas disposiciones subrayan la seriedad con la que debe tratarse el cumplimiento de las suspensiones judiciales y la gravedad del desacato.
5.-La Impunidad del Desacato: Un Precedente Peligroso
El desacato por parte del Ejecutivo en este caso no es simplemente un acto de desobediencia, sino una señal preocupante de que el poder se considera por encima de la ley. Cuando el Gobierno se niega a obedecer una suspensión judicial, no solo vulnera los derechos de los quejosos, sino que también establece un precedente alarmante: la legalidad puede ser manipulada o ignorada según las necesidades del poder.
Si se permite que el Ejecutivo actúe fuera de los márgenes de la ley sin repercusiones, se abre una peligrosa puerta a la arbitrariedad. El riesgo de un poder Ejecutivo que se considera inmune al control judicial socava la confianza pública en el sistema democrático. La justicia se debilita cuando las autoridades eluden las órdenes judiciales sin sanción, y este acto de desobediencia crea un ambiente de impunidad que amenaza con desmantelar los cimientos del Estado de Derecho.
6.-El Papel del Poder Judicial y la Responsabilidad del Ministerio Público
En este escenario, el rol del Poder Judicial y del Ministerio Público se vuelve fundamental. La Ley de Amparo otorga al Poder Judicial la facultad de exigir el cumplimiento de las suspensiones, y al Ministerio Público la responsabilidad de sancionar a las autoridades que desacaten estas órdenes. Sin embargo, el problema central radica en si las instituciones de justicia tendrán la fortaleza y la independencia necesarias para hacer cumplir la ley ante un poder tan vasto como el Ejecutivo.
Es imperativo que el Ministerio Público de la Federación actúe con firmeza en este caso. Si no se toman medidas contundentes, se enviará el mensaje de que el Ejecutivo puede actuar fuera de la ley sin consecuencias, debilitando aún más la estructura de la justicia en México. No solo se trata de proteger los derechos de los quejosos en este caso específico, sino de salvaguardar la integridad del sistema legal mexicano.
7.-La Fragilidad de la Democracia ante la Arbitrariedad del Poder
El respeto a la legalidad y a las instituciones judiciales es la base de cualquier democracia. El desacato del Ejecutivo a una suspensión judicial erosiona esa base y plantea serios interrogantes sobre el futuro de la democracia en México. Si las autoridades no respetan las reglas que ellas mismas están obligadas a cumplir, se debilitan los mecanismos de control y balance que previenen el abuso de poder.
La legalidad no es un lujo del que los gobiernos puedan prescindir según su conveniencia. Es la garantía que protege los derechos de los ciudadanos y mantiene en equilibrio los poderes del Estado. Permitir que una autoridad tan poderosa como el Ejecutivo desacate una orden judicial sin enfrentar consecuencias podría abrir un precedente devastador para el país.
8.-Conclusión: El Estado de Derecho No Es Negociable
La decisión del Poder Ejecutivo de no acatar una suspensión judicial impuesta por un tribunal constitucional no solo vulnera los derechos humanos de los quejosos, sino que socava el Estado de Derecho en México. El principio de legalidad, que obliga a todas las autoridades a actuar conforme a la Constitución, ha sido flagrantemente violado. Este acto de desacato no solo infringe la Ley de Amparo, sino que también pone en riesgo la credibilidad de las instituciones y la estabilidad democrática del país, en suma, si quien detenta la investidura presidencial comete desacato de una determinación judicial directa, se auto niega a sí misma en el ejercicio de sus funciones.
En tiempos donde la desobediencia a las leyes y a los órganos judiciales puede marcar el rumbo de la nación, es esencial que el Estado reafirme su compromiso con el respeto a la legalidad. De lo contrario, el peligro de que el poder se deslice hacia la arbitrariedad y la impunidad se hará cada vez más tangible. En este escenario, la ciudadanía, las instituciones y los actores políticos deben asumir un papel firme en la defensa de la Constitución y los principios que garantizan un México justo y democrático.
