Ricardo Del Muro / Austral
El municipio fronterizo de Tapachula, Chiapas, se ubicó en el primer lugar de percepción de inseguridad, según el último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que se dio a conocer el lunes, un día después de que ocurrió el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas.
La encuesta del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de este año, reveló que las ciudades donde la población percibe mayor inseguridad son: Tapachula (91.9%), Naucalpan de Juárez (88.0%), Fresnillo (87.9%), Ecatepec de Morelos (87.0%), Irapuato (86.4%) y Tuxtla Gutiérrez (85.9%).
El posicionamiento de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en los primeros lugares de percepción de inseguridad a nivel nacional, además del homicidio del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal, muestra la compleja situación de inseguridad que hay en el estado de Chiapas.
Este contexto de inseguridad que muestran las estadísticas se vio agravado por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, que ocurrió en la comunidad de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas. El crimen, perpetrado después de que el religioso celebrara la primera misa de la mañana el domingo 20 de octubre, motivó la denuncia del Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que demanda el esclarecimiento y castigo a los responsables del crimen del sacerdote y urge a que las autoridades mexicanas tomen acciones efectivas para evitar que siga creciendo la violencia en Chiapas.
Al expresar su dolor por el asesinato del padre Marcelo, monseñor Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal, señaló que los gobiernos y la fortaleza del tejido social en Chiapas han quedado rebasados frente a la impunidad con la que operan los grupos criminales. “No hemos logrado que la violencia se detenga, sino que va en aumento. Esto nos debe hacer reflexionar a todos, a los creyentes también, pero sobre todo al gobierno en el poder, para que busquen cómo desmantelar a estos grupos armados, que están haciendo tanto daño a la comunidad”, urgió Arizmendi.
Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un ambiente de “guerra civil” en Chiapas, en respuesta a las denuncias del Consejo Nacional Indígena (CNI) por los asesinatos de defensores de la tierra y pueblos originarios, como el padre Marcelo Pérez.
“No (hay una guerra), no lo creo, por la información que tenemos. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así (refiriéndose al homicidio del sacerdote) y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando”, respondió el martes en su conferencia mañanera.
Un día antes, al difundirse la terrible noticia del asesinato del padre Marcelo, el CNI había dado a conocer un comunicado en donde señalaba que, “a poco más de dos semanas de la presidencia de Claudia Sheinbaum, Chiapas está en un escenario de guerra civil” ante la violencia del crimen organizado en la región, que se disputa el tráfico de drogas y personas en la frontera sur de México.
Este clima de violencia e inseguridad en Chiapas, que se agudizó en los últimos días, que ha sido mostrado en la reciente encuesta del Inegi, es un fenómeno que se ha ido incrementando en los últimos años ante la indiferencia del gobierno federal. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene ubicado a Chiapas en la alerta de viaje como uno de los destinos a los que se debe reconsiderar viajar debido a la violencia y a la actividad delictiva que hay en varios municipios de la entidad.
Esta situación ha sido ampliamente documentada, como lo muestra un reciente artículo de Insight Crime, que señala la guerra que mantienen dos grupos del crimen organizado (CJNG y Cártel de Sinaloa) para controlar la frontera sur del país.
El artículo señala que la zona centro sur de Chiapas es una de las principales rutas de tráfico de migrantes entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Los criminales ven en los migrantes una oportunidad para operar en secuestros y extorsiones y por usar las rutas controladas, el Cártel de Sinaloa llega a cobrar hasta 100 dólares.
También resalta el cobro de piso en contra de transportistas y agricultores, mismos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos. Asimismo, de acuerdo con este reporte, el recrudecimiento de la violencia tiene que ver con el interés de los grupos de criminales para intervenir en el ámbito político municipal, motivo por el cual han ocurrido secuestros y asesinatos.
En Chiapas, podemos afirmar que todos los ciudadanos saben que es muy peligroso viajar hacia Frontera Comalapa, Frontera Corozal, Chicomuselo y los municipios de la sierra. Existe una percepción generalizada de inseguridad y urge una acción efectiva de las autoridades. RDM
