La regulación de la Inteligencia Artificial para nada es una idea descabellada, al contrario se celebra que los gobernantes se interesen por la tecnología y no le tengan miedo a regular y beneficiar al grueso de la población.
Sin embargo la ejecución, como muchas cosas en el gobierno, son sin escuchar a los expertos, ni a la gente que realmente sabe o se interesa por los temas, al contrario los inexpertos gobernantes deciden las regulaciones.
Los riesgos que existen por este tipo de regulaciones evitando a los expertos e iniciativa privada son temas muy delicados como lagunas en la legislación, contraproducente, ralentizando la innovación y generando restricciones innecesarias para las empresas tecnológicas.
Además hay que considerar que la inteligencia artificial es un campo en rápida evolución, y cualquier legislación corre el riesgo de quedarse obsoleta rápidamente.
La Ley considera incorporar la “responsabilidad algorítmica”, que detalla elementos y condiciones para evaluar los efectos y la rendición de cuentas en el uso de algoritmos, e incluye auditorías cuyos resultados deben publicarse.
También establece procedimientos de protección de datos con sanciones por infracciones; así como el cumplimiento de derechos como acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad (ARCOP) para proteger el uso.
México no es el primer país en buscar la regulación de esta tecnología, la Unión Europea ya se encuentra con un proyecto en la fila para aprobarse, en China el control gubernamental en cambio ha marcado la pauta para la regulación y en países como Estados Unidos presentan la necesidad de crear una ley sobre el tema.
Como se puede mejorar la iniciativa de legislación para que funcione y no quede en carta sin valor, considero que la industria tecnológica, en colaboración con organizaciones internacionales y expertos en ética tecnológica, es la que debe liderar la creación de estándares para el desarrollo y uso de la IA.
Su capacitación para ajustar las normativas en tiempo real a medida que avanza la tecnología, lograría evitar así las limitaciones impuestas por regulaciones gubernamentales. Eso sin negar el apoyo gubernamental al contrario sería una ayuda para que creen una iniciativa mucho más apta para el sector.
Otro de los problemas actuales que tiene la actual iniciativa es el permiso al gobierno para que centralice el control sobre el uso de la IA abriendo la puerta a abusos de poder. La privacidad y los derechos digitales son aspectos fundamentales que deben protegerse, pero esto debe hacerse a través de mecanismos más ágiles y especializados, que fomenten la innovación y protejan los derechos ciudadanos sin comprometer el potencial de la IA.
No hay que negarse a la regulación, hacerlo debe ser fundamental para la protección de la mayoría de la sociedad, pero eso no debe significar ni la restricción de la libertad ni tampoco la centralización del sector. Además los gobernantes deberían buscar asesoramiento de la iniciativa privada para hacer un trabajo legislativo apto y no caiga en lagunas, o en una pesadilla para el sector y el desarrollo tecnológico, hoy que celebramos que los gobernantes se fijen en temas importantes como la inteligencia artificial, hay que exigirles también rigor y capacitación en su labor.
