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Jaime Flores Martínez
Jueves 31 de octubre del 2024.- Atrapado entre la indignación máxima y la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte, resulta muy probable que el influyente narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada “negociará” con Estados Unidos intercambiar información valiosa a cambio de su vida.
Y es que durante la audiencia preliminar del mes pasado ante el juez Brian Cogan, el Mayo conoció que son tan graves los delitos planteados en su contra, que fácilmente podría enfrentar la pena de muerte.
Al conocer lo anterior, algunos observadores coincidieron en señalar que —seguramente— su equipo de abogados le propondrán convertirse en “informante” pues solo así le perdonarían la vida.
Hay quien piensa que —de contar con los talentos que le adjudican—Zambada García aceptaría esa posibilidad, pues ya le explicaron que “solamente uno” de los 17 cargos que enfrenta la penalidad mínima sería la cadena perpetua.
Si acaso alguien lo ignora, una de las acusaciones que le achacan es la de “administrar de manera continua” (por más de 35 años) una organización criminal.
¡Encabezó el Cartel de Sinaloa desde 1989!
Para que quede más claro, si acaso Zambada fuera encontrado culpable exclusivamente de ese cargo, la pena aplicable sería el encarcelamiento de por vida.
Aunque sería interminable referirse a cada uno de los cargos, el gobierno de Estados Unidos lo responsabiliza de la fabricación e introducción de un letal opioide identificado como Fentanilo que durante los 6 años anteriores cobró la vida de unos 550 mil estadunidenses.
En otras palabras, la Fiscalía norteamericana podría acusarlo de más de medio millón de asesinatos.
Ubicados en lo anterior, resulta lógico que el juez Cogan haya abierto la posibilidad de someterlo a la inyección letal.
De regreso a la posibilidad de “negociar” su sentencia, ya comenzó en México el llamado “efecto cucaracha”.
Hasta el más modesto de los policías que están involucrados con el Mayo, sienten que la justicia norteamericana los alcanzará.
Si bien tienen confianza de salir impunes ante las leyes mexicanas, también saben que los vecinos aplican una justicia que escasea en nuestro país.
Ese “modesto policía” aludido sabe sin embargo que a la justicia gringa no le interesa procesar y juzgar a personajes de mediana estampa, sino a quienes tienen una estatura mayor entre la delincuencia o los grupos de poder.
Por eso, influyentes personajes de la vida pública deben sentir temblores en sus corvas ante la posibilidad del virtual canto del Mayo.
Y es que hasta el más ingenuo de los mexicanos sabe que las organizaciones criminales gozan de la protección de las autoridades, pues de otra manera el negocio no funcionaría.
Aunque más de 30 millones de mexicanos desestimen el saludo afectuoso de López Obrador a la mamá del Chapo en Badiraguato, las autoridades de Gringolandia, lo tienen perfectamente documentado.
También el expediente contiene las 7 visitas que “oficialmente” hizo AMLO a Sinaloa durante su gestión y la liberación de Ovidio Guzmán (hijo del Chapo) el 17 de octubre del 2019 en Culiacán Sinaloa.
Para las autoridades gringas, está claro el contubernio de la Secretaría de la Defensa con diversos grupos delincuenciales.
Al gobierno de Estados Unidos le queda muy claro que altos mandos de la SEDENA están inmersos.
Ah
A propósito del tema, el profesor e investigador del CIDE Carlos Pérez Ricart refirió una visión que para muchos pasa de largo.
Pérez Ricart considera que la autoridad mexicana estableció un acuerdo de una especie de “Outsurcing judicial” con Estados Unidos.
Esto es que allá se juzga y se condena a personajes que en México no se tocan ni con el pétalo de una averiguación previa.
Ahí están los casos de “el Chapo”, García Luna y ahora el Mayo Zambada.
Tiemblan canillas.
Positivo
Qué bueno que el gobierno federal interviene en el caso de la niña (14 años) queretana que enfrenta cargos de homicidio calificado.
Resulta que el año pasado esta menor fue violada por un familiar y quedó embarazada.
Ella asegura que ignoraba su embarazo y hace días tuvo un aborto espontáneo.
La justicia esta sobre ella y el gobierno federal ya le pidió apoyo al Gobierno de Querétaro.
Es indignante que esta niña sea criminalizada, en lugar de ser vista como víctima.
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