Héctor Calderón Hallal
Cuando lo último que se pretende es que este trabajo se convierta en un panegírico con carga filial hacia ningún partido o corriente del pensamiento, de esos que dominan actualmente el espectro político nacional, inevitablemente se tiene que reconocer algo, a propósito del tema que nos ocupa en esta entrega, que es la situación política y de gobernanza del Estado de Sinaloa: a estas alturas, cuando faltan aún tres largos años para la sucesión gubernamental en aquella noroccidental Entidad, la oposición allá solo tiene dos nombres o dos denominaciones: Se llama Mario Zamora… y también se llama Paloma Sánchez…
Su filiación política -que es priísta- es un tema que no es oneroso para la imagen de ambos, a como están las cosas… pues son los únicos legisladores-activistas que se encuentran notoriamente ocupados, trabajando, en la defensa de los intereses de la población.
Tal y como se lee.
Hoy por hoy, Mario y Paloma, no solo son las voces más enérgicas y puntuales en la defensa del Estado y de los sinaloenses… Son las únicas.
Los diputados y senadores de Morena, ni sus luces… no defienden ni por asomo a la población sinaloense, solo quedan bien con sus jefes políticos a quienes le deben el puesto.
Y miren ustedes amables lectores:
Pasan los días y las cosas en Culiacán no cambian…siguen cada día más graves en materia de inseguridad y de violencia. La psicosis colectiva tiende a convertirse en pocos días en terror si no hace nada contundente… y la sociedad empobrece al no poder salir a trabajar o abrir sus negociaciones, según sea el caso.
No obstante, el Gobierno Federal juega al “Policía Bueno y al Policía Malo” y le da más importancia de la debida a un individuo, que es Rubén Rocha Moya… que al resto de la población sinaloense. Al parecer para Claudia Sheinbaum y su gobierno, es más importante sostener a Rocha -al precio que sea- que restaurar la paz pública y la tranquilidad en aquella Entidad… ¿Pues qué hay detrás?… ¿Qué les sabe Rocha Moya a Claudia y a López Obrador… o qué le deben estos a aquel?
Y no solo eso. Ambos niveles de Gobierno -y se incluye al Gobierno Municipal de Culiacán- tienen la desfachatez todavía de seguir exigiendo a la gente el pago puntual de obligaciones de carácter fiscal o de contribuciones (impuesto predial) y/o pagos por servicios y aprovechamientos (agua potable y saneamiento) como si el Gobierno a través de sus dependencias “cobronas” estuvieran haciendo muy bien su trabajo.
En tiempos en que la eficiencia se pide de manera equitativa tanto a autoridades como a gobernados.
En tiempos, en que el discurso oficial es evitar a toda costa ‘gobiernos ricos con pueblos pobres’.
Por eso resulta muy puntual el llamado que hace desde la Cámara de Diputados el legislador sinaloense Mario Zamora Gastelum, como también lo hizo en su momento desde el Senado, la mazatleca Paloma Sánchez; un llamado obligado, urgente, pues… las circunstancias en su tierra apremian y su gente, la población de Sinaloa, vive materialmente sometida, en cautiverio… no tiene la libertad de tránsito ni de libre oficio, ni cuenta con la paz pública ni el orden mínimos suficientes para el desarrollo pleno de sus actividades y potencialidades. Está postrada ante el narco por un lado… y ante un Gobierno insensible y tirano por el otro, que con una mano le chantajea la entrega de sus apoyos asistenciales y con el otro la amenaza de que, si no lo respalda, se queda sin los apoyos… y sin la paz necesaria para vivir… y en medio de una economía sostenida con alfileres.
Este martes, ante una delegación de ciudadanos y líderes empresariales sinaloenses que visitó la Cámara de Diputados, el diputado Mario Zamora fue tajante y muy puntal al decir: “Hay miles de ciudadanos en Culiacán que están sufriendo las consecuencias de esta guerra absurda sin deberla ni temerla (sufriendo las de Caín, fue el término que acuñó el diputado) y el Estado …el Gobierno del Estado propiamente, a través del SATES, el órgano tributario local, sigue cobrando sus impuestos sin rubor alguno….como si hiciera muy bien su trabajo…como si cumpliera a cabalidad con su obligación primigenia de brindar paz, seguridad y tranquilidad a la población”…
Por eso hoy se analiza, desde la Cámara de Diputados, con el Diputado Zamora Gastélum a frente, la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el SATES, con los órganos desconcentrados como las Juntas del Agua Potable, el Seguro Social, etcétera…. para que en todo caso no dejen de pagar… “los sinaloenses queremos pagar-aclaró Zamora- somos gente obligada y pagamos siempre nuestras obligaciones… pero que por lo menos nos ofrezcan, a los culiacanenses específicamente … una prórroga para cumplir con el compromiso ante el estado de cosas que estamos viviendo”, dijo el legislador.
Esa declaración, que en otros tiempos pudo haberse registrado -convenientemente- desde el Gobierno en turno, como un llamado a la “insurrección fiscal”, definitivamente hoy menos que nunca lo es… es solo una solicitud de mediación para fines de prórroga, que se inscribe incluso en el modelo de justicia restaurativa (reparación del daño) tan propia de estos gobiernos neopopulistas y ‘justicieros’ de inicio del milenio.
Aunque no dudamos… ni lo deseamos por supuesto, que el Gobierno Federal a través de la UIF o de cualquiera de sus órganos de persecución política, enderece acciones para someter al diputado federal priista Mario Zamora, por pretender que por lo menos las instancias recaudatorias del Gobierno de Sinaloa y del Gobierno Federal, otorguen una prórroga de tiempo para que la gente pueda cubrir sus obligaciones… en ningún momento está llamando a la insubordinación fiscal Zamora Gastélum.
Aunque … ¿Qué nos queda a los sinaloenses?
¿Declararnos masivamente en rebeldía y convocar al no pago de impuestos?
A los políticos y activistas de la 4 T (Morena), que incurrieron en el año 2006 por ejemplo, en auténticos actos que se pudieron acreditar en su momento como típicos de las conductas encuadradas en los delitos de Rebelión, Sedición y Amotinamiento y… la verdad es que nunca pasó… ni pasará nada al parecer en reproche legal de aquellas conductas. Por el contrario, la sociedad aquella de la CDMX, “enardecida” porque la vida económica en Paseo de la Reforma y la Plaza de la Revolución, la habían atrofiado al permanecer por ejemplo en 2006 tantos años pernoctando en la calle y manteniendo cerrada la circulación el tráfico en ese sector… “los premió” y ahora los invistió de autoridad suprema.
Es decir, si a conductas antisociales mayúsculas como aquellas no correspondió sanción alguna, conductas por cierto cometidas por el propio candidato presidencial perdedor de la época, Andrés López, que acaba de dejar el Poder y pues, si la vida es pareja y hay ley bien interpretada en este país… hoy no tendría por qué ser distinto.
Hoy no tendría por qué ser castigado un político o un activista que llame a las conciencias de los ciudadanos, sobre el juicio en torno a pagar puntualmente impuestos, cuando el Estado que recauda, no corresponda en el nivel de servicios y no garantice el orden y la paz pública en la misma medida en que el pueblo contribuye y paga generosamente sus obligaciones.
La conducta de Andrés Manuel y Morena hace 18 años, bien pudo tipificarse como Rebelión, que es el tipo más grave, porque implicó la exigencia de una conducta de lesividad máxima expresada en aquel intento no sólo ilegal sino violento contra el sistema, por evitar que el candidato ganador de aquella contienda, Felipe Calderón Hinojosa del PAN, tomase posesión e incluso, pretendía impedir la validación del proceso electoral y de sus resultados en aquel julio de 2006.
El tipo de delito llamado rebelión es de los más graves, por encima de la simple sedición o el amotinamiento.
LaRebeliónes un alzamiento violento y público contra la autoridad, con el objetivo de derrocarla o forzarla a actuar de determinada manera. Se castiga con penas de prisión de 15 a 25 años, además de inhabilitación absoluta, según lo establecido en el artículo 132 del Código Penal Federal vigente.
Por su parte, la Sedición como delito, se describe como un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Esta se castiga con penas de prisión de 4 a 15 años, además de inhabilitación (si el indicado es funcionario de Gobierno) según el artículo 130 de la ley sustantiva Penal vigente en todo el país.
Y el amotinamiento implica que un grupo de personas, pretextando hacer uso de un derecho o aun haciéndolo, perturben el orden público de manera violenta en personas o cosas.
Y aun cuando no se consoliden dichos resultados o acciones de Rebelión, Sedición y Motín, siempre y cuando se hayan intentado… se considera también como un delito, al que se le llama Conspiración.
La Conspiración alcanza una pena que va de uno a nueve años de prisión y una multa de diez mil pesos.
Pero pues bien dicho y bien hecho, Mario… Es un buen rasgo de liderazgo y coraje en defensa de tu tierra y los tuyos, el que despliegas ahora.
Y entonces, que quede bien claro:
Si el Gobierno Federal o el de Rocha Moya de Sinaloa, acusan de Rebelión, Sedición, Motín o hasta de Conspiración a Mario Zamora por esta acción política… muchos nos iremos detrás de él para defenderlo… con lo que tengamos a la mano… con piedras o con leños… no va a ver de otra.
Eso es civismo….
Autor: Héctor Calderón Hallal
@CalderonHallal1;
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