Las tecnologías avanzadas pueden jugar un papel crucial en la protección de nuestra soberanía, la seguridad nacional, el desarrollo económico y el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales estratégicas.
La tecnología debe ser un pilar central en el control fronterizo. Mediante el uso de herramientas como drones de última generación, sensores inteligentes, inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento facial, podemos garantizar una frontera más segura y eficiente. Esto no solo previene el flujo ilegal de personas, sino también de armas, drogas y mercancías ilícitas.
El tráfico de fentanilo y las actividades de los cárteles representan una amenaza que requiere acciones contundentes. Es necesario reforzar la colaboración estratégica con Estados Unidos para desarticular las operaciones delictivas que afectan tanto a México como a nuestro principal socio comercial. Sin embargo, esta intervención debe basarse en acuerdos claros que respeten la soberanía mexicana, al tiempo que aprovechan la capacidad tecnológica para rastrear, interceptar y desmantelar estas redes criminales.
En este sentido, cabe citar el reporte “Lavado de Dinero Procedente del Tráfico de Fentanilo y Otros Opioides Sintéticos” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) que señala: “Los grupos de delincuencia organizada que trafican con opioides sintéticos utilizan una serie de métodos para transferir los ingresos ilícitos a través de las fronteras. Dichos métodos incluyen el contrabando de grandes sumas de dinero en efectivo; el uso de mensajeros de efectivo; los esquemas de lavado de dinero basado en el comercio (LDBC); los servicios no autorizados de transferencia de dinero y valores o el sistema bancario; y los corredores de dinero…”
Se señala en el mismo reporte que muchas autoridades no comprenden la dinámica de los flujos de dinero mundiales procedentes de los opioides, tampoco la adquisición de sustancias y equipo especializado para producción. En algunas jurisdicciones tanto autoridades como sujetos obligados como bancos y servicios de transferencia de activos analizan el tráfico de opioides desde una perspectiva nacional siendo que el fenómeno involucra grupos de delincuencia transnacional, por lo tanto, propone impulsar marcos jurídicos más sólidos para combatir el tráfico de opioides ilícitos, mejor coordinación y comunicación de información de los servicios de inteligencia sobre los métodos utilizados para lavar los ingresos ilícitos del tráfico de drogas.
Asimismo, las autoridades incluyendo aquellas con experiencia en investigaciones financieras u otras como las aduanas, deben recibir capacitación en la investigación de elementos financieros que forman parte de la cadena de suministro de precursores, a su vez, deben cerciorarse que el sector privado esté plenamente informado y consciente de los riesgos que las nuevas tecnologías implican en los procesos para lavar los ingresos provenientes del narcotráfico, para denegar a los delincuentes el acceso a sus plataformas comerciales o productos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron en abril de 2023 que en un periodo de 12 meses habían muerto unos 77 mil estadounidenses por sobredosis de opioides sintéticos. Asimismo, en 2022 se reportó la muerte de 74 mil personas.
Por su parte, en su reporte anual National Drug Threat Assessment (NDTA, 2024), la DEA señala enfáticamente que los cárteles de la droga en México tienen diversificadas redes de cadenas de suministro para producir drogas sintéticas, sobre todo fentanilo, causando miles de muertes cada año por sobre dosis. Estos cárteles con socios para distribuir fentanilo al menudeo en las calles y en redes sociales, utilizan agencias chinas para el lavado de dinero y el traslado de sus ganancias de Estados Unidos a México, coincidiendo con lo señalado por el GAFI.
Por tanto, las empresas tecnológicas mexicanas deben trabajar en conjunto con socios internacionales para desarrollar soluciones que refuercen la seguridad nacional, y coadyuvar en el combate al tráfico de ilícito de opioides y formas para transferir los ingresos ilícitos.
Comulgo con la visión de priorizar la inversión en infraestructura tecnológica nacional y fomentar políticas que impulsen a las startups mexicanas a competir globalmente. Entiendo la importancia de mantener una integración comercial en el sector tecnológico, especialmente con socios clave como Estados Unidos, Canadá y América Latina. Creo firmemente que México debe reducir la regulación gubernamental que frena la innovación, pero garantizar que exista un marco legal que permita una competencia justa.
Sabemos que un entorno más transparente beneficia no solo a los ciudadanos, sino también a las empresas que buscan previsibilidad y estabilidad. El combate a la corrupción es un elemento sustancial para mejorar el clima de inversión en México. Como ciudadanos hemos visto cómo la falta de confianza en las instituciones puede frenar el crecimiento económico. Si este gobierno logra implementar mecanismos de rendición de cuentas efectivos, los empresarios tendrán el incentivo de operar en un entorno más seguro y transparente.
Según la Clasificación Mundial de Competitividad 2024, elaborada por el Instituto para el Desarrollo Gerencial, México está ranqueado en el lugar 56 de las 67 economías mundiales clasificadas. Al respecto el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, S.C. (CEEC), recomienda que para mejorar en este ámbito, el gobierno debe proporcionar los medios y un ambiente de infraestructura, marco institucional y políticas que sustenten la creación de valor por las empresas.
México tiene una oportunidad única para posicionarse como líder en innovación tecnológica y seguridad. Al combinar políticas comerciales estratégicas, colaboración internacional bien diseñada y un enfoque en el desarrollo tecnológico interno, podemos construir un país más seguro, próspero y competitivo en el ámbito global. La tecnología no solo es una herramienta, es la clave para resolver los desafíos más críticos de nuestra nación.
