La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha expresado su preocupación ante el recorte de más de 700 millones de pesos al presupuesto destinado para 2025, lo que podría afectar el cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores.
El presupuesto aprobado para la Corte asciende a 5 mil 208.5 millones de pesos, lo que representa una disminución del 13% en términos reales respecto al año anterior.
En un comunicado, la SCJN indicó que esta reducción afectará las actividades programadas y los proyectos institucionales.
“Tornan incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores”, señalaron los ministros.
#LaCorte aprobó los ajustes al presupuesto 2025; ante el recorte de 714.4 millones de pesos que la @Mx_Diputados hizo a los recursos solicitados, habrá afectaciones a programas operativos, proyectos institucionales y actividades programadas
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— Suprema Corte (@SCJN) January 10, 2025
Este artículo establece que los presupuestos deben contar con los recursos necesarios para cubrir pensiones, apoyos médicos y otras obligaciones establecidas por ley. La Corte enfatizó que el recorte podría poner en riesgo el acceso a la justicia para los ciudadanos y llevar al cierre de juzgados.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su compromiso para gestionar las ampliaciones presupuestales necesarias si el recorte afecta los derechos laborales del personal del máximo tribunal.
“La Suprema Corte ha hecho las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos”, declaró.
El recorte presupuestal también ha generado inquietud entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes temen por la reducción de plazas y prestaciones.
La SCJN ha advertido que “ocho de cada diez pesos solicitados corresponden a sueldos, salarios y prestaciones”, lo que significa que cualquier disminución afectará directamente la operatividad del sistema judicial.
Además, se ha señalado que este ajuste podría obstaculizar la implementación de reformas constitucionales en curso, incluyendo la creación de nuevas instituciones como el Tribunal de Disciplina Judicial.
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