• Reajuste del presupuesto de gasto
• Y que nadie “distraiga” los dineros
Aún incalculables, los daños causados por las lluvias más devastadoras de los últimos 58 años. Y aun no amainan. Los meteorólogos esperan más precipitaciones en los estados mexicanos golpeados por los huracanes, particularmente el sureño estado de Guerrero, famoso mundialmente por Acapulco, donde siempre se han enseñoreado la pobreza y la miseria, pero ahora magnificadas por la acción destructora de los huracanes.
Tragedia nacional. No por el número de muertos. Hasta hoy se reportan 130 fallecidos, 58 desaparecidos y 35 heridos. El daño es cuantioso, y será costosísimo repararlo, porque las inundaciones le pegaron a una población de por sí dañada, campesinos, habitantes de zonas urbanas marginadas, muchas asentadas en zonas de alto riesgo, en lechos de lagunas y ríos, en laderas de montañas inseguras, donde los asentó la corrupción de autoridades y desarrolladores de vivienda sin escrúpulos. Muchos se quedaron sin nada. O sólo con lo que llevaban puesto.
El gobierno federal, el del Distrito Federal, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, siguen respondiendo hoy al llamado de la tragedia para apoyar a los damnificados, de manera inmediata, sobre todo en alimentación, albergue y cuidado de la salud.
Pero el gasto mayor, que aún es incalculable, será para la reconstrucción nacional – 13 estados dañados, y tendrá que ser aportado por el gobierno federal de los impuestos que pagan los contribuyentes, para ser ejercidos por los gobiernos estatales y dependencias federales. Hay que reconstruir caminos vecinales, carreteras, vías rápidas, puentes, hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas y hasta pueblos enteros, y algunos deberán ser reubicados por encontrarse actualmente en zonas de alto riesgo. Otros que desaparecieron como el de La Pintada, en la sufrida Atoyac de Álvarez.
La prioridad ahora, después de las inundaciones, no es ya la seguridad pública, la violencia del narco y del crimen organizado, sino la reconstrucción de lo perdido, para evitar que la economía nacional sea declarada en abierta recesión y que se desate una ola de desempleo que sería tan trágica como las inundaciones.
El riesgo existe porque, a río revuelto ganancia de pescadores, y muchos pillos pueden aprovechar – seguro que lo harán, como siempre – la ocasión para obtener dinero fácil y rápido a través del encarecimiento de los productos y servicios de primerísima necesidad.
El gobierno federal está gastando ya la partida de 12 mil millones de pesos, anunciada recientemente por el propio presidente Peña Nieto. Pero este dinero está siendo utilizado para resolver necesidades inmediatas; reconstrucciones temporales, provisionales, de infraestructura, como puentes caídos, carreteras derrumbadas.
Ayer, el presidente Peña Nieto presidió en Palacio Nacional una evaluación preliminar de daños y de acciones inmediatas de su gobierno para paliar el sufrimiento de las poblaciones afectadas.
En la junta, a la que asistió el gabinete presidencial directamente involucrado en la reconstrucción, quedó muy claro que el ejecutivo propondrá a la Cámara de Diputados un ajuste del Presupuesto de gasto para 2014, a fin de aprobar mayores inversiones para la reconstrucción de lo que se ha perdido en viviendas, en infraestructura de servicios y en tierras de cultivo.
Además, Peña Nieto pidió a los gobernadores de los estados afectados destinar la parte que les corresponde del presupuesto adicional de cinco mil millones, autorizado con antelación para pavimentación de caminos, a tareas inmediatas de reconstrucción. A Luis Videgaray, secretario de Hacienda, le instruyó a que los recursos del Fonden sean agilizados para aquellos municipios declarados zonas de desastre.
Pero lo más importante fue la advertencia presidencial a responsables del manejo de los recursos, sobre todo a los gobernadores de los estados siniestrados, de que realmente dediquen los recursos a la reconstrucción y no los distraigan en otros programas, y menos en beneficio personal. Que no se lo roben, pues.
Peña impuso tres condiciones: control, transparencia y rendición de cuentas. “Asegurar que realmente sirvan para la reconstrucción y que no haya desviación a otras obras o proyectos no prioritarios.”
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