La irrupción de trabajadores del Poder Judicial en el Senado de la República el 10 de septiembre de 2024 dejó un saldo de daños que ascienden a 293 mil 592 pesos. Durante la protesta, los manifestantes causaron destrozos significativos en vidrios, puertas y micrófonos, lo que obligó a la Cámara Alta a solicitar reparaciones urgentes
El incidente ocurrió cuando un grupo de trabajadores del Poder Judicial, al grito de “¡el Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, logró ingresar al recinto legislativo justo cuando los senadores comenzaban a discutir una polémica reforma judicial. La multitud no solo rompió cadenas y candados, sino que también dañó 19 micrófonos y cuatro puertas de madera del salón de sesiones.
Según la Secretaría General de Recursos Materiales del Senado, la reparación de los micrófonos marca Bosch costó 72 mil 960 pesos, mientras que la reposición de las puertas tuvo un costo de 51 mil 499 pesos. Además, se gastaron 8 mil 610 pesos para recargar nueve extintores utilizados por el personal de seguridad para repeler a los manifestantes.
La aseguradora del Senado cubrió los costos de reparación, descontando un deducible. En total, la aseguradora pagó 138 mil 382 pesos por los daños a las puertas de cristal y otros elementos dañados. Después de sumar todos los gastos, el costo total por las reparaciones fue de 293 mil 592 pesos.
La irrupción fue parte de una serie de manifestaciones en contra de la reforma judicial propuesta por el gobierno. Los trabajadores del Poder Judicial se oponían a cambios que consideraban perjudiciales para la independencia judicial. La situación se tornó tensa cuando los manifestantes lograron abrir las puertas del Senado y se dispersaron por los pasillos.
Los senadores tuvieron que suspender la sesión debido a la situación caótica. La protesta reflejó el descontento generalizado entre los empleados del Poder Judicial y otros sectores que consideran que la reforma representa un riesgo para el sistema democrático.
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