Ricardo Del Muro / Austral
Después de que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) colocó a México en la posición 140 de 180 países evaluados, su peor nivel desde 2012, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que “la percepción de la gente es distinta” en un desafortunado intento por defender el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
“Si hubiera habido un régimen de corrupción, Andrés Manuel López Obrador no hubiera salido con una calificación de 8 sobre 10 (en las encuestas de opinión)”, dijo la presidenta en su conferencia matutina, aunque evitó profundizar en este espinoso tema y en el caso de Segalmex, único reconocido por el Lopezobradorismo como corrupción aunque su titular Ignacio Ovalle Fernández salió impune y actualmente goza de un tranquilo retiro.
Por supuesto, éste no es el único caso de políticos y funcionarios ligados a Morena que, aprovechándose del respaldo que los ciudadanos dieron en las urnas a Sheinbaum, fueron “premiados” y protegidos con cargos en el poder legislativo o en el cuerpo diplomático, esto sin contar con personajes emblemáticos como los Yunes que lograron impunidad a cambio de apoyar la reforma judicial.
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron el martes el reporte anual del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, personas de la academia y negocios, sobre la corrupción en 180 países.
En 2024, México obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles. La escala del IPC va de cero, la peor evaluación para un país, a 100, la mejor calificación posible. Con 26 puntos, México se ubica en la posición 140 de los países evaluados. Esto supone un retroceso con respecto a 2022, cuando el país registró 31 puntos y se situó en el puesto 126, destacó el periódico El País. “Los resultados confirman el mandato de la sociedad mexicana: el Gobierno debe enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México”, escribió en su comunicado Transparencia Mexicana.
Durante la mayor parte de la administración de López Obrador, el país mejoró su posición respecto a años anteriores (aunque nunca llegó al nivel de 2014), sin embargo, ha sido en este último tramo cuando la percepción de corrupción se incrementó. La ONG enlista cinco claves para entender el resultado. El primero es
“la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial”. También se incluye “el creciente número de casos de corrupción a nivel estatal que involucran al crimen organizado” y el aumento de “empresas identificadas como fantasmas o controladas por el crimen organizado que siguen siendo contratadas por los gobiernos”.
Con esta calificación, correspondiente al último año del sexenio de López Obrador, México permanece en la última posición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues es el lugar 38 de 38 países. Esto, mientras que, en el G20, que incluye a 19 países más la Unión Europea, México se encuentra en la penúltima posición, sólo por encima de Rusia, que obtuvo 22 de 100 puntos.
A nivel global, los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90), Finlandia (88) y Singapur (84). Ningún país alcanzó los 100 puntos. Los países peores calificados son Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8).
Entre los países de Latinoamérica, México se encuentra mejor evaluado que Guatemala (25), Paraguay (24), Honduras (22), Hatí (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10). Sin embargo, está por debajo de Brasil (34) y Chile (63), sus principales competidores en la región, destaca el reporte.
En el reporte difundido por Transparencia Mexicana se destaca los altos niveles de impunidad y los bajos niveles de sanción en materia de responsabilidades administrativas. Utilizando información proporcionada por las propias agencias fiscalizadoras, de las 3 mil 350 posibles responsabilidades administrativas iniciadas por los 33 órganos de fiscalización superior entre 2017 y 2024, 281 casos, es decir, sólo 8.4% terminaron en sanción por parte de los tribunales administrativos.
Respecto a la “impunidad” se refiere a los casos de Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la llamada Estafa Maestra y Segalmex. Sobre el entramado de la extinta agencia federal a cargo de la seguridad agroalimentaria, incide en que hay 26 personas vinculadas a proceso penal: “Pero no han sido encontradas como responsables por juez. Las sentencias están aún pendientes”.
En su primera participación en el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), hace pocos días, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, cuestionó que dicho sistema no genere estadísticas sobre los castigos y la impunidad que hay en la materia.
“Si estamos hablando de un sistema nacional, creo que también es un momento de evolucionar hacia la impartición de justicia, que, además, es justamente donde las estadísticas internacionales dicen que hay mayor problema y si vemos el proceso de la actuación de un servidor público desde el inicio hasta el final, la parte más importante es, primero, la prevención, pero la otra, es la impunidad”, dijo la funcionaria.
Las opiniones de Buenrostro se dieron en el contexto del debate en torno a la reforma judicial y la próxima elección de jueces, magistrados y ministros. En ese sentido, señaló que “sería bueno ir pensando qué podemos hacer para dar seguimiento a la eficiencia de nuestros jueces, de nuestros magistrados, cuál es su rezago, a cuántos atienden, cuál es la velocidad promedio; por qué a unos lo atienden en un día y a otros en diez años”, explicó.
Evidentemente, como señala la funcionaria, el poder judicial tiene un papel fundamental para terminar con la impunidad, pero también el poder Ejecutivo y el Legislativo, dominados por el partido hegemónico (Morena) deben fortalecer el combate a la corrupción, donde prevalezca la honestidad sobre la lealtad de su burocracia. RDM
